I Colombia vive desde siempre en guerra civil. La resistencia se inició frente a la invasión española, continuó con la lucha de independencia y se mantuvo frente a la exclusión republicana. Desde hace 6 décadas esa lucha civil ha sido minimizada por el impacto del conflicto armado que hemos vivido. Sin embargo, a partir de […]
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Colombia vive desde siempre en guerra civil. La resistencia se inició frente a la invasión española, continuó con la lucha de independencia y se mantuvo frente a la exclusión republicana. Desde hace 6 décadas esa lucha civil ha sido minimizada por el impacto del conflicto armado que hemos vivido. Sin embargo, a partir de 2008 las masas populares – proletarias y campesinas – han hecho sentir su fuerza organizada y combativa.
Cuando el 30 de agosto de 2013, bien temprano en la mañana, el presidente Juan Manuel Santos – con cara compungida y gestos enérgicos pero postizos de «comandante en jefe» – en cadena nacional por los canales de televisión, amenazó a los campesinos paperos y lecheros de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, y en general a los labriegos movilizados en todo el territorio nacional, con la intervención de 50.000 soldados para desbloquear las carreteras que impedían el abastecimiento de alimentos a la capital de la República y obstaculizaban el paso por la carretera panamericana hacia el Ecuador, selló la suerte de su reelección pero a la vez, mostró la extrema debilidad del régimen burgués que preside.
12 días llevaba el país paralizado y expectante. Los videos y fotografías donde se apreciaba el salvajismo de la represión desencadenada por las fuerzas del ESMAD contra los inermes campesinos que con piedras, palos y «voladores» de pólvora se defendían de la agresión, llevaron a la mayoría de la población a colocarse del lado de los productores agrarios que denunciaban los impactos de la puesta en marcha de los TLCs y la falta de una política estatal de apoyo a la economía campesina.
La población colombiana se solidarizó con los campesinos de Boyacá por cuanto estaba segura que allí era mínima la interferencia de las FARC. La indefensión de los labriegos protestantes y la desproporcionada capacidad de fuerza de los escuadrones policiales era tan desigual y contrastante, que de inmediato la simpatía por los débiles se convirtió en rabia y necesidad de actuar. La fuerte presencia de boyacenses en la capital de la República, la mayoría de origen rural, movió las fibras de un pueblo trabajador y conservador, acostumbrado a sufrir pero no a ser humillado.
Ya días antes Santos había cometido uno de los más grandes errores de su gobierno cuando afirmó públicamente que «el tal paro nacional no existe», lastimando el orgullo y la dignidad de cientos de miles de trabajadores del campo que estaban en abierta protesta contra el régimen y desconocer así, el fuerte respaldo y simpatía que dicha acción social había logrado entre amplios sectores de la sociedad colombiana.
Esa amenaza televisiva se soportó en el montaje que se había fraguado en la tarde y noche anterior por parte de fuerzas oficiales y paramilitares, cuando después de una multitudinaria marcha de solidaridad de trabajadores, estudiantes y pueblo en general, se desencadenaron en forma coordinada una serie de actos de vandalismo en diversas localidades de Bogotá y Soacha, utilizando jóvenes delincuentes pagados por fuerzas estatales para crear un clima de caos y violencia, generando motines y saqueos de comercios, utilizando francotiradores que realizaron varios asesinatos para generar terror y desconcierto entre la población, creando condiciones para justificar las acciones de fuerza que al otro día anunció Santos con el supuesto objetivo de «asegurar la normalidad y seguridad en la vida de los colombianos».
De esa manera criminal la oligarquía colombiana había decidido conjurar y derrotar el paro nacional agrario. Días atrás había convocado a los gobernadores y alcaldes de las principales capitales, a todos los partidos políticos burgueses para «defender las instituciones democráticas», y había señalado sin tener pruebas que «nadie duda que los movimientos sociales están siendo infiltrados por grupos violentos y manipulados por grupos políticos». Y aunque el «uribismo» había apoyado el paro cafetero de febrero-marzo del mismo año que se había limitado a exigir subsidios para sustentar el precio del café, cuando el paro agrario planteó el tema de la renegociación de los Tratados de Libre Comercios TLCs, Uribe afanadamente vociferó: «Mucho ojo con cerrar la economía».
El 30 de agosto fue una prueba de fuego para el movimiento popular. Las clases dominantes colombianas se habían unificado contra una fuerza que crecía con el paso de las horas y que ganaba aliados entre la población de las ciudades. Algunos días atrás, cuando los campesinos de La Calera, Usme, Facatativá, Fusagasugá, y otros municipios cercanos a Bogotá se sumaban a los bloqueos de vías y llegaban a las goteras de la ciudad, Darío Arismendi director de noticias de la cadena radial Caracol – acobardado y lleno de miedo frente al insurgir de las masas populares – alertaba al gobierno diciendo… «mucho ojo, mucho cuidado, esto se puede desmadrar, esta situación está pasando de castaño a oscuro».
¿Cuál fue la respuesta del movimiento agrario y popular? ¿Qué reacción se produjo en las fuerzas populares? El gobierno aparentaba «negociar» en Tunja con delegados de los campesinos movilizados pero lo que quería era debilitar y acabar con los bloqueos de las principales carreteras, obstaculizadas por campesinos paperos de Boyacá y Cundinamarca. Sabía que de mantenerse ese bloqueo en la capital de la república los pobladores de los barrios, los vendedores y abastecedores de alimentos de la Central de Abastos (Corabastos), los trabajadores de numerosas galerías, dueños de tiendas y demás habitantes pobres y desempleados, se iban a sumar al movimiento. Ya lo habían intentado en esos días pero faltaba organización e iniciativa. Era cuestión de días y horas para que eso ocurriera.
Sin embargo los dirigentes populares que estaban al frente de ese movimiento no percibieron las fuerzas que se liberaban. Mostraron que no estaban preparados para ganar aliados citadinos y poner contra la pared al gobierno. Sabían que con las fuerzas movilizadas en las carreteras no iban a ser capaces de derrotar al gobierno frente a las reivindicaciones estructurales que el paro había esbozado (renegociación de los TLCs y política agraria integral de apoyo a la economía campesina), pero no se atrevieron a desafiar al gobierno mediante nuevas formas de lucha y nuevas estrategias políticas.
Con ello se demostró que la experiencia de la Minga Social y Comunitaria de octubre de 2008 no había sido asimilada por el movimiento popular. Cuando en el Resguardo de La María, en la carretera panamericana, a escasos kilómetros de Piendamó (Cauca), miles de indígenas caucanos habían levantado un fuerte bloqueo con impresionantes muestras de resistencia que el gobierno quiso destruir con gases y balas asesinas, dejando un muerto y varios heridos en la carretera – mostrados internacionalmente por CNN -, los nativos cambiaron de estrategia y decidieron movilizarse pacíficamente hacia Cali en una multitudinaria marcha que ganó la simpatía de todo el país. En esa acción los pueblos originarios del Cauca demostraron flexibilidad y capacidad de cambiar de formas de lucha pero manteniendo la iniciativa política, y así, expresaron a la opinión pública con hechos que no estaban infiltrados por la guerrilla. Obligaron de esa manera al presidente Uribe a ir a Cali a rogarles que dialogaran, lo que finalmente se hizo en territorio caucano.
En el paro nacional agrario, la dirigencia política de izquierda – que era la que realmente estaba al frente en 2013 – desnudó su incapacidad para llevar al movimiento un paso adelante. Privilegiaron la negociación «concreta» frente a los logros políticos que la lucha ya había colocado ante la población. En los medios de comunicación y en todos los escenarios públicos se reconocía que la situación de crisis del sector agropecuario era evidente y que los efectos de los TLCs no se podían ocultar. Así mismo, se registraba que las políticas gubernamentales para el sector agrario eran ineficaces y no apuntaban a resolver los problemas de los campesinos, pequeños y medianos productores, y de la producción agropecuaria en general. Sin embargo, eso no fue suficientemente valorado por la dirigencia agraria y popular. Mostrar «resultados concretos» era el objetivo inmediato.
Cambiar de estrategia era posible y viable. Desbloquear las vías y evitar el enfrentamiento con el ejército era lo lógico y prudente pero había que movilizar inmediatamente a los campesinos hacia la capital de la república. Ello potenciaría la solidaridad de los bogotanos y neutralizaría la estrategia de guerra que había montado el gobierno. Esa acción obligaría a la población citadina a organizarse para recibir a sus paisanos del campo, habría llevado la lucha a un nivel superior y puesto al gobierno en la posición de reprimir un movimiento pacífico o aceptar las nuevas condiciones. El movimiento agrario con esa acción les habría entregado al resto de la nación y sobre todo a la población urbana, el reto de luchar hombro a hombro por problemas que afectan tanto al sector rural como a toda la sociedad.
Allí fracasó la dirigencia de izquierda y fue derrotado el movimiento popular. Ganaron las fuerzas oligárquicas que lograron atemorizar y desmovilizar a los labriegos protestantes, y dejar en el ambiente que efectivamente las fuerzas populares estaban infiltradas por la insurgencia y manipuladas por grupos políticos. Lo que se jugó en esas circunstancias fue mucho más que unos puntos reivindicativos del movimiento agrario, fue el fracaso de la dirigencia pequeño-burguesa que está al frente de las actuales luchas y su incapacidad para romper con prácticas economistas, estrechamente reivindicativas, y concepciones políticas que instrumentalizan la lucha social en favor de propósitos electorales inmediatistas.
El balance y la evaluación de esa rica experiencia no se han asumido con entereza y responsabilidad. Los graves errores cometidos que fueron la base para la dispersión de las luchas en el tiempo y en el territorio, al no contar con una Plataforma de Lucha y una estrategia unificada, no se han asimilado. Por el contrario, se intenta pasar por encima de esos errores, programando nuevas jornadas de lucha sin sacar las lecciones respectivas.
Pero lo más importante del estudio de estas vivencias y movilizaciones populares es identificar cómo se ha desarrollado la lucha de clases en las últimas décadas, entender cómo se ha llegado a la actual situación y así, identificar las potencialidades del momento y buscar en el hilo de los acontecimientos las pistas para acertar en el inmediato futuro.
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