Si antes lo denunciamos, antes sucede. Ya había señales poco alentadoras en el caso de la muerte de un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, habló de abuso de funciones y abuso de autoridad sin tener el valor […]
Si antes lo denunciamos, antes sucede. Ya había señales poco alentadoras en el caso de la muerte de un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, habló de abuso de funciones y abuso de autoridad sin tener el valor suficiente de llamar a las cosas por su nombre: torturas.
Poco después- en total impunidad porque los nueve implicado debían de estar en prisión desde el primer momento de conocerse los hechos- uno de los agentes, se permitió el lujo de asegurar públicamente, en una emisora de la cadena COPE(portavoz de la ultraderecha), que él y sus compañeros tenían la conciencia tranquila y que se sentían dolidos porque la opinión pública les había dado la espalda. Otro, que reclamaba la presunción de inocencia, declaró que el detenido se autolesionó como consecuencia del forcejeo. Vaya, por fin hemos descubierto la causa de la rotura del esternón. Pero¿ no se lo rompieron a consecuencia de los «masajes» cardíacos efectuados para reanimarlo? A una persona que medía 1,86 y pesaba 110 kilos es difícil provocarle una lesión así, solo con «humanitarias» maniobras de reanimación.
Esto sucede porque durante años y años, los medios han estado dignificando y ensalzado a uno de los Cuerpos de Seguridad más temibles del estado español, con una siniestra fama y un amplio, y tenebroso, historial represivo a sus espaldas. En consecuencia, muchos de sus agentes, no todos por fortuna, han llegado a endiosarse creyéndose una especie de superhéroes al sentirse arropados por organizaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo(AVT), cuyo talante todos conocemos.
Las noticias hablan por sí solas: guardias civiles que golpean a un ex concejal de EH en Lizarra, guardias civiles fuera de servicio(uno de ellos dio positivo en el control de alcoholemia) que golpean a un joven, y disparan al aire en Pamplona, etc. etc. Yo mismo los he visto, en grupo, con chalecos antibalas, portando armas automáticas, en actitud desafiante y mirada provocadora, un día cualquiera, en el andén de la estación de ferrocarril de Gernika.
Después de decirnos durante años lo contrario, ahora resulta que la alarma social no puede fundamentar una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva. Así lo afirma el auto de la jueza que lleva el caso, que además llama a la tortura «extralimitarse en sus funciones» y reconoce que el teniente, utilizó un arma prohibida como es la porra eléctrica. Resultado: libertad con cargos después de haber torturado, hasta la muerte, a un semejante. Sin embargo las cárceles españolas están llenas de gente que lleva meses, a veces años, esperando un juicio, muchas veces por conductas de limitada gravedad penal.
Y por supuesto que hay alarma social. Se ha podido ver en televisión a dos bandos enfrentados. Familiares de guardias civiles(en patética minoría) exhibiendo pancartas que ensalzaban al Instituto Armado que fueron arrebatadas y arrojadas al suelo por personas indignadas, incluso surgió un anciano pidiendo respeto para la «Benemérita». Y exigía ese respeto, nada más y nada menos, que enarbolando una pistola que, dicen, era de fogueo.
Ahora, ante la ofensiva mediática del Partido Popular, el ministro del Interior ha solicitado un informe sobre hechos similares que hayan ocurrido en cuarteles de la Guardia civil desde 1996. Tanto al Partido Socialista, como al Partido Popular, les trae sin cuidado el problema de la tortura en el Estado español. De no ser así, les habría bastado con hacer caso a las denuncias presentadas por el Relator Contra la Tortura de la ONU o de Amnistía Internacional, denuncias que siempre han ido a parar al baúl de los recuerdos. Evidentemente, en este suceso, unos y otros se mueven por cuestiones electoralistas. En la bicefalia que se turna en el Gobierno, la indignidad y la falta de ética lo domina todo.
Seamos sinceros: ¿qué podemos esperar de un Estado español donde los imputados Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa que cumplía una condena de 71 años, solo ha estado un año en prisión porque fue excarcelado debido a» una enfermedad del corazón, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo «cumple» su condena de 75 años en su domicilio de Madrid, gracias al Gobierno actual, y Rafael Vera sale de la cárcel seis horas diarias para curarse una»depresión»?
Me gustaría que, de esta historia de torturas y muerte, no tuviera que escribirse una tercera parte. Eso sería indicativo de que se habría aplicado una condena justa. Pero soy escéptico porque los antecedentes indicados, señalan que, el régimen de Madrid, nunca castiga severamente a sus servidores.