El 28 de octubre la iglesia católica española celebró fastuosamente en la Plaza del Vaticano la beatificación de 498 «mártires de la República», reivindicando así la reaccionaria «Santa Cruzada» en la que tuvieron un papel destacado. Una nueva provocación, respaldada por la jerarquía del Vaticano El acto coincidió con la tramitación de la Ley de […]
El 28 de octubre la iglesia católica española celebró fastuosamente en la Plaza del Vaticano la beatificación de 498 «mártires de la República», reivindicando así la reaccionaria «Santa Cruzada» en la que tuvieron un papel destacado.
Una nueva provocación, respaldada por la jerarquía del Vaticano
El acto coincidió con la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica que tanto ruido ha levantado entre la derecha heredera del franquismo, incluida la propia iglesia. Una verdadera «Ley de punto final» que, como han denunciado numerosas asociaciones y colectivos, ni siquiera anula los juicios políticos y los consejos de guerra franquistas pero que, aún así, no es del agrado de quienes siguen reivindicando el alzamiento fascista.
El acto cuentó con el patrocinio del papado, lo que no debe sorprender conociendo el pasado hitleriano de Ratzinger, digno continuador del ultrareaccionario Juan Pablo II, quien inició en 1987 el proceso de beatificación de los religiosos españoles «mártires» de los «rojos». El 28 de octubre serán beatificados, y por lo tanto reivindicados como modelo de conducta ejemplar y digna de imitación, personajes tan siniestros como el obispo de Cuenca, quien organizó, financió y amparó la conspiración fascista y la represión republicana en su territorio. Este admirable «beato» no escondía sus motivaciones: «Ahora nos encuentra la revolución mejor organizados que en 1931 y, además, acostumbrados no sólo a sufrir, sino también a resistir». Del proceso de beatificación han quedado excluidos lógicamente religiosos tan poco ejemplares como los 16 vascos asesinados por oponerse a la sublevación franquista y sostener sus ideas republicanas y nacionalistas.
Una cuestión que sigue pendiente
El carácter profundamente retrógado y reaccionario de la iglesia española no es ninguna novedad. Durante siglos ha sido parte integrante de la vieja oligarquía dominante y el principal pilar ideológico de sustentación del orden en que ésta ha basado su dominio. De ahí el profundo sentimiento anticlerical arraigado en las clases populares del Estado Español, siempre presente en los períodos de gran agitación social. Y aunque los tiempos parezcan haber cambiado, a cada paso la iglesia, como todo el viejo orden franquista jamás depurado, vuelve a mostrar su viejo y verdadero rostro: el de los obispos manifestándose públicamente en defensa de la unidad de España, contra los matrimonios homosexuales, reclamando la obligatoriedad de la formación religiosa en la enseñanza….
En el Estado Español sigue pendiente la separación Estado – Iglesia, una vieja reivindicación de la revolución burguesa, antifeudal, que nunca se llevó a cabo. Una tarea pendiente que, sin embargo, volvió a estar planteada en el período de la revolución social de 1931-1939, uno de esos excepcionales y agitados momentos históricos en que el viejo sistema de explotación y opresión es cuestionado y donde cada cuál se sitúa del lado de la barricada donde están los intereses de su clase. Y la iglesia, como parte del viejo entramado de poder oligárquico y burgués, estuvo del lado franquista en el aplastamiento de una revolución que ponía en entredicho sus privilegios.
Privilegios y parasitismo social: viviendo del erario público
La reforma del franquismo, a través del llamado Pacto de la Transición, permitió preservar lo esencial del legado del régimen anterior: la monarquía instituida por Franco, el ejército franquista y la indisoluble «unidad de la patria» garantizada por él, el sistema económico y la propiedad burguesa… A la iglesia, por su parte, se le garantizó la continuidad de sus privilegios a través del llamado «Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos», un Concordato firmado en 1979 gracias al cual la iglesia mantiene un sistema de subvenciones públicas que arranca de 1837 y que sólo dejó de percibir en el período de la República. Gracias a él, la iglesia recibe más de 3.000 millones de euros anuales de dinero público: 141 millones a cuenta de un IRPF cuya recaudación real es menor, 600 millones de los sueldos de los profesores de religión, 600 millones en subvenciones a su red de centros, 125 millones en conservación del patrimonio artístico… además de la exención en el pago de numerosos impuestos (IVA, IBI, Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones…), privilegio este último que está siendo cuestionado incluso por la propia Unión Europea.
Por un Estado laico
El actual estado de cosas no se explica sin la responsabilidad de una izquierda institucional que con el Pacto de la Transición aceptó, entre otras cosas, la continuidad de los privilegios de la iglesia, abortando la posibilidad de una ruptura profunda con el viejo régimen y dando con ello nuevo aliento a la derecha más reaccionaria. En ese sentido la lucha por la verdadera separación Iglesia – Estado sigue siendo una tarea pendiente, sin duda inseparable de la lucha que hoy libran numerosos activistas por acabar con el régimen monárquico heredado del franquismo.