La «modernización» de Medellín, que suma 3,7 millones de habitantes incluida el área metropolitana, los grandes proyectos y el diseño de una ciudad «global» abierta a innovadoras infraestructuras opaca una oscura realidad: Las elevadísimas tasas de pobreza, desigualdad y violencia. Además de vocera urbana del Congreso de los Pueblos a nivel estatal, Yolima Bedoya trabaja […]
La «modernización» de Medellín, que suma 3,7 millones de habitantes incluida el área metropolitana, los grandes proyectos y el diseño de una ciudad «global» abierta a innovadoras infraestructuras opaca una oscura realidad: Las elevadísimas tasas de pobreza, desigualdad y violencia. Además de vocera urbana del Congreso de los Pueblos a nivel estatal, Yolima Bedoya trabaja con la Corporación Social Nuevo Día en la Comuna 8 y el Corregimiento San Antonio de Prado de Medellín con la población más vulnerable. «Es gente a la que piensan sacar de sus casas para la construcción de una gran infraestructura denominada Cinturón Verde», afirma. Su organización también se dedica al trabajo con jóvenes en el campo del arte y la cultura como elementos para la transformación social. La activista ha participado en una jornada organizada por EntreIguales, en colaboración con la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia y la Universitat de València.
-El Concejo de Medellín aprobó el 27 de octubre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la ciudad, que tendrá vigencia entre 2015 y 2027. ¿En qué contexto se plantea y cuál es el modelo de ciudad propuesto?
Medellín había sido la ciudad industrial por excelencia del país. Pero se vio en un proceso de desindustrialización. Hoy día Medellín se está «vendiendo» como una ciudad de bienes y servicios. El POT y la alcaldía de Medellín establecen grandes proyectos de infraestructuras. Uno es el Cinturón Verde Metropolitano (o jardín circunvalar). Entra en la lógica de que Medellín es un valle donde mucha gente se ha asentado, debido al desplazamiento forzado histórico que ha habido del campo a la ciudad por el conflicto. La gente se asienta en las zonas de la ladera de la ciudad, justo en las montañas. Allí es donde vive gran parte de la población vulnerable. Lo que dice este proyecto es que la ciudad no puede seguir creciendo hacia las laderas y los bordes. Y que para evitarlo hay que generar precisamente un «cinturón», que separe el territorio urbano del territorio rural de la ciudad (Medellín cuenta con cinco corregimientos). Este «cinturón» es uno de los grandes proyectos que tiene el gobierno.
-¿En qué consiste?
Tiene la lógica de bordear la ciudad con un sendero peatonal, una ciclo-ruta y un tren de un solo raíl, además de hacer unas grandes huertas urbanas. Sin embargo, lo que estamos viendo con este megaproyecto es que al final, más allá de contener el crecimiento hacia las laderas porque es «peligroso», y porque se trata de zonas de alto riesgo, lo que se está buscando es adecuar esas partes de la ciudad para el turismo.
-Los modelos urbanos basados en las grandes infraestructuras y la apertura al turismo suelen aparejar procesos especulativos. ¿Es así en este caso?
La Comuna 8, donde nosotros trabajamos, limita con el Corregimiento de Santa Elena, situado en un parque natural de gran extensión, que se verá afectado por estas grandes infraestructuras. Se tenía proyectada la estación para el monorraíl, un gran centro comercial y grandes instalaciones. Pero la gente que vive en esa franja tiene casas de madera, de plástico y además no son propietarios de la tierra. Con estas grandes infraestructuras también se está desplazando a gente de manera forzada, como denuncian las organizaciones sociales y comunitarias. De esta forma les están diciendo también a los que se quedan que no hay problema, que se pueden quedar, pero que con un gran centro comercial a un lado, las casas y el territorio se van a valorizar. Tarde o temprano, las personas que viven ahí, cerca de esa obra de infraestructura, se van a tener que ir. Y son personas del estrato 2 (clase muy baja).
-Puede establecerse en Medellín, por tanto, un nexo entre la ciudad que se pretende «moderna» y la criminalización de la pobreza…
Se juega con la especulación del suelo. Grandes obras implican la valorización de lo que hay al lado. Y eso supone otra vez desplazamientos. Piensan en esos términos. En una ciudad para vender servicios, por ejemplo de cirugía estética. Hay muchas clínicas privadas que se dedican a este negocio. Y ésta es otra de las grandes formas en que están «mundializando» Medellín. También están haciendo la ordenación de espacios para grandes conferencias o eventos a nivel mundial. En abril se celebró en Medellín la séptima edición del Foro Urbano Mundial ONU-Hábitat. Se han construido obras como «Plaza Mayor», que es la zona donde se celebró la mayor parte del foro y se encuentra cerca del centro administrativo de gobierno (La Alpujarra). Es un modelo de grandes eventos mundiales, salud estética, turismo y construcción de grandes hoteles.
-¿Y en cuanto a la pobreza?
Medellín tiene una de las empresas públicas de agua y energía más importantes de América Latina, EPM, que exporta energía a Venezuela, Panamá y envía energía a otras zonas de Colombia. Hay más de 200.000 personas «desconectadas» de la energía en Medellín, cuando se trata de una empresa pública. Hoy día existen más de 40.000 hogares desconectados de servicios públicos domiciliarios. El 9% de la población vive en extrema pobreza (213.000 personas) y más del 22% son pobres (468.000 personas). Es asimismo la ciudad más desigual de Colombia y una de las más violentas.
-Casi 15.000 familias serán desalojadas para la implantación del Cinturón Verde. ¿Cuál es el detalle de estos procesos de despojo? ¿De qué modo afecta a las poblaciones?
La gente vive en una ladera, en casas que, si están muy bien, están construidas con ladrillo y piso de cemento. Y esto ya es una «supercasa». Es gente que ha logrado tenerla en muchos casos con una lucha muy grande. Muchos llegaron hace 30 años, desplazados del campo por la violencia, y carecen de título y escrituras. Cuando los van a sacar de su espacio, lo primero que les dicen es que van a darles una vivienda nueva. Muchas de las casas en las que viven están construidas en tablas, sin acueductos ni energía. Y dicen, me voy. Pero la casa nueva la han de pagar con lo que les dan y pidiendo un préstamo. Además, la mayoría de viviendas que están construyendo para las reubicaciones son de 35 m2, da igual si la familia tiene dos o siete miembros. Donde esta gente vivía llegaba al centro caminando para vender de manera «informal». De vuelta subían en bus, pero ya habían cobrado por su trabajo. En «Nuevo Occidente», en las afueras de la ciudad (Corregimiento de San Cristóbal) están construyéndose montones de edificios de 32 m2 para reubicar a la gente. Para llegar allí en autobús pueden demorarse perfectamente una hora.
-¿Qué ocurre con la otra modalidad posible, la de los arriendos?
A gente que no pagaba arriendo, o un arriendo muy barato, en el nuevo sitio les pagan un año de alquiler. Pero luego les toca a ellos asumirlo. Y puede llegar a ser cuatro veces más caro. Los desalojos están siendo muy fuertes, porque a la población se la llevan a vivir en situaciones muy complicadas.
-Hablamos de Medellín y su área metropolitana, que suman 3,7 millones de habitantes. ¿Afecta de igual modo este paradigma de «modernidad», «globalización» y «desarrollo» al departamento de Antioquia?
Existe esa relación. El Occidente de Antioquia, una de las regiones con salida al mar, es un sitio que históricamente ha sido muy turístico. Allí está Santa Fe de Antioquia, una ciudad colonial, de clima caliente, y con muchas fincas de recreo y para los ricos. Medellín no se «vende» sola. Se «vende» para hacer grandes negocios y para el turismo conectada con Santa Fe de Antioquia y San jerónimo. Están construyéndose infinidad de casas de recreo, muchísimas urbanizaciones con piscina…La transformación que ha tenido Santa Fe de Antioquia es impresionante.
-¿Y en el Oriente antioqueño?
Están las pocas fábricas que quedan hoy en día y que le sirven a Medellín. Allí está el aeropuerto internacional José María Córdova y las casas de la gente más rica y poderosa de Medellín. El expresidente de Colombia y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, tiene su casa en el Oriente antioqueño. Todo lo que ocurre en Medellín tiene su influencia en las dos grandes áreas, Oriente y Occidente. Por ejemplo el Túnel de Oriente, que busca comunicar a la ciudad con el aeropuerto internacional para que los negocios fluyan. El objetivo es ganar 25 minutos a la hora de bajar al centro a hacer negocios y volver al aeropuerto.
-El político y empresario Aníbal Gaviria, actual alcalde de Medellín por el Partido Liberal, citó la ciudad en el Foro Urbano Mundial ONU-Habitat como ejemplo de «superación» y de «sociedad participativa». ¿Cómo valoras su gestión?
Todo eso es una completa falacia. Hay que entender qué es la igualdad, la equidad y la «modernización» que ellos plantean. La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un informe de riesgo en abril de 2013 donde instaba a numerosos organismos institucionales a que prestaran atención a la problemática de Medellín. En 2012 hubo 1.250 homicidios. La defensoría señala que hay 18.500 jóvenes de cuatro comunas y dos corregimientos en riesgo de ser utilizados por grupos armados; 15.000 mujeres de las comunas en riesgo por grupos paramilitares y bandas criminales. En 2014 han sido asesinadas 140 mujeres en Antioquia. Entonces, ¿Qué es reducir la desigualdad? Según CORPADES, una ONG defensora de los derechos humanos, afirma que puede haber 7.000 hombres en armas, entre paramilitares y bandas criminales.
-Las organizaciones sociales y comunitarias han levantado protestas contra el POT. En una capital tan castigada por la violencia, ¿cómo ha sido la respuesta del estado?
Justamente con las luchas que la gente está dando contra el POT, ha habido amenazas. Estamos articuladas muchas organizaciones que hacemos trabajo barrial en un espacio llamado «Diálogos Campo-Ciudad». De los líderes y lideresas con los que estábamos trabajando para intentar llevar propuestas al POT, amenazaron a varios. La comunidad, en la Comuna 8, había hecho una propuesta alternativa (mejoramiento integral barrial, acceso a servicios públicos, mejoramiento de vías…), con pliego de exigencias y una consulta popular. Se denunciaron las amenazas ante la Defensoría del Pueblo. Se supone que lo están investigando…El año pasado asesinaron a varios rapperos en Medellín. En la ciudad hay un gran movimiento de Hip-Hop. Muchas chicas y chicos, cansados de tanta violencia y de ser carne de cañón para los grupos paramilitares, o de prestar el servicio militar obligatorio, ven en el Hip-Hop como una forma de salirse del conflicto. La cuestión de las amenazas y asesinatos a líderes y lideresas para fundar miedo es algo con lo que tenemos que enfrentar todos los días en Medellín. Es muy fuerte la criminalización de la protesta.
-Medellín…
Es la ciudad donde surgió el gran cártel de Pablo Escobar en los años 80. En Medellín surgieron parte de los grupos paramilitares que hoy día azotan a Colombia. Se ha vivido el proceso de «vicariato» más fuerte de todo el país. Hoy día todo esto sigue afectando en términos de pobreza, ideológicos y culturales. Hay una generación de jóvenes (muchos, no todos) que no quieren sino dinero fácil. Es también una ciudad con muchísima prostitución. La violencia paramilitar continúa presente. En estos momentos estamos esperando que desemboque, como en 2012, en enfrentamientos de violencia paramilitar por el control territorial, que es a su vez el control del micrográfico. La información que han logrado algunas organizaciones es que los «Urabeños» y la «Oficina de Envigado», los dos principales grupos narcoparamilitares, volverán a los enfrentamientos tras el «pacto del fusil».
-Y luego está la verdad oficial…
Todo esto se está tapando con edificios bonitos y con un modelo de ciudad que no se corresponde con el grado de desigualdad e inseguridad que existe en Medellín. Se está «vendiendo» como un modelo para seguir en numerosas ciudades de Colombia y América Latina. Pero no lo es. En Medellín hay muchísima pobreza, violencia y falta de garantías para la población.
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