¿Está sirviendo la crisis económica como coartada para aplicar un tajo a los derechos básicos, especialmente de los colectivos marginados? A juicio de Salva Lacruz, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano, «la política de expulsiones y la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes considerados irregulares […]
¿Está sirviendo la crisis económica como coartada para aplicar un tajo a los derechos básicos, especialmente de los colectivos marginados? A juicio de Salva Lacruz, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano, «la política de expulsiones y la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes considerados irregulares , constituyen dos claros ejemplos del ensañamiento del capitalismo de libre mercado con las personas que se ven forzadas a emigrar por una razón: el subdesarrollo que el propio sistema ha generado en los países del sur».
89 personas han sido detenidas y expulsadas del islote español de Isla de Tierra. ¿Qué ocurrió realmente?
Estas personas intentaban llegar a suelo europeo por las islas más próximas al «viejo continente». Se trata de subsaharianos que han tardado meses o incluso años en arribar al norte de África, jugándose la vida. Por ejemplo, hay mujeres que por el camino han sido víctimas de explotación sexual. En la última etapa del periplo vuelven a arriesgar la vida al intentar atravesar el estrecho en patera. Además, en Marruecos se ven sometidos a una presión policial muy dura. Todo esto se nos oculta. ¿Y cuál es la respuesta de los estados español y marroquí? Quitárselos de encima lo antes posible y de manera inhumana.
Las ONG han denunciado que Marruecos abandonó a una parte de los inmigrantes en medio del desierto
Es algo que ocurre habitualmente y que es perfectamente sabido por los gobiernos de España y la Unión Europea. Se les lleva a la frontera entre Marruecos y Argelia, a la zona de Oujda, en el desierto. Allí se les fuerza a que caminen hacia Argelia, a veces incluso amenazados con las armas. Pero en territorio argelino no se les deja entrar. Mucha gente muere deshidratada o por insolaciones en este proceso de ida y vuelta entre los dos países.
Sin embargo, los gobiernos de España y Marruecos argumentan que las actuaciones se ajustan a la ley
Se escudan en que tienen suscritos acuerdos de readmisión. Y es cierto. El reino marroquí, al igual que otros países del África nordoccidental, como Libia, Argelia, Mali, Mauritania y Senegal, tienen firmados con países europeos acuerdos de estas características que, a mi juicio, son inadmisibles. Estos convenios permiten la devolución de las personas inmigrantes a otros países, los de origen o puede que otros. Lo que esto implica es la colaboración de los países citados con la política de represión de la inmigración de la UE. Lo hacen a cambio de cooperación, ayudas económicas y acuerdos comerciales, de los que también se beneficia de la UE. Todo esto queda perfectamente detallado en un documento denominado «Plan África».
¿Cómo funcionan estos mecanismos?
He de decirte que son muy poco conocidos. En realidad, estos países se convierten en la «frontera exterior» de la Unión Europea, en los agentes de control de la llegada de inmigrantes a Europa. A cambio, obtienen cooperación para el desarrollo, medios policiales y militares, y otras ayudas. En Nouadhibou (Mauritania) funciona un centro de internamiento para inmigrantes financiado por la cooperación española. Así Europa permanece con las «manos limpias», al delegar el control de la inmigración y la violación de los derechos humanos a países ajenos a la unión.
¿Consideras legítimos los acuerdos de readmisión?
Opino que nunca pueden prevalecer sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En las expulsiones de Isla de Tierra no han reparado en si había menores, solicitudes de asilo en España, personas con enfermedades crónicas o embarazadas. Han hecho expulsiones colectivas. Estas actuaciones acabarán, a buen seguro, en el Tribunal Penal Internacional.
Las versiones oficiales atribuyen los flujos migratorios a «mafias» organizadas. ¿Compartes esta visión?
Lo de las «mafias» es un mito. Una estrategia muy clara y premeditada para asociar inmigración con «criminalidad» e «inseguridad». Lo que pretenden es vincular las políticas de control de la inmigración con las políticas de seguridad común de la Unión Europea. Y, asimismo, militarizar el control de las fronteras. Los inmigrantes no son víctimas de «mafias» sino de las políticas de control de la UE. Para montarse un cayuco y atravesar el estrecho, no hacen falta «mafias».
Tal vez las diferencias de renta expliquen mejor este fenómeno
En efecto. La frontera terrestre que separa Marruecos del estado español, en concreto, el muro de Ceuta y Melilla, es la frontera del mundo con mayor desigualdad de desarrollo. Más, incluso, que el que separa México de Estados Unidos. La desigualdad es, a fin de cuentas, lo que explica que mucha gente pretenda llegar a Europa.
¿A qué intereses de fondo responde la política migratoria del estado español?
Los más de 20 años de control de la frontera sur de la UE han supuesto muchas víctimas y sufrimiento, el de las personas que ejercen su derecho a emigrar. Los derechos de estas personas han de prevalecer, de una vez, sobre las necesidades del mercado de trabajo de España y de la Unión Europea, que son los intereses actualmente preponderantes.
Otra cuestión. El Gobierno de Rajoy ha decidido retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes considerados irregulares, con lo que se les privaría de atención primaria gratuita. ¿Qué calado real tiene esta medida?
Supone retirarles el derecho al acceso al sistema público de salud. Quien quiera ser atendido, tendrá que pagar una tasa. Esta medida se ha aprobado mediante un Real Decreto estatal, pero algunas comunidades autónomas, afortunadamente, se niegan a cumplir este decreto. Lo que todo esto implica es deshacer el sistema universal público y gratuito de salud, uno de los pocos y grandes logros alcanzados en el estado español. Muchas personas no recibirán tratamiento adecuado a sus problemas de salud. Y esto genera un problema social, más allá de los casos particulares.
¿Por qué el ejecutivo del PP adopta esta medida?
El gobierno sabe perfectamente que no va a resolver con esta decisión ni un solo problema económico de una crisis que, por lo demás, han generado ellos. Pretenden transmitir el «mensaje» de que hay personas que son una «carga» para el estado. Por eso las convierten en «cabeza de turco», cuando los culpables son realmente los «mercados» y los gobiernos de la UE.
Por último, ¿Cómo valoras la reacción de la sociedad española?
Hay algo muy positivo. La reacción de colectivos de médicos, que han rechazado de plano esta medida retrógrada, y que trasciende la oposición que manifestamos en estos casos las asociaciones de defensa de los inmigrantes y de derechos humanos. Ahora bien, lo más preocupante es que la sociedad autóctona llegue a creerse que los culpables de los problemas en el sistema de sanidad son los inmigrantes. Y esto es muy grave, pues puede dar lugar a casos de racismo y xenofobia.
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