«La información sobre VIH es cada vez más sesgada y más sensacionalista»

Los efectos se observan a varios niveles. La pérdida de compromiso por parte del Ministerio de Sanidad y los servicios de salud de las Comunidades Autónomas con las entidades que llevan una larga trayectoria de trabajo dedicándose a la atención, prevención y promoción de salud provoca que muchas personas no puedan acceder a los recursos porque estas entidades no llegan a todo. La sobrecarga de trabajo sin reconocimiento institucional y sobre todo sin dotación económica o muy escasa, hacen que respuesta al VIH-SIDA esté siendo cada vez más baja e ineficaz. Desde las instituciones públicas no se parte de la salud como valor fundamental, lo que hace que se vaya dejando en manos de la comunidad la prevención y atención a grupos de población más desfavorecidos, aumentando y legitimando la desigualdad, el estigma y la marginación. El diseño de programas específicos, como por ejemplo de educación afectivo-sexual en colegios e institutos, difusión de información sobre la prueba del VIH, estrategias de prevención específicas, así como el desinterés por crear sinergias y colaboraciones entre administraciones como entre las de sanidad y educación, la reducción de inversión en investigación y un largo etcétera de políticas de recortes de derechos, marcan un escenario que a medio plazo hará aumentar las desigualdades y las barreras al acceso al sistema de salud. En estos días ya se están viendo personas que –aunque por el momento desde la administración sanitaria se sigan costeando los tratamientos relacionados con el VIH– ven problemas derivados de estos tipos de políticas que les dejan en la calle, sin recursos, sin trabajo, sin comida, sin apoyo.

Además, el desinterés de la administración por otros factores relacionados con el VIH, como la prevención de las coinfecciones, programas de mejora de adherencia a los tratamientos o las situaciones socio-económicas de las personas que viven con el VIH, agravarán también esta situación. Un ejemplo de este desinterés puede ser lo que pasó hace pocos meses con los nuevos tratamientos de la hepatitis C, coinfección muy frecuente en personas que viven con VIH. Tuvo que haber una movilización social importante para que al final la administración decidiera acceder a pactar con la industria farmacéutica para reducir el precio de estos fármacos y proporcionar tratamiento, aunque fuera en determinados supuestos muy controlados.

Vuelven y aparecen otros. Si nunca se fueron, han retomado fuerza. Los ejemplos los encontramos en el aumento de nuevos diagnósticos en jóvenes menores de 25 años, en hombres que tienen sexo con hombres o como últimamente estamos conociendo, nuevos casos en mayores de 50 años. El porcentaje de la población que no se ha realizado nunca la prueba es muy elevado y la información cada vez es más sesgada, más sensacionalista y menos reflexionada. Las personas trabajadoras del sexo, las personas que viven en lugares donde no es accesible la actuación de entidades u organizaciones no gubernamentales, las mujeres, también ven trabas al acceso a la atención e información. Los programas de educación afectivo-sexual, programas de reducción de daños y en general, de promoción de salud están desvinculados de la actuación institucional. Las entidades que trabajan en la comunidad son las únicas que con el esfuerzo diario por estar informadas y actualizadas, puedan dar información, pero con los límites económicos con los que se encuentran, cada vez la población tiene menos acceso a dicha información.

Pero es que además, algunas campañas que empiezan a llegar a nuestro entorno basadas en estrategias únicamente clínicas y farmacológicas, como la profilaxis preexposición, están legitimando de nuevo la idea aparentemente superada de «grupos de riesgo», estigmatizando a muchas personas y poniendo de nuevo la vista hacia el control, otra vez desde la medicalización de las poblaciones.

Desde luego la tradición católica pesa, como pesan las visiones paternalistas y victimizadoras. Dada la especificidad de las Comunidades Autónomas y las competencias que desde hace unos años tienen en materia de educación y sanidad, existe mucha diversidad. Por ello además, los intereses políticos de cada área geográfica, y las tendencias más o menos moralistas de los gobernantes, influyen sobre la inversión y el interés que se destina a la respuesta al VIH-SIDA. En zonas con mucha dispersión de población o con población rural, envejecida, falta de conocimiento sobre la realidad de las poblaciones, como por ejemplo las prácticas sexuales o las situaciones socioeconómicas reales, se utilizan para justificar la no inversión en programas educativos, de investigación o de prevención en colectivos específicos o que pueden mostrar mayor vulnerabilidad.

Por supuesto, es imprescindible. La discriminación y la invisibilización y legitimación de las desigualdades aparece cada día. Esto hace que sea necesario que las movilizaciones se lleven a cado de forma cotidiana, ante las instituciones administrativas que recortan libertades y derechos, ante las y los profesionales de salud que ponen en primer lugar sus prejucios y ante la desinformación a la que se ve sometida la población. Las implicaciones legales sobre la revelación del estado serológico por ejemplo en los lugares de trabajo, como la decisión de no contratación de personas que viven con el VIH, son también situaciones con las que hay que trabajar día a día. En estos días, se debe exigir a las instituciones administrativas que ejercan su papel en la promoción de la salud, con programas educativos, de intervención y asistenciales que den respuesta a las necesidades de la población, tanto si viven con VIH como si no. Esto hay que recordarlo y exigirlo día a día.

Esa sensación de invulnerabilidad tiene mucho que ver con los avances en los tratamientos, que hacen que muchas personas, sobre todo jóvenes, le quiten importancia a lo que supone vivir con el VIH, a la adherencia a los tratamientos, a las coinfecciones, a otras enfermedades de transmisión sexual, etc. La falta de campañas de difusión de información real sobre el VIH hace que se reduzca el interés y que apenas se hable del tema.

Por otro lado, esto puede tener que ver con intereses económicos, puesto que algunas nuevas estrategias preventivas, centradas más en aspectos clínicos o famacológicos, derivan en mayores beneficios económicos para las empresas y la promoción de salud hacia toda la población, se relega a «tratar» únicamente a aquellos colectivos que se consideran vulnerables.

El modelo biomédico hegemónico ha gozado del poder y el control de la población y esto en la actualidad es también así. Las necesidades de las mujeres y hombres que viven o no con el VIH son en general, poco escuchadas, a nivel global y en las consultas. Apenas existe proceso de participación para la toma de decisiones en cuanto a qué tipo de programas preventivos pueden ser más eficaces. El lenguaje y la comunicación entre profesionales de salud y pacientes es más unidireccional, lo que hace que en muchas ocasiones, cuestiones como qué tratamientos pueden resultar más o menos adecuados para la especificidad de las personas tratadas, sean dejadas de lado. Esto quiere decir que son las personas las que viven con el VIH de forma específica, nadie mejor que ellas conoce los efectos en su vida cotidiana de la integración o no de los cambios que exigen los tratamientos, los efectos secundarios que les producen, las dificultades para seguirlos o el lugar que ocupan en su escala de valores, sobre todo en momentos como los actuales, de importantes problemas económicos y sociales.

Este problema ya está en marcha a escala global. Desde la industria farmacéutica y los gobiernos se están priorizando actuaciones preventivas perversas en cuanto a la medicalización de grupos de población vulnerable, como por ejemplo los hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero… Estas instituciones a nivel global siguen pensando en la vulnerabilidad desde un enfoque epidemiológico tradicional y no epidemiológico-social, a nivel individual y grupal, con lo que llevan a trabajar otra vez, aunque no sea con esas palabras, con grupos de riesgo. Esa vulnerabilidad que incluye factores estructurales (homofobia, pobreza, estigma, discriminación, inequidad, migración) se convierte desde estos enfoques, en identificación de grupos de riesgo a los que hay que agrupar y medicar, como en el caso de la profilaxis pre-exposición. En EE UU y Canadá están accesibles estos medicamentos (para aquellas personas que pueden pagarlos) y la tendencia que se observa es a medicalizar a las poblaciones, como por ejemplo a los hombres que tienen sexo con hombres. Pero el problema aquí, en caso de que realmente se puede ofrecer una accesibilidad desde los sistemas de salud a nivel económico y social, es quién decide y cómo a quién ofrecer estos tratamientos, en qué circunstancias, cómo se garantiza la adherencia y sostenibiliad, entre otros. Por no mencionar dónde quedan la prevención primaria y la promoción de salud.

Está visto que los gobiernos y las famacéuticas dominan estos espacios, donde el empoderamiento de la sociedad y la lucha contra los factores estructurales que crean las desigualdades y favorecen la vulnerabilidad, no son sus objetivos. Así que, sí, tendremos que decir que alguien tendrá que hacer la prevención.

Que la sociedad, no los gobiernos, al menos hoy por hoy, tiene herramientas para trabajar contra la transmisión, las entidades que trabajan con la comunidad están dando respuestas a las necesidades y la implicación de la población está aumentando. Aún así, hay que seguir exigiendo la implicación de los gobiernos y visibilizar todo lo que se está haciendo desde las entidades en respuesta a las deficiencias existentes en el sistema, competencias que al fin y al cabo, deberían ser de las instituciones y que como vemos, no están cumpliendo.

 Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/24942-entrevista-angel-gasch-gallen.html