La pretendida neutralidad política de las Fuerzas Armadas españolas ha sido una falsedad o tal vez simplemente un fracaso. El origen de la situación actual se encuentra en la forma en que se llevó a cabo la llamada Transición.
Las reformas militares fueron exclusivamente técnicas y muy limitadas, llevadas a cabo por el turnismo de dos partidos dinásticos: PSOE y PP. Ambos tutelados por una dinastía borbónica ex novo diseñada por la dictadura.
La dinastía española
La actual dinastía está constituida jurídicamente por una cadena cuyo primer eslabón es el dictador Francisco Franco y se transmite a sus herederos, es decir a su línea sucesoria: Juan Carlos en primer lugar, y actualmente a su hijo Felipe, por abdicación de su padre. El último jefe de la dictadura, Juan Carlos I, pese a la Constitución de 1978, continuó siendo Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, revistiéndose de una inviolabilidad absoluta; es decir, de impunidad frente a cualquier delito; inviolabilidad absoluta que ha heredado su hijo Felipe VI.
Todos los embrollos financieros vinculados a la Familia Real, incluidos sus presuntos delitos económicos, siguen su recorrido; sin que se sepa a ciencia cierta como acabarán, pues existe la seria sospecha de que el Rey emérito ha sido alertado por la propia Administración para que pueda eludir sus presuntas responsabilidades penales.
En concreto, se trata de aquellos presuntos delitos cometidos por el Rey emérito tras su abdicación; los anteriores ni siquiera son investigables en España, pues están blindados por su inviolabilidad absoluta; al igual que los presuntos delitos que hubiese podido cometer, o pueda cometer en el futuro, su hijo Felipe VI tras la abdicación de su padre.
Dicho sea de paso: nadie puede renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido, pues así lo dispone el artículo 991 del Código Civil.
Los aparatos coercitivos del Estado español
Ni los ejércitos, ni la policía, ni la judicatura fueron depurados de elementos fascistas al término de la dictadura, como sí sucedió en otros países de nuestro entorno -por ejemplo, Portugal, Francia, Italia o Alemania- sino que, por el contrario, se penalizaron y se siguen penalizando las actitudes democráticas, con especial ensañamiento cuando se trata de militares progresistas.
Prueba de ello fue la Ley de Amnistía, promulgada en octubre de 1977, que amnistió los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que son imprescriptibles, mientras se expulsaba del Ejército a los compañeros detenidos a finales de julio de 1975, condenados a largos años de prisión en consejo de guerra por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD), disuelta a finales de junio de 1977.
Por si fuese poco, dicha Ley de Amnistía, preconstitucional, fue redactada de forma tal que fuese posible expulsar a los militares demócratas que aún no habían sido procesados, en particular al entonces capitán, piloto de reactores, José Ignacio Domínguez, portavoz de la UMD en el exilio.
Nuestro compañero fue condenado en consejo de guerra el 27 de diciembre de 1977, después de las pretendidas elecciones libres del 15 de junio de 1977; es decir cuando los Señores Diputados llevaban ya seis meses ocupando sus escaños; el fiscal militar pedía una pena de quince (15) años de reclusión. Véase: “CASOS VERIDICOS DEL CAPITÁN DOMÍNGUEZ” por Fidel Gómez Rosa, prólogo del ex JEMAD Julio Rodríguez (Europa Ediciones).
Este rechazo formal del nuevo régimen a los valores democráticos vehiculados por la UMD en las Fuerzas Armadas, blindó al fascismo militar frente a la posible difusión de los citados valores en su seno, manteniendo el ejército un sistema de valores propio, ajeno a la sociedad.
La crisis democrática del régimen
Es incomprensible -por ilógico- que un régimen nacido de tal cambalache dé lugar a una situación de “plena normalidad democrática”, pues no tiene antecedentes que lo justifiquen. Las condiciones iniciales y de contorno de la Transición han determinado su evolución. Lo que explica el callejón sin salida al que nos abocamos: una triple crisis, sanitaria, social y democrática.
Cuatro décadas después seguimos con una monarquía impuesta por la dictadura. Sin embargo, la clave de bóveda del sistema del 78 -la Corona-, carcomida por una corrupción galopante, se encuentra en estado ruinoso, con la consiguiente amenaza de derrumbe sobre nuestras cabezas; algo que está a la vista de todo el mundo.
Por ello, resulta cuando menos preocupante que aún no se haya formulado un pacto entre las fuerzas republicanas, sean o no independentistas, de solidez bastante, para poner rumbo sin más dilación hacia la República o Repúblicas; previendo el desplome de la monarquía, residuo tóxico de una dinastía inviolable; y, como se puede constatar, imposible de reformar en un sentido democrático, pues es la propia monarquía el obstáculo que lo impide.
Prueba de ello son las actitudes reaccionarias de ciertos personajes del bloque monárquico, como el Sr. Leguina, cuyo reciente artículo en ABC, “Volver a la sensatez” indica a las claras cual es la estrategia de los poderes dominantes: Es preciso un cambio de rumbo que inicie una Segunda Transición, cogidos de la mano PP y PSOE (ya sin Sánchez), con el fin de pactar varias leyes… En fin, basura ideológica salida de la rancia factoría del felipismo.
La crisis democrática se refleja también en el aparato militar del régimen. Efecto resultante de ello es el enorme desequilibrio existente en el tratamiento de las diferentes ideologías, debido a una justicia militar de parte, según sea la orientación política del militar afectado; es decir, de sus convicciones. Se trata, pues, de un ejército confesional, dotado de un clero castrense, y de una justicia militar no menos confesional, que persigue el disentimiento religioso o político -es decir, cualquier opción que se aparte de sus dogmas nacionalcatólicos-, contraviniendo injustamente la exigible igualdad de sus miembros ante la ley.
Las infracciones cometidas por militares en activo, expresando públicamente sus posiciones ultraderechistas -o incluso profiriendo amenazas, parapetados cobardemente tras sus galones- no tienen finalmente ninguna consecuencia punitiva; generalmente se trata de militares monárquicos, de ideología afín al partido ultraderechista VOX.
Por el contrario, militares que defienden valores democráticos son acosados, penalizados en su carrera y en algunos casos expulsados sin la menor contemplación; tras sufrir una investigación, de dudosa legalidad constitucional, sobre sus convicciones democráticas.
En palabras de nuestro compañero Luís Gonzalo Segura, Oficial del Ejército expulsado por ser denunciante de corrupción de mandos militares: En Francia, Sánchez realiza una ofrenda a Azaña con Macron. En España, Margarita Robles ratifica la expulsión del cabo Santos por declararse republicano en las redes sociales tras ser sancionado por firmar un manifiesto antifranquista con un ‘Salud y República’. Es el PSOE.
Parte de los descendientes de los militares y jueces de la dictadura franquista siguen conservando, de forma más o menos activa, ideologías ultraderechistas, manteniendo posiciones dominantes en el aparato militar o judicial, debido entre otras causas a la endogamia en el acceso a la carrera militar o judicial. Su inquietante activismo ha puesto en rojo el semáforo de los militares demócratas; una luz roja que nos alerta del peligro existente.
La irrupción de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados -esta vez por vía electoral-, y en los Parlamentos autonómicos, alienta la reorganización y proselitismo de tramas afines, que siguen estando muy presentes en los aparatos del Estado español, en particular en sus fuerzas armadas y policía, como hemos alertado en más de una ocasión los diversos colectivos de militares demócratas.
Europa y la paz
La proliferación de tramas neonazis en España y en el resto de Europa puede poner en grave peligro la paz en un futuro no tan lejano; fenómeno agravado por la aguda crisis institucional, política y social por la que atraviesa nuestro continente, consecuencia de la crisis económica y de la descomposición de la democracia, agudizados por la crisis sanitaria.
El ascenso inquietante de nuevas formas de fascismo en Europa está siendo potenciado por los aspectos más lesivos del Tratado de Maastricht, que reducen el margen de maniobra económico de los países del Sur, focalizando las enormes contradicciones generadas por la crisis. Fenómenos que deben alertarnos a todos los demócratas y progresistas europeos, pues en los años 30 y 40 del siglo pasado dieron lugar a episodios de violencia extrema que arrasaron el continente.
Aquella pavorosa hecatombe fue consecuencia directa de la ceguera de las democracias europeas, que no reaccionaron a tiempo ante el paulatino ascenso de los partidos fascistas, que acabaron asaltando las instituciones democráticas, apoyados en la gran crisis económica del 29. Afrontar en nuestros días el mismo fenómeno requiere, además de acciones locales, una acción coordinada a escala europea y, posiblemente, la refundación de la Unión sobre bases democráticas más sólidas y socialmente más justas.
La actual política neoliberal de la Unión Europea nos aboca a una competencia global en mercados desregulados, es decir aquellos en los que los precios son establecidos exclusivamente por el equilibrio entre la oferta y la demanda -la ley de la selva del liberalismo capitalista: todos contra todos y sálvese quien pueda- haciendo inviable el llamado estado del bienestar en Europa; especialmente en los países del Sur.
Como consecuencia de la crisis y de la debilidad del movimiento obrero, proliferan los nuevos fascismos de forma descontrolada en la sociedad, incidiendo en los aparatos coercitivos -militar, judicial y policial- que están siendo infiltrados por ideologías neonazis. Esto puede llegar a representar un serio peligro para la democracia y la paz, en la Europa de nuestros días.
Impulsemos, pues, el dialogo y la colaboración fraterna en el movimiento republicano en su conjunto, seamos o no independentistas, pues no existe otra alternativa: o nos salvamos juntos o perecemos. Mientras tanto, unamos nuestros esfuerzos apoyando la amnistía para los presos políticos y exiliados catalanes, tal como piden, entre otros colectivos pro-Derechos Humanos: Òmnium Cultural y Amnistía Internacional.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío, militó en la UMD, miembro de Anemoi, socio del Foro Milicia y Democracia, presidente federal de Unidad Cívica por la República.
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