Al menos 1.098 propiedades de la iglesia católica en la ciudad de Valencia no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según ha denunciado Valencia Laica, pese a que deberían tributar por este concepto. El millar de edificios tiene un uso «no religioso» (en muchos casos incluso lucrativo), lo que impediría que la iglesia pudiera […]
Al menos 1.098 propiedades de la iglesia católica en la ciudad de Valencia no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según ha denunciado Valencia Laica, pese a que deberían tributar por este concepto. El millar de edificios tiene un uso «no religioso» (en muchos casos incluso lucrativo), lo que impediría que la iglesia pudiera beneficiarse de la exenciones fiscales recogidas en los Acuerdos con la Santa Sede así como diferentes leyes.
Los datos proceden de un exhaustivo estudio realizado por Valencia Laica, a partir del Listado de Inmuebles Exentos de IBI pertenecientes a Órdenes, Congregaciones y Fundaciones facilitado en 2012 por el Ayuntamiento de Valencia. Europa Laica concluye en una investigación de campo que la iglesia católica cuenta en la ciudad con 1.253 propiedades inmobiliarias exentas de pagar el IBI, lo que sólo estaría justificado en 155 de los casos (12%), los de edificios dedicados a actividades religiosas. En la gran mayoría de los inmuebles (1.098), la iglesia no paga el IBI pese a que debería abonar este tributo.
Centros privados de enseñanza, tiendas de ropa, de moda y de fotografía; reparación de máquinas de coser, restaurantes, tiendas de regalo y de alquiler de bicicletas, aparcamientos, freidurías, talleres de reparación de automóviles, almacenes, casales falleros, agencias inmobiliarias, albergues, asesorías fiscales, locales de administración de lotería, peluquerías de caballeros, pizzerías, clínicas de tratamientos estéticos o zapaterías son el objeto de negocio de algunos de estos inmuebles.
En la presentación del informe ante los medios de comunicación, Juanjo Picó, miembro del consejo directivo de Europa Laica, ha denunciado el «fraude» que implica «declarar como religioso algo que claramente no lo es». Ha subrayado asimismo, en declaraciones recogidas por Efe, la negligencia del catastro y del Ayuntamiento, que «aceptan unos bienes inmuebles sin ningún tipo de escrúpulos y permiten un saqueo a las arcas públicas, cuando son ellos los que deberían realizar un estudio de estas características».
El grupo municipal de EUPV-IU en Valencia destapó el caso de un aparcamiento público, de titularidad municipal y objeto de una concesión administrativa al arzobispado, que está exento de pagar el IBI, según el reconocimiento expreso del concejal de Hacienda. El aparcamiento, ubicado junto al Hospital Arnau de Vilanova, lleva funcionando durante varios años sin licencia de apertura (únicamente cuenta con una licencia ambiental).
El informe agrupa en categorías los 1.098 inmuebles que de manera injustificada no pagan el IBI. El 47% (513) se destina a viviendas o un fin residencial; el 14% (150) son almacenes, aparcamientos o áreas de estacionamiento; el 10% (112) se dedican al comercio, al ocio o la hostelería; el 8% (92), a la cultura y la enseñanza; y el 7% (73) a oficinas y usos industriales. Menor relevancia numérica tienen los solares (52), los edificios con objeto sanitario (21) y otras categorías como «recreativo», «deportivo» y «edificio singular», que suman 15 inmuebles. Además, el trabajo de campo detecta 21 edificios que figuran en el listado municipal como religiosos, pero que no lo son.
Valencia Laica advierte de que el informe ha de leerse con las debidas cautelas, debido a la «opacidad» en muchos inmuebles respecto a la titularidad, ubicación y uso. A ello se agregan omisiones y errores. Por ejemplo, de los 225 calificados oficialmente como «religiosos», el trabajo de campo desarrollado por Valencia Laica concluye que sólo 155 tienen este uso. Presumiblemente, además, la iglesia católica posea más de 1.253 inmuebles exentos de pagar el IBI.
Fuentes de la entidad reconocen que el método de investigación puede extenderse a otros municipios, aunque subrayan que corresponde a los consistorios desvelar la opacidad y corregir las arbitrariedades. En enero de 2014 eldiario.es informó de que 705 propiedades de la iglesia católica en Vitoria están exentas de pagar del IBI, pese a que sólo 224 podrían acogerse a estas ventajas por ser lugares de culto y oración. El informe, elaborado a partir de información extraída de archivos municipales, incluye inmuebles dedicados a negocios, viviendas, almacenes, garajes, oficinas, galerías comerciales, bares, restaurantes, solares y fincas, entre otros.
El tratamiento fiscal del que se beneficia la iglesia católica viene amparada por el Acuerdo entre el estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (enero de 1979), que establece la exención de la Contribución Territorial Urbana para determinados inmuebles, todos ellos vinculados a uso religioso: templos y capillas destinados al culto, la residencia de los obispos, los canónigos y sacerdotes «con cura de almas»; los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero y las universidades eclesiásticas; y los edificios dedicados a casas o conventos de las órdenes religiosas.
Al marco jurídico que establece el trato de favor se agrega la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo; y por otro lado el artículo 62 (que regula las exenciones) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (marzo de 2014).
El informe «Opacidad y Financiación de la iglesia católica», publicado en abril de 2014 por Europa Laica, dedicó un capítulo a las diversas exenciones tributarias de las que se beneficia la institución religiosa. En función de cálculos aproximados, la carencia de ingresos en el erario público por exenciones fiscales podría alcanzar los 1.700 millones de euros (ejercicio 2013). Sólo en concepto de IBI, rústico y urbano, las administraciones locales podrían dejar de ingresar unos 700 millones de euros (esta cifra se refiere a todos los inmuebles y suelo, sean o no destinados a culto). Las cifras son estimativas y oscilan según la fuente, debido a la «opacidad» de los bienes de la iglesia católica y los datos que ofrecen los ayuntamientos y otras administraciones del estado, concluyen los autores del estudio.
Pero las ventajas fiscales no son el único aspecto controvertido respecto a la financiación de la iglesia católica en el estado español. La Comisión de Laicidad de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid criticó, a partir de la publicación en el BOE de los Presupuestos Generales del Estado de 2015, que el estado español adjudicara a la iglesia católica un total de 13.266.216 de euros mensuales (159,2 millones de euros al año), a cuenta del total que los ciudadanos propusieran en la declaración de la renta (casilla de la iglesia). «Estamos ante un impuesto obligatorio de carácter religioso», aseveró la organización cristiana. Asimismo, todos los años el estado aporta más de 11.000 millones de euros a la iglesia católica de manera directa, o por la vía de las exenciones tributarias y las subvenciones.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.