En el estado español están presentes diferentes colectivos colombianos de izquierda que pretenden, desde la perspectiva de los movimientos sociales, difundir los aspectos menos visibles de la realidad colombiana: violación de los derechos humanos, luchas antiimperialistas, implantación del neoliberalismo, entre otros. Fernando Prieto forma parte del colectivo radicado en Valencia. Existen otros de características similares […]
En el estado español están presentes diferentes colectivos colombianos de izquierda que pretenden, desde la perspectiva de los movimientos sociales, difundir los aspectos menos visibles de la realidad colombiana: violación de los derechos humanos, luchas antiimperialistas, implantación del neoliberalismo, entre otros.
Fernando Prieto forma parte del colectivo radicado en Valencia. Existen otros de características similares en Asturias, Zaragoza, Madrid, Barcelona o el País Vasco. Trabajan en la «Red Europea de Solidaridad con Colombia», formada por organizaciones sociales europeas y colombianas, que defienden la soberanía alimentaria, el territorio y los recursos naturales. Uno de sus principales objetivos es acercar al estado español a líderes colombianos de las organizaciones populares, para que ofrezcan un testimonio directo de los conflictos por la defensa de la tierra.
Las elecciones presidenciales del pasado domingo han concluido con la victoria del uribista Santos. ¿Considera que había diferencias sustanciales con Mockus, la candidatura alternativa?
Se trata del mismo monstruo pero con dos cabezas. Los dos defienden las privatizaciones, el neoliberalismo y en ningún caso van a la raíz de las injusticias sociales. Todo ello aderezado con una considerable ayuda mediática. No existen, por tanto, diferencias aunque a veces puedan presentarse con estilos diferentes. Ambos coinciden, asimismo, en vincular el Polo Democrático Alternativo a la guerrilla con el único fin de manipular a la opinión pública.
¿En qué situación queda el Polo Democrático Alternativo, que consiguió un 9% en la primera vuelta? ¿Constituye una alternativa desde la izquierda?
El Polo es una opción similar a lo que podría ser Izquierda Unida en España. Tuvo un auge notable en las elecciones de 2006, cuando se convirtió en la segunda fuerza electoral de Colombia. Hoy es la cuarta, sobre todo por dos razones: la incapacidad en ocasiones de dar respuestas a la velocidad que requiere la coyuntura; y las luchas intestinas entre las facciones de Petro y Gaviria, los dos principales dirigentes del Polo. Estas disputas, habitualmente poco operativas, se han producido a la hora de establecer alianzas, las relaciones con Venezuela o fijar una posición respecto a la guerrilla.
Además de la izquierda política, ¿qué perspectivas se les presentan a los movimientos sociales?
En este punto existe un panorama complejo. Hay un primer sector dentro de los movimientos sociales que tiene como referencia al Polo Democrático Alternativo; por ejemplo, organizaciones indígenas, de campesinos, de la clase obrera y estudiantes. Sin embargo, otra parte de los movimientos sociales mantiene su autonomía y elabora sus propios proyectos políticos. En este apartado podemos incluir a las guerrillas y a un sector de los colectivos indígenas, entre otros.
La represión se ceba con las organizaciones populares. Uno de los ejemplos más notorios es el de los sindicatos. De hecho, Colombia fue el país con más sindicalistas asesinados en 2009, un total de 48. ¿No permiten estos datos cuestionarse la democracia realmente existente?
Por supuesto. Una de las grandes medallas que puede colgarse el estado colombiano es la de la impunidad frente a la represión. La mayoría de los asesinatos que citas se debe a la entrada de transnacionales en el país vinculada a la explotación de recursos naturales. Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands o Drumond son compañías implicadas en los homicidios. Los asesinatos perpetrados contra líderes sindicales constituyen tal escándalo que hasta Estados Unidos, de manera sumamente hipócrita, los ha utilizado como excusa para no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia.
El final de la campaña electoral y de las votaciones deja sobre la mesa el escándalo de los «falsos positivos» (cerca de 2.000 campesinos ejecutados por parte de las fuerzas militares, que los hicieron pasar por guerrilleros). ¿Confía en que se produzca algún tipo de investigación?
En absoluto, porque la muerte de los «falsos positivos» responde a una política de estado que a buen seguro continuará desarrollándose. Se trata de ejecuciones extrajudiciales de civiles, algo desgraciadamente muy habitual en Colombia. Estos crímenes se explican por la necesidad de vender a la opinión pública que el estado se está imponiendo en el conflicto con la guerrilla. Por si fuera poco, se han producido ascensos y remuneraciones de militares, en ocasiones pagadas con fondos de la cooperación internacional. El caso de los «falsos positivos» no es, por tanto, ninguna excepción y si ha salido a la luz, ha sido sólo por el esfuerzo de los familiares de las víctimas.
Ante este escenario de impunidad, que el Relator Especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales ha cifrado en un 98,5%, ¿deberíamos poner entre comillas o en cursiva la idea de democracia en Colombia?
En Colombia se da un concepto muy particular de democracia. La corrupción, las desigualdades y la violación de los derechos humanos campan a sus anchas. La justicia es burocrática e injusta y desemboca en la impunidad. Está claro que cuando hay denuncias contra dirigentes políticos, militares, o grupos paramilitares, comienzan las amenazas a las familias de los denunciantes. De este modo consiguen que desistan en el procedimiento. Además, cuando algún luchador social muere asesinado, la versión oficial siempre achaca su muerte a «fuerzas oscuras». Así no se investiga el crimen, hasta que finalmente prescribe. Pero nos queda un atisbo de esperanza. La firma de determinados protocolos internacionales ha forzado al gobierno colombiano a investigar algunos de estos asesinatos.
Otro baldón que tizna el sistema político colombiano es la «Narcopolítica». Senadores, diputados, ministros, embajadores, militares, parientes cercanos a Uribe están bajo investigación judicial o condenados por crímenes.
Hay una larga histórica detrás de la «Narcopolítica», que nos remite al mundo de las élites, su apropiación del poder, y la exclusión política de la mayoría de la población. Desde la fundación de la república, hace aproximadamente 200 años, una élite detenta la hegemonía en Colombia. Son las grandes familias de notables y terratenientes. A esta élite pertenece Santos. Sin embargo, hace más o menos una década surge otro grupo dentro de la oligarquía, ligado al narcotráfico, del que forma parte Uribe. Estas dos facciones de la clase dominante se hallan actualmente en conflicto.
Oficialmente el Gobierno reconoce que existen 20,5 millones de pobres y 8 millones de indigentes entre los 44,5 millones de habitantes del país. ¿Padece especialmente Colombia las consecuencias del neoliberalismo?
No particularmente. El neoliberalismo es al fin y al cabo una política imperialista que no sólo afecta a Colombia, sino a los países débiles de todo el mundo. Estas políticas penetran en Colombia en la década de los 80 y se materializan en la privatización de la sanidad y la educación o en cuestiones tan básicas como que mucha gente quede sin acceso a los alimentos. Las cifras que apuntas no son sólo un problema de Uribe sino de las consecuencias del neoliberalismo sobre toda la humanidad.
Mientras, crecen las partidas del gasto militar…
En Colombia el gasto militar es un absoluto desafuero. Tanto si lo ubicamos en el contexto latinoamericano como en el de un país con tantos problemas económicos y sociales. Un ejemplo de todo esto son las siete bases militares que Estados Unidos pretende implantar en territorio colombiano. Con acierto Chávez ha denominado a Uribe como un «cachorro del imperio». No en vano la élite colombiana se jacta de que somos el «Israel latinoamericano». Entre otras posibilidades, los acuerdos de las bases permitirán el desplazamiento de grandes contingentes militares y garantizarán la inmunidad diplomática a los soldados estadounidenses, a los que no se podrá juzgar con las leyes colombianas. Por si fuera poco, Uribe ha firmado estos acuerdos sin pasar por el parlamento, en un evidente ejemplo de autoritarismo.
¿Qué papel juega Chávez en relación con el «establishment» político colombiano?
Chávez es el chivo expiatorio de los políticos del sistema para promocionar dentro de los aparatos del estado y también para frenar cualquier posibilidad de crecimiento de la izquierda. Constituye un recurso habitual para el «establishment» asimilar interesadamente la izquierda a Chávez y a la guerrilla. Este es el marco que imponen en sus discursos.
Grandes grupos de comunicación y editoriales españoles como PRISA y Planeta han desembarcado con fuerza en Colombia. ¿Cómo observa el panorama mediático?
PRISA es propietario de Caracol radio, un medio con gran penetración. Planeta ha desembarcado recientemente en «El Tiempo», un periódico progubernamental, el único con tirada nacional, asociado tradicionalmente a la familia Santos. Dos claros ejemplos del discurso único impuesto por los medio los hallamos en el conflicto armado y el campo de la economía. Así, el gobierno colombiano elabora determinados protocolos que cumplen medios de comunicación como «El Tiempo» así como la prensa extranjera. Por eso nunca se habla de «conflicto armado» sino de «terrorismo». También se habla de bonanza económica cuando son rentables las inversiones para las transnacionales. Por el contrario, las violaciones de los derechos humanos parece que no existan. Todo esto hace mucho más compleja la labor de los medios alternativos.
¿Cuál es su opinión acerca del conflicto armado que vive Colombia y la posibilidad de un proceso de negociación?
Las élites políticas y los militares no están interesados en el diálogo. Santos habla, por el contrario, de «política de seguridad nacional» y de «derrota militar». Estas consignas las ha asumido buena pare de la población colombiana, que sufre una creciente derechización. Los movimientos sociales apuestan, por el contrario, por la vía del diálogo y la negociación, dos presupuestos sin los cuales no existe la democracia y es imposible resolver el conflicto. Pero abrir el cauce de la participación popular podría socavar el poder de la oligarquía y la utilización que hace del conflicto armado como negocio. Por eso no se admite una oposición crítica. A todo el que se cuestiona el discurso oficial se le tacha de guerrillero o izquierdista.
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