Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo (TS) de las listas de Askatasuna y D3M, la izquierda abertzale oficial advierte al Tribunal Constitucional y al Gobierno español de que pueden quedar en evidencia ante Europa. Uno ante el Tribunal de Estrasburgo. El otro ante los países de la Unión Europea y de las Naciones […]
Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo (TS) de las listas de Askatasuna y D3M, la izquierda abertzale oficial advierte al Tribunal Constitucional y al Gobierno español de que pueden quedar en evidencia ante Europa. Uno ante el Tribunal de Estrasburgo. El otro ante los países de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. La abogada de D3M, Jone Goirizelaia, hizo ayer un llamamiento al TC para que tenga en cuenta los recursos que antes de medianoche de hoy presentarán la plataforma electoral y la formación política ligadas a la izquierda abertzale oficial, ya que, de lo contrario, iría en contra de las recomendaciones realizadas por el relator de Derechos Humanos de la ONU.
En un informe hecho público la pasada semana Martin Scheinin advirtió al Gobierno español que, en lo relativo a la ilegalización de partidos, transita en el «filo de la navaja». El relator de Naciones Unidas mostró serias dudas sobre la Ley de Partidos y exigió al Ejecutivo de Zapatero que su aplicación no conlleve «la vulneración de la liberdad de asociación y de expresión».
Goirizelaia señaló que si, como es previsible, el Constitucional confirma la anulación de las candidaturas «se va a dictar una resolución que vulnera derechos fundamentales de personas y sus ideas».
La admisión a trámite por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las denuncias contra el Gobierno español por las ilegalizaciones de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok fue celebrado por la izquierda abertzale oficial como un «éxito» que dejaba al Estado español en un lugar comprometido ante las democracias occidentales europeas.
De hecho, según han relatado a este diario letrados de la defensa, el Gobierno español está ejerciendo fuertes presiones al Tribunal de Estrasburgo para que la causa no sea vista en la sala principal de aquella instancia judicial y, además, para que no haya una vista pública, como reclama la propia defensa.
Al Ejecutivo de Zapatero le interesa mantener un perfil lo más bajo posible del caso, atrincherándolo en una sala menor, y, además, está recurriendo a todo tipo de ardides diplomáticas para evitar que la causa se desarrolle bajo la luz y los taquígrafos de una vista pública y con medios de comunicación de por medio. La resolución del recurso tendrá lugar en unos pocos meses. «Los jueces de Estrasburgo son muy cuidadosos de interferir en procesos electorales de los países incursos en una denuncia ante el Tribunal Europeo», señala un letrado de la izquierda abertzale oficial, buen conocedor de las rutinas de la Corte de justicia europea.
Listas ‘contaminadas’
En su resolución publicada a medianoche del domingo, la Sala del 61 del Tribunal Supremo afirma que los indicios presentados por la Fiscalía y el Gobierno son suficientes para declarar probado que, «como en otras ocasiones, ETA ha vuelto a recurrir a la estrategia de la doble vía», con una candidatura «contaminada», en referencia a D3M, y otra aparentemente «limpia», Askatasuna.
Pero mientras lo relevante en D3M es «el núcleo de personas que la componen», al tratarse de una agrupación electoral, en el caso de un partido, como Askatasuna, lo importante es «el ideario o programa de la entidad», explica el Supremo en su auto. Por ello, añade, aunque sus candidatos estén «limpios», quedarán necesariamente afectados por su pertenencia a un partido que pretenda suceder a otro ilegalizado.
La Sala dice que «el proceso de conformación de las candidaturas electorales de Askatasuna (…) ha sido gestado y dirigido en todo momento por el entramado ETA-Batasuna» para suceder a formaciones anteriormente ilegalizadas, «constituyendo Askatasuna, ya desde su origen, simplemente el instrumento fraudulento empleado para dar continuidad a la actividad» de éstas.
El TS también cree «altamente significativa» la vinculación de los promotores del partido con otras formaciones de la izquierda abertzale oficial, de las que fueron apoderados o interventores en 2001 y, sobre todo, la identidad de sus estatutos con los de EH y la «cuasi identidad» con los de Batasuna. Recuerda asimismo que, tras participar en las elecciones de 2001, Askatasuna no ha desarrollado ninguna actividad desde entonces hasta que «surge con sospechosa espontaneidad de nuevo en 2009», pero con candidatos distintos y, en apariencia, no «contaminados».
Garzón
Sobre estos argumentos, y los que pongan sobre la mesa la propia Goirizelaia y Ana Tudanca -abogada defensora de Askatasuna- dirimirá el TC antes de las 00.00 horas de este viernes, hora en la que echa a rodar la campaña electoral.
Todo ello sin perjuicio de lo que pueda decidir el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que, previsiblemente, irá en la dirección de una suspensión de actividades de la agrupación electoral y del partido. De ser así, para Goirizelaia sería «más grave todavía porque les dejaría en total indefensión».
Fuera del Parlamento Vasco, tras 29 años
Por primera vez en la historia del Parlamento Vasco la izquierda abertzale oficial no tendrá representación en la Cámara, en la que ha contado en la última legislatura con nueve de los 75 escaños. Si se confirma la anulación de D3M y Askatasuna por el Constitucional, una de las corrientes de la izquierda abertzale quedará fuera de la Cámara, en la que ha estado en sus 29 años de vida. La representatividad de este grupo se ha movido entre el 10% de los votos logrados en las elecciones de 2001 y el 18% de los comicios de 1990. Uno de los condicionantes que han marcado la evolución de sus votos ha sido la actividad de ETA, ya que con la tregua derivada de las conversaciones de Argel, HB logró en 1990 su techo porcentual, con el 18,33% de los votos y trece escaños. Con la tregua de ETA derivada del Pacto de Lizarra, en 1998, en las elecciones de ese año Euskal Herritarrok consiguió catorce escaños, el techo, con el 17,91% de los sufragios. Por contra, la vuelta a la violencia de la banda en 2000 supuso el descalabro de Batasuna, que se quedó en las elecciones de 2001 en el 10% de los sufragios y la mitad de los escaños que la anterior legislatura, siete.