Amnistía Internacional ha publicado este martes un informe sobre los casos de presunta sustracción de menores en España durante más de 50 España, desde la Guerra Civil hasta los años 90. La ONG concluye, tras investigar durante tres años sobre los llamados ‘bebés robados’, que miles de personas en nuestro país pudieron ser víctimas de “desaparición forzada” o de “sustracción y sustitución de identidades”.
Otra de las conclusiones principales de esta investigación es que el Estado ha pasado de ser responsable desde “la autoría o complicidad en los primeros años” a dar una respuesta “desinteresada, inadecuada e insuficiente” a las víctimas. Sin embargo tiene “la responsabilidad de investigar estos crímenes”. Las organizaciones de ‘bebés robados’, como Todos los niños robados son también mis niños, celebran esta investigación cuyas conclusiones coinciden con las suyas.
1. Sospechas legítimas
Tras investigar la sustracción de bebés en todo el Estado y entrevistar a 79 personas que buscan a sus familiares, Amnistía Internacional llega a varias conclusiones. Una es que “son muchas las mujeres que albergan sospechas legítimas de que pudieron haber sufrido la sustracción ilegal de sus hijos e hijas tras dar a luz”. A muchas de ellas se les comunicó que sus pequeños habían nacido sin vida o que habían fallecido poco después e nacer, pero negaban la posibilidad de ver sus cuerpos o de estar presentes en el entierro. En muchos casos no se les proporcionó información adecuada sobre las causas de estas muertes.
2. Desaparición forzada
Amnistía Internacional considera también que miles de personas en España pudieron ser objeto de “desaparición forzada”. Según el derecho internacional, este es un delito “de naturaleza continuada,” es decir, que sigue produciéndose hasta que se conozca la verdadera identidad del niño o la niña sustraída. Por lo tanto, no hablamos de crímenes que se refieran al pasado.
«Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida», explica Daniel Canales, investigador del informe.
3. La perspectiva de género
La contextualización basada en la situación de las mujeres durante el franquismo y el papel designado para ellas en la sociedad de entonces es crucial para entender que se pudieran producir crímenes tan atroces como la sustracción de menores. Amnistía Internacional describe “el contexto represivo de la posguerra”, especialmente a “la mujer republicana”. A ella se la “culpabiliza de la alteración de valores tradicionales”. Posteriormente “únicamente se valoraba a la mujer por su rol de madre” y “un matrimonio sin hijos era un matrimonio fracasado”. Por otro, la ideología franquista consideraba “mujeres caídas” a aquellas sospechosas de caer en la “inmoralidad” y el Estado debía “reeducarlas”.
“La suma de estas circunstancias puso en marcha un sistema para satisfacer la demanda de niños y niñas que aparentemente no tenían familia, o que merecían una familia apta para su crianza. Este sistema se vio favorecido por un marco legal con las suficientes deficiencias y lagunas como para permitir la sustracción de menores y su reasignación a otras familias en lo que hoy se conoce como ‘robo de bebés’”, se explica en el informe.
4. El dolor ante la impotencia
Uno de los hallazgos que destaca Amnistía Internacional en su investigación es “el dolor que acompaña al proceso de búsqueda” de madres y familiares, que “se acrecienta con el paso del tiempo y la ausencia de respuestas”. Se trata de angustia, culpa e incertidumbre que recae fundamentalmente en las madres, aunque no solo. Los hijos que buscan su verdadera identidad también atraviesan procesos muy dolorosos. Según destaca la ONG, “diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han reconocido el daño y el sufrimiento que origina esta situación, e incluso lo han calificado en ocasiones como tortura y otros malos tratos”.
El informe tiene testimonios como estos: «Lo que busco es un bebé muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo», de Marga Calvo que busca a su hijo nacido en julio de 1975. “Yo entiendo que haya padres que no se animen a denunciar aunque tengan sospechas, porque vivir esto es muy duro y agitador. Te cambia la vida, incluso te afecta a la salud, pero yo lo tengo que hacer porque soy así. No podría no hacerlo”, dice Izaskun Poza, que busca a su hijo gemelo nacido en 1975. “Yo doy por hecho que si no me pueden demostrar que mi hermano ha muerto, pues mi hermano no ha muerto, y está desaparecido. Y tengo todo el derecho del mundo a buscarlo. Y el Estado tiene la obligación de encontrarlo”, dice Flor Díaz.
5. El papel del Estado
En un primer momento, el Estado tuvo una “autoría o complicidad en los primeros años”, según Amnistía Internacional. El informe concluye que “pese a la promulgación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007, así como de diversa normativa a nivel autonómico en años sucesivos, el Estado español ha continuado sin observar plenamente sus obligaciones internacionales, y ha desatendido en su mayoría las recomendaciones formuladas por mecanismos internacionales de derechos humanos en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Primero, el Ejecutivo ha puesto en marcha algunos dispositivos con “un alcance limitado, carentes de competencias y objetivos para establecer los hechos”. Por otro, el poder Legislativo a nivel estatal todavía “no ha promulgado legislación específica que recoja gran parte de las medidas solicitadas por las víctimas”. Sobre las iniciativas aprobadas a nivel autonómico, la organización indica que “no ha podido constatar que su implementación esté suponiendo una ayuda efectiva para las víctimas”. En el ámbito judicial, “se ha aplicado la prescripción de la acción penal, en clara contravención con los estándares internacionales”.
6. Recomendaciones
En opinión de Amnistía Internacional ya “es hora de que las autoridades tomen medidas que den respuesta a las demandas de las víctimas y que puedan garantizar su derecho a la verdad (individual y colectiva), justicia y reparación».
La organización apuesta por que el Estado español adopte un «enfoque global». En el plano legislativo, piden que se promulgue una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de personas relacionadas con estos casos y reforme el Código Penal para asegurar que estas desapariciones no prescriban. Al Gobierno central se le recomienda que tome un rol activo en la coordinación y canalización de búsquedas, incluyendo el desarrollo de una base de datos a nivel estatal a la que las víctimas puedan acceder, con muestras de ADN de forma directa y gratuita. También revisar los Concordatos de la Santa Sede para que no supongan un obstáculo a la investigación. A las comunidades autónomas se les pide que garanticen la atención integral de las víctimas. Al poder judicial, reexaminar las causas penales cerradas y al Ministerio Fiscal, actuar de oficio. A la Conferencia Episcopal se le pide facilitar a las víctimas el acceso a los archivos parroquiales y de su competencia.