Casi medio siglo después de los hechos, en un país que se desgarra las vestiduras ante el mundo proclamando lo auténtica que es su democracia, los asesinos de los cinco jóvenes antifascistas que murieron al alba del día 27 de septiembre del año 1975, siguen sin ser juzgados.
Estos sicarios criminales, desde patibularios magistrados a militares asesinos, cuyos nombres son de sobra conocidos porque sus firmas figuran en la sentencia de muerte, no solamente no han expresado ningún tipo de arrepentimiento por los asesinatos que promovieron, sino que aquellos que aún están vivos siguen sintiéndose orgullosos y haciendo apología de sus sanguinarios crímenes. Pero lo que resulta escandalosamente insultante es que los tengamos sentados en los escaños del Parlamento… ¿Cómo se ha permitido a sus herederos ostentar representación parlamentaria a través de esa despreciable formación política que responde al nombre de “Vox” y que se enorgullece de haber cometido aquellos crímenes?
Aquellos magistrados abyectos, militares asesinos y hasta los mismos policías que se presentaron voluntarios para hacer de verdugos y fusilar a cinco jóvenes inocentes, hoy día siguen campando a sus anchas, cobijados bajo la absoluta impunidad que les otorga un Estado que, en el año 2021, sigue comportándose como cómplice de aquellos asesinatos. Queda claro que los sicarios que en España cometen asesinatos en nombre del Estado, gozan de impunidad absoluta.
Esa garantizada impunidad por parte de los jueces para asesinar a personas desamparadas tuvo uno de sus más execrables crímenes el pasado año 2017 en Ceuta, cuando una docena de guardias civiles dispararon contra un grupo de inmigrantes indefensos que tan sólo pretendían alcanzar a nado la playa. Mataron a 14 de ellos y dejaron un número indeterminado de heridos. La sentencia de una despreciable jueza de instrucción, corroborada por una no menos despreciable Audiencia Provincial con sede en Ceuta, los absolvió de su abominable crimen y les garantizó impunidad contra cualquier asesinato similar que cometieran en el futuro.
Hablemos claramente, es lo menos que debemos a esos cinco jóvenes antifascistas que fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975: desde el momento en que los verdugos que firmaron y promovieron aquellos fusilamientos hace 46 años no han sido aún juzgados, sus herederos siguen gozando de total impunidad para cometer asesinatos. Igualmente siguen contando con la complicidad de una justicia abyecta, una justicia que sigue amparando a torturadores y asesinos cuando estos llevan uniforme, una justicia ramera y despreciable bajo la cual los sicarios nunca pagan por sus crímenes, una justicia podrida que choca, una y otra vez, contra los tribunales que defienden los derechos humanos en Europa.