Durante el 2007, tanto la Unión Europea como el Estado español han demostrado una vez más su falta de capacidad para elaborar políticas reales y realistas en materia de inmigración. Otro año más, las decisiones y actuaciones de los Estados miembros de la Unión en materia de inmigración han confirmado la realidad de una «Europa […]
Durante el 2007, tanto la Unión Europea como el Estado español han demostrado una vez más su falta de capacidad para elaborar políticas reales y realistas en materia de inmigración. Otro año más, las decisiones y actuaciones de los Estados miembros de la Unión en materia de inmigración han confirmado la realidad de una «Europa fortaleza», de una UE «isla inalcanzable» para las personas que no reúnan determinadas condiciones de entrada. La obsesión de los políticos europeos por el control de las fronteras ha contribuido a provocar, en 2007, la muerte documentada de 1.861 personas (aunque fueron muchos más los fallecidos de los que nada se supo) mientras intentaban cruzar irregularmente, por mar o por tierra, los confines comunitarios. Y eso por no tener otra opción, al ser los mecanismos regulares de entrada de la UE totalmente y criminalmente desfasados respecto a la realidad de los procesos migratorios actualesLa política migratoria de la UE se ha caracterizado, una vez más, por sus esfuerzos en impedir salir a las personas de origen subsahariano del continente africano, delegando este control fronterizo a Estados donde el reconocimiento de los Derechos Humanos resulta por lo menos dudoso (como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Túnez o Senegal), en el marco conceptual de externalización de las fronteras comunitarias. El drama humano vivido por los pasajeros de los buques rescatados este año mientras iban a la deriva en el océano y de cuyos destinos ningún Estado se quiso hacer cargo ponen en evidencia que para Europa existen náufragos de primera y de segunda categoría y que la política de control de fronteras pasa por delante del respeto a la vida y dignidad de las personas.
Además, la Comisión Europea tiene preparada la propuesta de una Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras, que declara apuntar a «una regulación común de las legislaciones». En realidad, sólo aborda cuestiones sobre el encierro, la retención y la expulsión de las personas indocumentadas, el fondo económico para los retornos, los vuelos compartidos, etc. La Directiva fija un período de encierro de hasta 18 meses en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), centros de reclusión inconstitucionales (porque se detiene a personas por lo que son y no por lo que han hecho) para personas cuya única culpa es querer vivir en Europa. Este proyecto implica en sí mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de las personas extranjeras y, consiguientemente, su normalización como gran pilar de la política europea de extranjería.
Por su parte, en el último año España ha endurecido aún más sus políticas de control de las fronteras y de repatriación de personas en situación de irregularidad. Según fuentes del Gobierno, el refuerzo de los controles fronterizos, así como el impulso de la cooperación operativa con la Unión Europea y con los Estados de la fachada atlántica africana, habrían permitido «luchar de manera más eficaz» contra la inmigración irregular. Prueba de ello sería el descenso en más del 50 por ciento de las llegadas a las costas españolas de personas inmigrantes procedentes de África a bordo de embarcaciones. Sin duda, prueba de la «eficacia» en la lucha del Gobierno contra la inmigración irregular fueron las 876 muertes documentadas de personas inmigrantes mientras intentaban llegar a las costas españolas. Muchas más fueron las muertes y las desapariciones de las que nunca se supo y de las que nunca se sabrá nada, a las que hay que añadir la invisibilidad de aquellas personas que no pudieron llegar a salir del continente y esperan su oportunidad en pésimas condiciones. Todos estos fueron realmente, en el último año, los resultados de los esfuerzos del Gobierno español para contener la inmigración desde los países africanos.
El triunfalismo del Gobierno en materia de inmigración obvia e invisibiliza tanto el drama de los centenares de personas ahogadas en el intento de llegar a España, como las constantes violaciones de los Derechos Humanos que conlleva la estrategia de externalización del control fronterizo a terceros países. La visión de la regulación de los flujos migratorios propuesta por la política española es totalmente incompleta, unilateral y por lo tanto, insuficiente y equivocada: se ignoran conscientemente tanto las causas de la inmigración como las violaciones de la legalidad y los Derechos Humanos que está suponiendo el control de las fronteras a cualquier precio, a lo que hay que añadir la total falta de criterios de transparencia, legalidad y humanidad.
Edoardo Bazzaco es uno de los coordinadores del Informe Anual 2008 sobre el racismo en el Estado español, Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español. Este artículo ha sido publicado originalmente en el Especial de Verano «Africa Subsahariana», julio de 2008.