La ampliación de El Musel es una de las mayores inversiones públicas realizadas en Asturias. Pero, la gran ambición de la patronal encabezada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), de la Autoridad Portuaria, del Gobierno regional de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, gobernados por el PSOE e IU, e incluso de los sindicatos […]
La ampliación de El Musel es una de las mayores inversiones públicas realizadas en Asturias. Pero, la gran ambición de la patronal encabezada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), de la Autoridad Portuaria, del Gobierno regional de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, gobernados por el PSOE e IU, e incluso de los sindicatos CCOO y UGT que no se sabe bien qué intereses pueden tener en una obra con escasa creación de empleo, ahora se ve truncada por el sobrecoste de la ejecución de la obra. Estos 250,91 millones de euros por encima de lo presupuestado, encierran algo más, sin duda, que un mal cálculo o un error en el proyecto. No es ni admisible y menos sin una justificación convincente que hasta ahora no han dado, no la tienen.
La ampliación estaba presupuestada en 579,24 millones de euros y en este momento ya estiman que ascenderá a 830,15 millones, un 43% más de lo previsto. Pero dada la poca transparencia habida hasta ahora y sin saber con exactitud qué parte de la obra está ya concluida, es de temer que cualquier otra cifra mucho más alta sea más que probable.
Hasta ahora en los trabajos realizados no han surgido contratiempos apreciables. Toda la obra está transcurriendo con «normalidad». La desviación presupuestaria, se debe en buena parte, dicen, a acarreo y al precio de los áridos y piedras utilizados para el relleno. No es fácilmente admisible que ni los precios de los áridos ni las distancias desde la cantera no estuvieran ya definidos y precisados en el momento del proyecto, cuando se realizaron los cálculos del presupuesto.
Pensaban financiar una parte con el aumento de tráficos portuarios, pero resulta que ahora están disminuyendo y no se vislumbran nuevos tráficos o una diversificación de las mercancías.
Pensaban también que las autoridades de Bruselas, que iba a financiar una buena parte de la obra, no auditarían la inversión dando el visto bueno a todo, a ciegas, y sucede que no ha sido así, Bruselas no parece que esté dispuesta a financiar sobrecostes inexplicables: ahora las cuentas no salen y tampoco hay dinero.
El dinero escasea a consecuencia de todo lo anterior y de otras obras emprendidas que también arrastran sobrecostes inexplicables. Las cosas se están complicando, hace unos días se ponía en cuestión los recursos para la Sanidad y para otras inversiones y gastos sociales difícilmente relegables.
En medio de esta crisis de recursos ahora comienza el reparto de culpas entre los interesados en el gran pelotazo de la ampliación del puerto, que a su vez son los grandes beneficiados de la misma.
Lo más grave de la situación es que el gran negocio de la ampliación de El Musel está en hacerlo, en realizar la obra. Este fue el estribillo cuando se planteaba en 2004 y cuando después se inició en 2005. Esta es la razón principal de que ahora todo falle porque se derrumba lo esencial: las razones que justifican la obra que no es justificable. Basta con ver los tráficos diarios en cualquiera de los periódicos regionales o basta con acercarse a la Campa de Torres o ver una fotografía para observar que el puerto existente está medio vacío y que la enorme ampliación nadie sabe con qué buques se podrá rentabilizar. El puerto actual tiene una treintena de grúas de las que sólo se ven en movimiento con cierta regularidad las de descarga de carbón y de mineral de hierro. El resto de las grúas no se mueven con normalidad ni tampoco hay movimiento apreciable de buques.
Para justificar el negocio de la ampliación estaba proyectado un parque eólico en el dique Norte, pero la falta de vientos no lo aconsejan, y se enteran ahora. Lo mismo con dos plantas de biodiésel que tampoco serán instaladas por la misma razón de falta de rentabilidad. Sólo queda ahora la Regasificadora cuyo proyecto es tan inviable como los anteriores, además de que constituiría un gravísimo peligro para la población. En este momento la mitad de las Regasificadoras existentes en el estado español están al 50% de actividad o menos.
Ante las dificultades de financiación, ahora los responsables se miran unos a otros para ver a quien cargar con la ruina, pero olvidan que todos ellos han sido los defensores a ultranza de la ampliación y sus beneficiados. Pero, el despilfarro, como siempre, será a cuenta de los ciudadanos y de las prestaciones sociales debidas.