A partir de enero, entramos en el 75º aniversario de la II República española, y el 70º aniversario de la resistencia popular al golpe de Estado y de la revolución española. Las fricciones en torno a la apertura de fosas comunes, fruto de la represión contra los derrotados, en torno al Archivo Histórico de Salamanca, […]
A partir de enero, entramos en el 75º aniversario de la II República española, y el 70º aniversario de la resistencia popular al golpe de Estado y de la revolución española. Las fricciones en torno a la apertura de fosas comunes, fruto de la represión contra los derrotados, en torno al Archivo Histórico de Salamanca, o la aparición de textos revisionistas avalados por la ‘derechona’, nos indican que la memoria es también un espacio de confrontación política.
Treinta años después de la muerte de Franco y del comienzo de la llamada «transición a la Democracia», la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas de la represión franquista sigue aún pendiente.
Comencemos pues por no olvidarlo y centremos nuestra reflexión y esfuerzos en lo esencial de la batalla por la memoria y la dignidad. Y no sólo porque, a unos pocos meses del «75º aniversario de la II República española» y del «70º aniversario de la resistencia popular al golpe de Estado y de la revolución española», aún no se ha conseguido esta rehabilitación, sino también porque la ‘derechona’ sigue oponiéndose a ella y el Gobierno socialista pretende contentar a los dos bandos de la Guerra Civil.
Memoria y ‘derechona’
No olvidemos además que no sólo es la ‘derechona’ la que sigue considerando a los que se enfrentaron al golpe de Estado contra la República e intentaron realizar una revolución como los vencidos de aquella guerra que enfrentó a las dos Españas. Sino que también los socialistas parecen considerarlo. De ahí que la ‘derechona’, pese a reivindicarse actualmente democrática, no quiera perder el estatus de vencedora y por ello se opone con tanta violencia (verbal, por el momento) a que este estatus cambie.
Prueba de esta convicción es el discurso paternalista y las actitudes prepotentes de sus jefes. Según ellos, ya hicieron bastante concediendo en 1977 la «amnistía» a los vencidos. Para ellos, aunque el PP haya aceptado en 2002 «condenar» el golpe militar de 1936, su victoria es para siempre… Ésa es la convicción de cuantos integraban ayer e integran hoy la ‘derechona’. Su guerra no fue política, fue clasista. Los de ayer la hicieron para defender sus privilegios y los de hoy siguen dispuestos a hacerla para conservarlos.
La prueba de que la guerra no fue para ellos política, sino clasista, lo es lo bien que se han acomodado al régimen parlamentario. Como también lo prueba lo bien que se han acomodado a la Monarquía los que defendían una República clasista. De ahí que coincidieran en esa «transición», de la «Dictadura a la Democracia», que garantizaba a los vencedores sus privilegios y la impunidad, y dejaba a los vencidos en la indefensión y el olvido. Es por ello que la ‘derechona’ sigue oponiéndose a la rehabilitación jurídica de los vencidos, y por lo que reacciona tan amenazadoramente cada vez que se intenta reducir su poder y sus privilegios de clase.
Olvidos
En tales condiciones es normal que la batalla por la memoria no sea hoy exclusivamente histórica, sino fundamentalmente ética. Es decir: política, social, cultural. Son dos Españas, dos concepciones de la sociedad, del devenir de la humanidad, las que se enfrentan en esta batalla. Una tiene como objetivo la perennidad de la sociedad de privilegios, el de la otra es hacerlos desaparecer para que una sociedad más justa sea posible. Son dos concepciones totalmente opuestas, incompatibles, puesto que la primera ni siquiera acepta reformas… El único ‘reformismo’ que acepta es el de la marcha atrás, el de reducir las conquistas sociales logradas tras años de lucha. Dígase lo que se diga, y aunque en las dos haya heterogeneidad de posiciones, la guerra entre ellas sigue…
Una batalla de todos
Esto, que debería ser obvio a la hora de intervenir en la batalla de la memoria histórica, se olvida fácilmente. Sin embargo, eso es lo que determina la oposición de la ‘derechona’ a la rehabilitación de las víctimas del Franquismo, y también lo es del miedo a concretarla institucionalmente que está mostrando el Gobierno socialista. No olvidemos que la izquierda institucional no reivindicó por voluntad propia esta rehabilitación, que hubo que forzarla a hacerlo.
El proceso de recuperación de la memoria histórica comenzó hace muchos años. En 1989, la familia de Julián Grimau presentó un recurso de revisión del Consejo de Guerra que lo condenó a muerte y ni los socialistas que gobernaban ni la izquierda la apoyaron. En 1998, las familias de Francisco Granado y de Joaquín Delgado presentaron un recurso de revisión en el mismo sentido y los libertarios comenzamos una campaña para rehabilitar su memoria y, al mismo tiempo, la de todas las víctimas de la represión franquista.
Es verdad que en el año 2000, con la apertura de las primeras fosas comunes, este proceso de recuperación de la memoria se actualizó más y contribuyó a que surgieran nuevos grupos o nuevas asociaciones para recuperar la memoria ocultada por la «transición». No debemos pues olvidar que fue todo esto lo que hizo posible que, poco a poco, se actualizara la exigencia de anulación de las sentencias franquistas que forzó al Gobierno socialista a constituir la Comisión Interministerial de «Memoria Histórica».
Es por todo ello que nos parecen improcedentes las actuales «fricciones en torno a la apertura de fosas comunes». No creemos que se deba competir para saber qué Asociación es la más eficaz o la más consecuente… La batalla de la memoria, de la justicia y de la dignidad no está ganada, y cuantos reivindican -de una manera o de otra- la memoria de víctimas de la represión franquista deben tener su lugar en ella. Todos son, somos, necesarios para ganarla.
No comencemos pues con polémicas que nos dividirán y debilitarán. Lo importante, lo urgente es que todos los que queremos ganar esta batalla unamos nuestros esfuerzos para obligar al Gobierno socialista a anular todas las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista.
Es posible que «las direcciones de los partidos políticos de la izquierda institucional» tengan miedo a que alrededor de la memoria «se construya un movimiento popular que recupere y haga suyos los ideales de revolución social» , como lo ha afirmado José M. Carreño en DIAGONAL; pero lo que si es seguro es que ese movimiento está hoy muy lejos de construirse, y más si un Partido tiene la pretensión de hegemonizarlo.
Sin embargo, lo que sí está a nuestro alcance es obligar al Gobierno de Zapatero a que plante cara a la ‘derechona’ y lleve a término el proceso institucional de recuperación de la memoria histórica y de rehabilitación, moral y jurídica, de las víctimas de la represión franquista.
Éste debe ser nuestro objetivo prioritario. Y más en estos momentos en que el portavoz socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, acaba de pedir al PP «consenso en esta materia» y prometido que «lo haremos de una manera que no reabra heridas ni viejas divisiones, sin afanes vengativos».
Movilicémonos pues todos para impedir que los socialistas rebajen el reconocimiento a los que lucharon por las libertades democráticas (que hoy son constitucionales) y caigan en la infamia de querer ser equidistantes entre fascistas y demócratas.
* Octavio Alberola y Antonio Martín pertenecen al Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado