El llamado gobierno progresista ha conseguido la aprobación de la ley que regula la eutanasia con los votos en contra de la derecha (PP, UPN y Vox) que intencionadamente confunden el derecho a una muerte digna con una obligación.
PSOE y UP han sacado adelante esta ley, ampliamente respaldada por la sociedad española, un triunfo y un paso más en una sociedad avanzada, puesto que era una tarea pendiente que nuestra legislación tenía.
La respuesta de la derecha y ultraderecha ha sido la habitual, esto es, oponerse a toda ampliación de derechos, pero después son los primeros en acogerse a estos derechos, como ocurrió con el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual. El argumento dado por esta derecha montaraz y retrograda de que si se aprobara una ley de cuidados paliativos no haría falta la eutanasia, se cae por su propio peso, cuando sabemos que ha sido precisamente la derecha la que ha llevado a cabo sistemáticamente un gran recorte en la sanidad, empeorando el acceso a los tratamientos por aquellas personas enfermas y haciendo que su atención esté cada vez más descuidada cuando no abandonados a su suerte y sufrimiento.
Pero si bien esta actitud de la derecha no sorprende, lo que verdaderamente ha sorprendido ha sido la actitud de la Iglesia Católica, que no ha sido tan beligerante como en las tramitaciones de las normas que regulan los derechos anteriormente citados. Los posibles motivos de este aparente cambio de actitud, al menos, merece una mínima reflexión.
La orden, aunque negada y sí probada documentalmente, que se dio por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que no se trasladaran a aquellos ancianos residentes en residencias enfermos de COVID a hospitales en caso de necesitarlo, sobre todo si no disfrutaban de seguros médicos privados, dejándolos morir abandonados en sus camas, prueba el cinismo e hipocresía de la derecha. Pero el silencio de la Conferencia Episcopal ante esta atrocidad fue muy llamativo y aunque desde diversos medios se le pidió que intercediera, esta Iglesia tan defensora de la vida, por encima de cualquier cosa, no salió en ningún momento a denunciar o tan siquiera a mostrar su desacuerdo con dicha decisión, guardó un absoluto mutismo al respecto.
Poco más tarde, se supo que Ayuso aprobó con un millonario contrato -fijado en cuatro años, aunque podría prorrogarse- con la Provincia Eclesiástica de Madrid, donde se destinó un millón de euros para que hubiera suficientes curas en los hospitales, mientras la Sanidad se encontraba al borde cuando no colapsada del todo, por la gran falta de personal y material sanitarios que se necesitaba (y se sigue necesitando), ocasionando esto que numerosos pacientes hayan fallecidos por no haber sido debidamente atendidos. A lo mejor, estos hechos y los casos de obispos y curas que se han saltado el turno de vacunación, pueden justificar el silencio aquel y la actitud contemplativa de la Conferencia Episcopal ante la ley de la eutanasia porque los palos le podían haber caído por todos los lados.
El acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos establecía llevar a cabo modificaciones legislativas para poder facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia que ha posibilitado el saqueo y expolio de numerosos bienes y propiedades.
El PSOE, incumpliendo su acuerdo con UP, ha vaciado de contenido el acuerdo. En primer lugar, porque ha limitado sus efectos a las inmatriculaciones realizadas entre 1998 hasta 2015, algo que como era de esperar ha levantado la denuncia de numerosas organizaciones laicistas. En segundo lugar, porque no se han aprobados normas que anulen los actos jurídicos ejecutados con el único objeto de apropiarse de bienes que deben ser titularidad del patrimonio público, histórico, social o colectivo, como se exigía desde UP. Los afectados por las inmatriculaciones irregulares tienen que acudir a la justicia ordinaria para poder recuperar sus patrimonios. En ambos casos, la Iglesia Católica sale beneficiada.
No sabemos si la actitud del PSOE ante las abusivas inmatriculaciones de la Iglesia y el gran silencio de la Iglesia respecto a la Ley de Eutanasia, es fruto de un acuerdo entre ambos, aunque sea de forma tácita.
También es cierto que la Iglesia Católica española ha encontrado un actor político (Vox) que sin complejos y con vehemencia talibana defienden los mismos postulados, lo que ahorra a la vetusta Conferencia Episcopal el desgaste social en estos momentos, pero sí se beneficia de los resultados, si los hubiere.
¿Silencios a cambio de beneficios? En política, como en otros ordenes de la vida, las casualidades no existen.