Nunca fue fácil manifestarse en España, salvo para quienes eran y son partidarios de prohibir ese derecho a todos los demás. A lo largo de mi vida, al pasar cada manifestación o cada huelga, me preguntaba, muy ingenuamente, por qué la policía no apaleaba a los banqueros que despedían a gente, practicaban la usura y el desahucio, a los empresarios que explotaban a los trabajadores, a los millonarios que se llevaban el dinero a paraísos fiscales, a los fascistas que defienden la supresión de las libertades o a los políticos que hacían obras inútiles o simplemente robaban a manos llenas al Erario. En mis años madrileños (1977-1985) me llamaba mucho la atención el empeño que ponía la policía en golpear a quienes se manifestaban para defender la Educación Pública o los derechos laborales y la tranquilidad con la que asistían a las manifestaciones antisistema del 20 de noviembre en la Plaza de Oriente y calles aledañas, calles donde fueron lisiados algunos amigos ante la total indiferencia de la autoridad competente.
La policía española fue mediatizada por el franquismo que la convirtió en una fuerza de clase y de régimen, completamente ajena al Derecho y a la defensa del bienestar de los ciudadanos que entonces eran súbditos. La democracia usó a muchos policías franquistas especialistas en tortura y apenas hizo nada por reformar el organigrama, la preparación y los procesos de selección de los cuerpos de seguridad del Estado. Muchos policías se integraron en ellos pensando en combatir al delito según las leyes democráticas, y muchos de ellos saben lo difícil que es trabajar en un medio en el que sigue predominando los modos y querencias del antiguo régimen: Han de trabajar para resolver delitos y también contra la inercia y las trabas que ponen quienes siguen atados al pasado e imponen, o al menos lo intentan, su carácter en extremo conservador a todo el Cuerpo. Por supuesto que hay policías magníficos entregados a su trabajo y preocupados por proteger los derechos de todos, pero la sensación que trasmiten actuaciones como la de los antidisturbios en Cádiz -de donde provienen muchos-, en Gamonal, en Sagunto, en Avilés, en Valencia y en tantos otros sitios dista mucho de ser la de una policía que vela por proteger nuestros derechos constitucionales. De hecho, cualquiera que haya acudido a manifestaciones que no sean de ultraderecha, sabe el miedo que se pasa cada vez que aparecen los señores encargados de velar por el orden y las libertades. Y no es normal, ningún ciudadano debería sentir inseguridad, miedo o recelo al ver aparecer a los antidisturbios en una manifestación, porque manifestarse no es un delito, sino un derecho inalienable en todos los países democráticos. Me dirán que hay alborotadores que actúan violentamente, no sirve. Que actúen única y exclusivamente contra ellos. Por otra parte, el sesgo ideológico dominante en las fuerzas de seguridad según demuestra la afiliación mayoritaria a sindicatos ultras, no habría sido posible sin la colaboración de ministros del Interior que muestran una clara identificación con Narváez, aquel general conservador que aseguraba que “tranquilidad viene de tranca, y tranca de trancazo”.
Cádiz es una de las provincias más pobres de España y de Europa: Barbate, Chiclana, Sanlúcar, La Línea, Conil de la Frontera y Arcos -pueblos y ciudades de una belleza poco común- no llegan a los 9.000 euros de renta per cápita, mientras que la mayoría de los pueblos de la provincia tienen una tasa de paro superior al 25%. La situación es tan dramática dentro de uno de los países más ricos del mundo según dicen, que mientras la esperanza de vida de España está en torno a los ochenta y cinco años, en Cádiz apenas llega a los ochenta y eso gracias a la Seguridad Social, datos que van a empeorar en los próximos años si no se actúa con rapidez dado que cuatro de cada diez niños gaditanos viven en el umbral de la pobreza. En igual sentido se muestran los datos sobre abandono y fracaso escolar, el índice de industrialización o el de las pensiones medias, muy por debajo de las que se perciben en otros lugares del país.
Desde la crisis del petróleo de 1973, la provincia de Cádiz sólo ha sido tratada con políticas neoliberales que han propiciado el cierre y la deslocalización de cientos de industrias, sin que ningún político, economista, consejero delegado, CEO, banquero o empresario haya tenido la idea de invertir en otra cosa diferente del turismo ni haya imaginado un plan de industrialización bien armado que permitiese acabar con la progresiva depauperización de la zona. Y es que en España, especialmente en los territorios más pobres, parece que los únicos remedios que ofrecen esos señores insultantemente bien pagados para solucionar cualquier crisis han de pasar inexorablemente por el cierre de fábricas, el despido o la reducción de plantilla, para lo cual ni hace falta ser economista, ni ceo, ni consejero delegado, ni director general, ni gerente ni absolutamente nada, sólo un desalmado.
España es un país en extremo pacífico donde las protestas laborales son pocas y tranquilas si tenemos en cuenta las barbaridades que se han cometido contra los trabajadores, abocándolos al paro, la miseria y la marginalidad. La globalización neoliberal ha conseguido sustituir la conciencia de clase por el sálvese quien pueda individualista que preconizan las políticas derechistas y su clientelismo extensivo. Sin embargo, se ha apretado tanto la soga en algunas provincias como Cádiz que la alternativa a la protesta, a la indignación y la lucha es la resignación, la agonía y la muerte. No se puede estar pisando a un pueblo durante décadas y esperar que su respuesta sea bajar la cerviz hasta llegar a la astenosfera. Lo que está sucediendo en el sector del metal de Cádiz es la contestación desesperada de un pueblo que ha sido machacado desde hace muchos años y al que se ha privado de cualquier tipo de esperanza. La obligación de los trabajadores del resto del Estado sería solidarizarse y demostrar que por el lado del trabajo ya no se pude bajar más, que ahora les toca a otros. No basta con pancartas de apoyo o declaraciones justas, es hora de actuar porque lo que sucede en Cádiz ya ha ocurrido en otros lugares y volverá a pasar si la respuesta no es tajante. Tratar de contener un problema vital de raíces tan profundas como obvias con antidisturbios, con balas de goma, gases lacrimógenos y porras no es más que un desatino, es como detener una hemorragia amputando el miembro. Si no hay economistas, empresarios, ingenieros, pensadores, políticos, inversores capaces de planificar -sí, planificar- una regeneración económica que permita a los gaditanos vivir con dignidad, habrá que inventarlos. Entre tanto, el único camino que queda es luchar para que así sea y cuanto antes.