La trama de presunta malversación de fondos públicos bajo el consorcio Turisme Jove del govern balear en la pasada etapa política crece y se ramifica. En el mediodía de ayer la Policía detuvo a tres personas, con las que se eleva ya a once el número de imputados por el enésimo escándalo de corrupción en […]
La trama de presunta malversación de fondos públicos bajo el consorcio Turisme Jove del govern balear en la pasada etapa política crece y se ramifica.
En el mediodía de ayer la Policía detuvo a tres personas, con las que se eleva ya a once el número de imputados por el enésimo escándalo de corrupción en el seno del gobierno conservador de Jaume Matas -ex ministro de Aznar- entre 2003 y 2007. Se trata de empresarios que realizaban trabajos para el citado consorcio y que emitían facturas para éste cuyo montante se engrosaba supuestamente mediante comisiones ilegales. Los tres quedaron en libertad con cargos tras declarar.
Además de las nuevas detenciones, ayer trascendió la identidad de otros dos imputados: la ex consellera insular del PP María Reyes Carbonell, y el ex director general de Juventud y coordinador de Nuevas Generaciones, Juan Francisco Gálvez.
Gálvez se negó a declarar
Gálvez fue llamado a declarar ante la Policía a primera hora de la mañana de ayer por su presunta relación con la trama. Según fuentes de la Fiscalía, rechazó hacer declaraciones. Su estancia en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma de Mallorca no llegó ni siquiera a los 15 minutos.
El Consorcio Turisme Jove, que se dedicaba, entre otras actividades, a facilitar el acceso de los jóvenes a las redes de albergues, dependía directamente de la dirección general de Gálvez. Por encima de éste, sólo estaba la ex consellera de Presidencia i Esports, la conservadora Rosa Puig, quien el pasado martes aseguró no saber «nada de lo que se está revelando» estos días.
La operación se inició el lunes bajo orden de los fiscales anticorrupción Joan Carrau y Pedro Horrach. La policía detuvo a seis personas, tres de las cuales fueron puestas en libertad el mismo día, mientras que los otras tres seguían al cierre de esta edición en los calabozos por tercer día consecutivo, a la espera de que hoy pasen a disposición judicial. Son Damián Amengual, ex gerente del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios y Mantenimiento de la entidad y considerado el cabecilla de la trama, y María Auxiliadora Pérez de Algaba, la mujer de este último. Los arrestados se enfrentan a acusaciones por delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La principal acusación contra Gosálbez se basa en que habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura, días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas. El local era de su propiedad. El precio del alquiler mensual, 300.000 euros. El inquilino, era el propio Consorcio de Turisme Jove.
El local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gosálbez y de su esposa y el contrato implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando el alquiler hasta 2019. Asimismo, a los detenidos se les imputan el pago de varias comisiones en diferentes obras. Según han confesado dos constructores y un agente de viajes relacionados con la trama, Gosálbez engordaba facturas y se llevaba una parte del beneficio.
Los implicados
Juan F. Gosálbez
Ex jefe de Servicios. Parece ser el cabecilla de la trama. Se dedicaba a cobrar comisiones por diversas obras de reforma dependientes de la entidad. Además, Gosálbez alquiló al Consorcio un local de su propiedad por 4.500 euros al mes. Antes de las elecciones de 2007 blindó el contrato con 300.000 euros de indemnización.
María A. Pérez
Esposa de Gosálbez. En los datos de la empresa que se utilizó como tapadera para alquilar un local aparece también su nombre. Es propietaria de una peluquería que fue registrada el pasado martes.
Damián Amengual
Ex gerente de Turisme Jove. Es ex concejal del PP en el municipio de Algaida. Es hombre de confianza de Matas, y hasta el momento máximo responsable político de los presuntos delitos cometidos en el consorcio.