El entierro de Juan Martínez Galdeano, fallecido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), terminó con una concentración frente al cuartel de la Guardia Civil de esa localidad en la que los manifestantes profirieron gritos de»asesinos» dirigidos contra los agentes del Instituto Armado. Desde las páginas de Insurgente hemos denunciado […]
El entierro de Juan Martínez Galdeano, fallecido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), terminó con una concentración frente al cuartel de la Guardia Civil de esa localidad en la que los manifestantes profirieron gritos de»asesinos» dirigidos contra los agentes del Instituto Armado.
Desde las páginas de Insurgente hemos denunciado constantemente, tanto en las noticias como en los artículos de opinión, la práctica sistemática de la tortura en el Estado español. Y lo hemos hecho aportando datos objetivos como son los informes del Relator Contra la Tortura de la ONU y los de Amnistía Internacional, los cuales han sido calificados, en más de una ocasión, por el Gobierno español como «ideas preconcebidas».
Por esas razones no deja de sorprendernos que el Ministerio de Defensa, de acuerdo con el de Interior, solo haya acordado, como primera medida, sancionar con seis meses de suspensión de funciones al teniente del cuartel, quien, al parecer, fue uno de los que más participó en las torturas, siendo, además, por razón de su grado, el máximo responsable de lo sucedido.
De la sorpresa hemos pasado a la indignación cuando el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, afirmó que el teniente tiene completamente limpio su expediente personal. Gómez Arruche afirmó que «hay un asunto de un joven que le había dado un cabezazo al teniente, pero que se sepa no tiene nada contrario en su expediente personal y eso es lo que vale».
En el pasado mes de febrero, dicho teniente fue denunciado por el padre de un joven al que detuvo en su coche y, tras apuntarle en la cabeza con su pistola reglamentaria, lo detuvo y llevó al cuartel, en el que -según afirmación del padre del chico realizadas en televisión- fue vejado, y apaleado sistemáticamente por espacio de dos días. Por lo visto, el director general de la Guardia Civil, entiende como un «simple» cabezazo a la tortura. Ahora entendemos la facilidad con la que se archivan los casos en los que están implicados los represivos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Al hilo de lo ocurrido nos gustaría que el régimen de Madrid respondiera por lo menos a dos preguntas: ¿Cómo es posible que el teniente siguiera al mando después de lo sucedido meses antes y, además, tuviera el expediente limpio? ¿Cómo es posible que en el País Vasco el autor de la quema de un cajero es ingresado inmediatamente en prisión, y se expone a una pena que puede rondar siete años, y, por el contrario, los agentes de la «Benemérita», que han torturado hasta la muerte a un ciudadano, ni siquiera están encarcelados y solo se les ha suspendido temporalmente en sus funciones?.
Debe ser la diferencia que existe entre los que sirven al régimen y los que se le oponen.