Se está celebrando en Palma un juicio contra varias jóvenes por defender el derecho al aborto. La fiscalía pide para ellos varios años de cárcel y aún más dura es la acusación particular-el obispado de esa ciudad-que pide cuatro años. Todo ello está envuelto en la tipificación que establecen los vergonzosos artículos 523,524 y 525 […]
Se está celebrando en Palma un juicio contra varias jóvenes por defender el derecho al aborto. La fiscalía pide para ellos varios años de cárcel y aún más dura es la acusación particular-el obispado de esa ciudad-que pide cuatro años. Todo ello está envuelto en la tipificación que establecen los vergonzosos artículos 523,524 y 525 del Código penal. Una tipificación más propia del tiempo de Torquemada que de hoy día pese a que el redactor de esta bazofia fuera el exministro Belloch. Que en la actualidad se siga manteniendo el delito de blasfemia bajo el eufemismo de «ofensas al sentimiento religioso» es una demostración más que no vivimos en un Estado laico. Fue muy valerosa la denuncia de estas y estos jóvenes: era un momento en que el ministro Gallardón utilizaba el asunto del aborto para hacerse un hueco en las luchas de poder político en el interior del PP, proponiendo, con la ayuda de la iglesia católica, una involución en la legislación de aborto en España.
La Iglesia Católica, todo el mundo lo sabe, está obsesionada por el sexo. Incluso se podría afirmar, si la iglesia fuera una persona física, que su obsesión tiene características de delirio. La batalla que lleva la iglesia católica en contra de la libertad sexual hace que se enfrente con la sociedad civil y también con la comunidad científica. Los movimientos feministas y de mujeres, los movimientos de homosexuales y lesbianas, las asociaciones a favor del aborto libre, las asociaciones a favor de la reproducción asistida y de prácticas eugenésicas motivadas por necesidades de salud y de investigación así como diversas asociaciones científicas se enfrentan a la iglesia y presionan para que los gobiernos y parlamentos no cedan a las presiones clericales.
La legislación restrictiva en estos asuntos que existe en muchos países europeos, así como la legislación sobre matrimonio y divorcio, ha estado condicionada -esto nadie lo duda- por las injerencias de las iglesias y particularmente de la iglesia católica.
También en el ámbito de la sociedad internacional y debido al status privilegiado que tiene la Santa Sede en el sistema de Naciones Unidad, la Iglesia Católica ha enredado y creado mal ambiente en muchas conferencias internacionales. Particularmente dura es la posición de la Iglesia Católica en el asunto del SIDA y su oposición al uso del preservativo en África y a las prácticas de planificación familiar y en contra del aborto en los países del tercer mundo.
Las posiciones que mantiene la iglesia en relación a la sexualidad y a la moral privada son, en los países más desarrollados y secularizados, insostenibles y cada día tienen menos credibilidad, incluso los católicos declarados en estas sociedades no creen en los códigos de moral privada de la doctrina católica en aspectos que tienen que ver con la sexualidad, la reproducción humana o el matrimonio. Parece, que en estas sociedades, esta batalla está totalmente perdida y aunque todavía en la legislación que regula estos aspectos se observa el peso católico poco a poco el cuerpo legislativo reforma estas regulaciones presionado por la realidad y la exigencia social.
En nuestro país, la legislación sobre reproducción asistida, matrimonio, divorcio y aborto e investigación en materia de reproducción ha estado también condicionada por la posición de la iglesia católica y los legisladores conocen perfectamente esta situación. El ministro más vilipendiado de toda la transición y de la democracia fue Fernández Ordoñez y ello exclusivamente por haber impulsado una timidísima ley del divorcio. Desde entonces la iglesia católica ha estado movilizándose y amenazando a sus miembros y a los parlamentarios ante cualquier avance en los derechos civiles de las mujeres o homosexuales. Incluso amenazaron a los parlamentarios católicos con la excomunión.
Hoy incluso los partidos políticos más conservadores en España saben que no pueden mantener la moral católica en la legislación civil y ello porque atenta contra los derechos humanos más elementales y viola los tratados internacionales. Esta circunstancia debería ser un aliciente para que los nuevos partidos y los partidos más progresistas impulsen una reforma del código penal que despenalice totalmente el aborto y también supriman los ignominiosos artículos 523, 524 y 525 que hacen que ,en el siglo XXI, la blasfemia -disfrazada bajo el eufemismo de «ofensa a los sentimientos religioso»- siga siendo considerada un delito y que por ello puedan, al final, ser condenados estas/ tos valerosas jóvenes que denunciaron- cuando se debía denunciar- el intento de involución en materia de aborto que el ministro Gallardón quería hacer en colaboración con la Iglesia católica.
Antonio Gómez Movellán y Juan Picó, son miembros de Europa Laica (laicismo.org)
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