Desde que la registrara como propiedad de la Iglesia en 2006, el Obispado recibe por explotación de la Mezquita de Córdoba un total de 9 millones de euros libres de impuestos. Los 8 euros de la entrada se consideran un «donativo». El trámite del registro le costó solo 30 euros. Se trata de un monumento […]
Desde que la registrara como propiedad de la Iglesia en 2006, el Obispado recibe por explotación de la Mezquita de Córdoba un total de 9 millones de euros libres de impuestos. Los 8 euros de la entrada se consideran un «donativo». El trámite del registro le costó solo 30 euros. Se trata de un monumento de 23.000 m2 y 1200 años de historia.
El episodio más reciente ha sido la polémica acerca de la titularidad de la Mezquita de Córdoba, por cuya explotación comercial la Iglesia Católica percibe cerca de 9 millones de euros de los que no tributa ni un céntimo al fisco. Los ocho euros que cuesta la entrada a la Mezquita se consideran «un donativo» y, si se tiene en cuenta que las visitas alcanzan los 1,2 millones al año, el asunto compensa -al clero, por supuesto-.
Pero este no el único caso, ni mucho menos. Como la Mezquita de Córdoba hay más de mil propiedades y monumentos del Patrimonio Histórico cuya titularidad -y explotación- está en manos de la Iglesia Católica, que -en el caso de Córdoba- había tardado unos cuantos siglos en pasar por el registro para reclamarla.
La Iglesia ha registrado como suyas más de mil propiedades en los últimos 16 años gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 que el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo en 1998. Inicialmente, la norma vigente durante el franquismo, en su artículo 206, permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, excepto los lugares de culto. En su primera legislatura, el PP retiró esa excepción, lo que permitió a la Iglesia registrar como suyas desde capillas o ermitas hasta iglesias y catedrales.
23.000 metros (y 1.220 años de historia) a cambio de 30 euros
En el año 2006, el Obispado de Córdoba inmatriculó – es decir, registró- la Mezquita-Catedral de Córdoba, la cual había sido declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco. Después de pagar 30 euros -lo que cuesta la gestión-, el prelado se hizo con una finca de 23.000 metros por la que además no paga IBI, ya que el edificio está dedicado al culto religioso. La acción fue hecha después de que en 1998, el PP retirara la excepción de la Ley Hipotecaria con los lugares de culto, lo que permitió a la Iglesia registrar desde capillas o ermitas hasta catedrales.
Según la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba el monumento es propiedad de la ciudadanía, Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial. Es decir, el obispado ha perpetrado una apropiación jurídica, económica y simbólica del edificio. Cada una por una razón específica. Es jurídica porque ni la inmatriculación o el registro en 2006 supone la validez como título de propiedad ni la «Consagración» que aduce el Obispado de Córdoba justifica o sirve para acreditar tal título. Es económica por que el Obispado de Córdoba, que no paga impuestos por el usufructo de este tipo de monumentos, recibe ingresos con las entradas y es simbólica porque el Obispado de Córdoba le ha retirado a la Mezquita la denominación Mezquita-catedral para referirse a esta como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, tal y como es posible comprobar al visitar su página Web.
Construida en el 785, con 23.400 metros cuadrados, la de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Recibe al año 1.200.000 visitantes, cada uno paga 8 euros para poder acceder a ella –37 euros con visita guiada-. Es decir, dinero que va a parar a las arcas del Obispado
Otros casos: Navarra, Cáceres y Alicante
Uno de los informes más detallados y citados en lo que a registro y titularidad de determinados bienes se refiere, lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales eran lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas …). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.
Ocurre en otras comunidades. La iglesia fortaleza de San Bartolomé, en Xàbia, Alicante, sufrió una suerte similar. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo, sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, quien junto con una iniciativa ciudadana llevó el asunto a los tribunales. La Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor respuesta popular ha generado.
El Obispado de Plasencia -en Cáceres- ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. Los pueblos de Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera reaccionaron. En 2009, los vecinos de Madrigal de la Vera reclamaron la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Casos similares se han registrado en Castilla y León, así como también en Galicia y Madrid.