Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, y Mediterrània-CIE, han presentado un documento que recomienda medidas de ahorro y contratación para reducir el impacto ambiental de las Administraciones Públicas. Las administraciones públicas, directa e indirectamente, utilizan recursos y generan residuos. Su actividad tiene, por tanto, un impacto ecológico. Se puede tener una medida indirecta de […]
Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, y Mediterrània-CIE, han presentado un documento que recomienda medidas de ahorro y contratación para reducir el impacto ambiental de las Administraciones Públicas.
Las administraciones públicas, directa e indirectamente, utilizan recursos y generan residuos. Su actividad tiene, por tanto, un impacto ecológico. Se puede tener una medida indirecta de su potencial huella ecológica reparando simplemente en el volumen de dinero que mueven: el gasto del conjunto de las administraciones públicas europeas en contratación equivale al 16% del Producto Interior Bruto (PIB) total europeo. Y es dinero de los contribuyentes. Por ello, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, y Mediterrània-CIE, han elaborado el documento «Recomendaciones para la Mejora del Comportamiento Ambiental de las Administraciones Públicas. Propuestas sobre Ahorro y Contratación» con medidas destinadas a mejorar el comportamiento ambiental de las administraciones públicas del Estado español. Este documento está dirigido desde a una pequeña biblioteca municipal de un barrio, hasta a un ministerio, pasando por colegios, universidades, polideportivos, piscinas, oficinas de empleo, oficinas de ayuntamientos, delegaciones de Hacienda, etc…
El documento se centra en tres sectores principales: la energía, los residuos, y el agua. Tras exponer los puntos principales de la problemática de cada uno de estos aspectos, el documento establece una serie de medidas que van destinadas en primer lugar al ahorro del recurso, y en segundo lugar a unos criterios de compra y contratación que reduzcan el impacto ambiental. Así, en el apartado de energía se recomienda optar por determinados sistemas de climatización, rediseñar la iluminación interior en base a necesidades reales, optar por un alumbrado exterior que evite la contaminación lumínica, o elegir solo aparatos electrónicos de alta eficiencia energética. En relación con los residuos, se sugieren criterios de contratación de los servicios de limpieza, se aconsejan medidas para una eficaz recogida selectiva y para reducir el volumen de residuos proveniente del material de oficina y de las maquinas expendedoras. Por último, en lo relativo al agua, el documento establece una serie de recomendaciones para instalar dispositivos de fontanería más eficientes (reguladores de presión, grifería, inodoros,…) así como para optar por una jardinería de bajo consumo.
Según la Comisión Europea, si todas las administraciones públicas compraran electricidad proveniente de energías renovables, se ahorraría el equivalente a 60 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kioto. Del mismo modo, se calcula que si dichas administraciones optaran por inodoros y grifos eficientes en sus edificios, se lograría un ahorro de 200 millones de toneladas de agua. Los datos hablan por si mismos.
Para las tres organizaciones responsables del documento, las administraciones públicas deben dar ejemplo de buenas prácticas, ya que ejercen de modelo de referencia y comportamiento para otros actores socio-económicos. Paralelamente, optar por un modelo de contratación con criterios sostenibles, irremediablemente acabará favoreciendo aquellas actividades económicas más respetuosas con el medio ambiente. Las administraciones públicas, como gestoras de fondos públicos, tienen además la responsabilidad de dar respuesta a la creciente sensibilidad ambiental de los consumidores y contribuyentes. El anteproyecto de ley de Contratos del Sector Público que debe trasponer la directiva 2004/18/CE, contempla la posibilidad de considerar criterios ambientales en la contratación, pero no obliga a ello, por lo que este documento pretende ser una invitación a las administraciones a iniciarse en una contratación más sostenible. Hace dos meses el gobierno central dio un primer paso al crear una Comisión para la incorporación de estos criterios en la contratación. Las organizaciones ecologistas esperan que se desarrollen experiencias similares a nivel local y autonómico.