La Infanta, la esposa del yernísimo, ha sido imputada. ¡Finalmente! Un miembro destacado de la Familia Real, cuya boda llegó a ser filmada por la excelente y valiente directora de El crimen de Cuenca (¡qué tontos que hemos sido!), tendrá que declarar en un proceso de corrupción de enromes y diversas dimensiones, que ya ha […]
La Infanta, la esposa del yernísimo, ha sido imputada. ¡Finalmente! Un miembro destacado de la Familia Real, cuya boda llegó a ser filmada por la excelente y valiente directora de El crimen de Cuenca (¡qué tontos que hemos sido!), tendrá que declarar en un proceso de corrupción de enromes y diversas dimensiones, que ya ha causado que la Casa Real se ponga de los nervios, presione todo lo que tiene que presionar, critique una decisión judicial y abone el comportamiento, democráticamente incomprensible, de un sumiso fiscal anticorrupción a las órdenes de un Fiscal General nombrado por un gobierno al servicio o en connivencia con los Borbones hispánicos.
Parece ser que, en la sin duda responsable, cívicamente admirable y valiente decisión del juez Castro, los correos presentados por el que sigue siendo doctor por ESADE y ex profesor de la escuela de élites, promotora de la «cultura empresarial emprendedora» han jugado un papel nada marginal.
Si éste es el caso, y si la justicia realmente fuera igual para todos, sería más que razonable que la primera autoridad del Estado (¡la primera!), el padre de la Infantísima, el suegro del yernísimo, ambos imputados, también fuera imputado. Los correos hasta ahora conocidos, leídos con toda la precaución necesaria, sin antiojeras antimonárquicas (siempre recomendables desde luego) apuntan sin apenas espacio para algún vértice de duda o incertidumbre al conocimiento Real de la trama organizada y a su apoyo, a la colaboración del padre-suegro en los tejemanejes de alta alcurnia de la trama UBT (Urdangarin-Borbón-Torres).
Pero el Rey, que es inviolable constitucional y antidemocráticamente, no será llamado a declarar. ¡No podremos contar con su desinteresada colaboración -¡mecachis en la mar!- para ayudar al esclarecimiento de los hechos, de los numerosos acontecimientos potencialmente (es un decir) delictivos, de la malversación de fondos públicos por ejemplo, por no hablar de la evasión de capitales o del fraude continuado a Hacienda! Todo lo señalado por supuesto, siempre por supuesto. Por supuesto.
En el horizonte enseña la patita la abdicación. Ya se habla de ella con insistencia. Pere Navarro, por citar un político institucional conocido, habló de ella recientemente. ¿Puede abdicar el hijo de Don Juan? Puede. No ahora obviamente, no toca, no es el momento, demasiada claridad y proximidad en la relación causa-efecto, si bien parece que ya hay reportajes preparados en Televisión Española para la ocasión. Pero tal vez sea el caso en un futuro más o menos próximo. Si lo hiciera, si finalmente se vieran obligados a tomar esa decisión que parece estar apoyada por una parte de la derecha mesetaria (y por sectores de las derechas nacionalistas periféricas), cabría la tentación monárquico-borbónica-institucional de ubicar inmediatamente la figura del Hijo en lugar de la del Padre y en posición de mando, con reconocimiento cortesano, acallando voces criticas y siguiendo como si nada hubiera pasado. Con la melodía de toda la vida. A rey muerto (o abdicado), rey (joven) puesto. Y así siguiendo: con el mazo dando, con la sonrisa estudiada y la fortuna creciendo.
Sin embargo hay una piedra que molesta en el diseñado engranaje de la operación. La siguiente: que la ciudadanía no parece estar dispuesta, ahora menos que nunca, a nuevas tomaduras (monárquicas) de pelo. Ya hemos tenido suficiente experiencia histórica de las prácticas de familia Borbónica. Sin olvidar, por otra parte, que es imposible que el esposo de doña Leticia, la periodista que se siente «Princesa» cuando se le pregunta por su trabajo, desconociera las actividades creativas de su hermanísima y de su cuñadísimo. No es posible que nada supiera de la «cultura emprendedora» de sus familiares, de sus creativas estrategias financieras, del humo vendido, de la subordinación institucional y de los favores, presiones e intervenciones Reales de su amado padre que iban goteando día sí, tarde también (y sin fiestas de guardar).
No hay sólo, pues, una muy probable -y cada día más evidente- vinculación en el caso del padre de la Infanta imputada sino un probable conocimiento de los hechos (o de una gran parte de los mismos) por parte de su hermano. Y sabido es que quien calla, otorga, y que frente al fraude, la malversación, la contabilidad creativa fraudulenta, la estafa, continuada, la expropiación de lo público, el resto no puede ser silencio.
Por lo demás, ¿el yernísimo sigue siendo ejecutivo en excedencia de la primera multinacional española? ¿Y su señora esposa sigue siendo directiva de la primera entidad financiera catalana, uno de los poderes fácticos de la Catalunya del rey Artur, de Mas-Colell y de Felip el Puig con representación casi directa en su gobierno, en el gobierno de los mejores privatizadores?
Hay más nudos en el denso escenario. Brevemente:
El juez ha detallado en su auto los indicios contra Cristina de Borbón, basados en los correos del doctor ESADE Torres y en la reciente declaración del secretario de las infantas, don Carlos García Revenga. Son 14 las razones para la imputación de la hija del Rey y la Reina (¿Tampoco ella sabía nada? ¿Cómo entender su visita publicitada cuando vivían en Washington?). Cito cuatro de estas razones [1]:
El auto expone que la constitución, el 11 de febrero de 2003, de la entidad Aizoon S.L. al 50% por Urdangarin y la infanta; y la posterior designación, el 23 de septiembre del mismo año, de la nueva Junta Directiva del Instituto Nóos, con doña Cristina como vocal, obedeció «a un previo y común diseño» de Urdangarin y Torres que, según una carta del duque de Palma obrante en las actuaciones, contaba con «el conocimiento y apoyo» de la infanta.
De la declaración ante el juez del secretario y asesor de las infantas, García Revenga, al comentar correos de Torres, se desprende que conocía las actividades de Nóos, y «no se acaba de entender que no participara» a la Infanta Cristina de que su señor esposo estaba recibiendo un trato privilegiado en ámbitos privados y públicos por las vinculaciones de GR y la infanta con la Casa Real.
Si el rey, tras conocer lo que pasaba en Nóos, hizo un reproche a Urdangarin y le reclamó que se desvinculase, «no se acaba de entender que su hija, con un conocimiento mucho más directo y real, y con el asesoramiento» de GR, «no llegara a enterarse y de propia iniciativa no hubiera decidido desvincularse formal y efectivamente de la Asociación».
La declaración judicial de Torres: todos los miembros de la Junta de Nóos, incluida la Infanta, tenían el mismo conocimiento e intervención en los asuntos del Instituto.
Tras la enumeración de estos 14 motivos, el juez hace alguna concesión: señala que ninguno de ellos, aisladamente considerado, tiene «peso suficiente para sustentar una imputación». Más incluso: de la valoración global de los mismos no se colige una intervención ‘activa’ de doña Cristina en la gestión cotidiana de Nóos. ¿De verdad? A riesgo de equivocarme: lo segundo recuerda un imposible lógico-metafísico a no ser que «gestión cotidiana» remita exactamente al día-día durante años y años; lo primero no es claro ni distinto. Supongo que doña Cristina no fuera infanta y fuera, pongamos, la compañera de Sánchez Gordillo (es un supuesto, sólo un supuesto, totalmente improbable a todas luces): ¿creen ustedes que en ese caso no habría sido ya imputada por una cualquiera, sólo por una de las razones señaladas?
El segundo nudo tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción mallorquina: recurrirá la imputación de la Infanta. La citación de la esposa del señor Urdangarin no es firme aún y podría aplazarse, suspenderse o revocarse [2].
El recurso se presentará directamente ante la Audiencia Provincial de Palma e incidirá en que los indicios señalados contra la infanta Cristina «carecen de la entidad suficiente» para apoyar su citación de imputada. El recurso del fiscal Pedro Horrach se corresponde con la postura de la Fiscalía General del Estado que está a las órdenes del gobierno. La presión parece evidente y los contactos con la Casa Real más que probables.
En síntesis: la Casa de la Realeza borbónica ha valorado críticamente una decisión judicial, ha movido hilos, el fiscal general ha intervenido, el fiscal Horrach que está a sus órdenes también y si ahora la Audiencia Provincial responde positivamente al recurso la carcajada general será sonora.
Por lo demás, la infanta Cristina sigue teniendo derechos dinásticos, sigue formando parte de la línea sucesoria (ocupa el séptimo lugar) del Rey Borbón. Si renunciara, el Congreso tendría que pronunciase. Todo un espectáculo institucional [3]
¿Y que debería hacer la izquierda en esta coyuntura? ¿Debería levantarse la República sobre este lodazal de barbarie monárquica? El gran historiador catalano-andaluz-internacionalista Ángel Duarte Monserrat ha señalado una reflexión de enorme interés que resumo brevemente:
La República, señala, «no puede alzarse sobre los restos averiados de la travesía monárquica». Como poder, puede, pero no debería, matiza. No nos correspondería obrar en este sentido «a no ser que entendamos la república como una desnuda concreción institucional, una modalidad administrativa alternativa -en lo formal- del Estado-nación». Si la ciudadanía delegase en las élites del momento «la responsabilidad ante un hipotético colapso de las legitimidades que aguantan el entramado constitucional vigente, puede que éstas se limiten, llegado el caso, a un cambio de decorado».
Es eso lo que se ha demandado históricamente de la república, pregunta ADM, es eso todo lo que cabe esperar de un mañana republicano. No: «en la izquierda, la respuesta debería ser otra, una respuesta que contemplase el advenimiento de la república como un proceso. Un pleito consistente en oponer una eficaz barrera de contención a los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y de ciudadanía. Un combate agónico contra los procesos de recentralización, tanto como opuesto a la mendaz confusión entre Estado y nación que algunos, que no todos, los nacionalismos sub-estatales alimentan».
Es decir, una dinámica democrática y ciudadana «que no renuncie a pensar en horizontes alternativos al desorden económico inherente al capitalismo financiarizado y a las lógicas de extorsión medioambiental. La república no puede, no debe, «llegar de la mano de los procesos judiciales o de las notas desoladas de la prensa del corazón». Ha de llegar «de la mano de un proceso deliberativo que implique a toda la ciudadanía, de un hacer compartido que haga partícipes a mujeres y a hombres de todas las edades, y de todos de los lugares, de la definición de lo que entendemos, en 2013, por bien común». Y eso en Andalucía, en España, en Europa, por no ir más allá, señala el historiador catalán. De momento, añade.
¿Es una utopía lo señalado, se pregunta finalmente? Acaso responde. Pero siempre mejor, no obstante, «que algo tan poco republicano como el ir a remolque de los avatares de una familia».
Notas:
[1] http://www.publico.es/453086/las-14-razones-de-la-imputacion-de-la-hija-pequena-del-rey
[3] El Título II de la Constitución establece -artículo 57.5- que «las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión, se resolverán por una ley orgánica». Estas leyes requieren de una mayoría absoluta en el Parlamento para su aprobación. Ningún partido político se ha atrevido en estos 35 años a plasmar en una ley de rango orgánico ese precepto constitucional.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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