La masiva abstención en las elecciones municipales del 28 de octubre (60,8%: 8 millones de ciudadanos), constituye un rechazo contundente a la «clase política» y sus manejos, que han sumido en el desprestigio una actividad que ha perdido sus valores éticos fundamentales. No importa que dirigentes de partidos y parlamentarios se hagan los distraídos fingiendo […]
La masiva abstención en las elecciones municipales del 28 de octubre (60,8%: 8 millones de ciudadanos), constituye un rechazo contundente a la «clase política» y sus manejos, que han sumido en el desprestigio una actividad que ha perdido sus valores éticos fundamentales. No importa que dirigentes de partidos y parlamentarios se hagan los distraídos fingiendo que el 28 de octubre jamás existió. El lapidario veredicto ciudadano continúa allí, firme como un peñón en medio de la frivolidad del debate sobre primarias presidenciales, cupos parlamentarios y esbozos de programas que ni siquiera rasguñan los sagrados intereses de las clases dominantes. Pero si la «clase política» está dándose un festín con las sobras de una democracia liberal que pudo haber sido pero no fue, la abstención -que empieza a ser la sombra negra de las primarias- no sólo puso al descubierto la indigencia del sistema político chileno, también dejó en evidencia un vacío político que es urgente llenar con una alternativa popular. En política el vacío permanente no existe. Si el espacio no lo ocupan unos, lo harán otros. Si el pueblo trabajador no levanta su alternativa y asume un liderazgo capaz de movilizar millones, serán los explotadores de siempre quienes lo harán con disfraces y subterfugios.
El eje neoliberal que manipula la sociedad chilena está viendo cómo comienzan a ralear sus filas. Gobierno y Concertación -las dos derechas- sufrieron un duro revés en las municipales con votaciones que acentuaron la curva descendente de los últimos años. Sin duda que echarán mano a nuevas argucias para mantener el control de la situación: sobran los aventureros y mercenarios dispuestos a desempeñar el rol que les asignen sus amos. Por eso, demorar la tarea de llenar de contenido popular el vacío político constituye un grave delito contra los intereses vitales del pueblo. Los responsables por acción u omisión tendrán que pagar muy cara su desidia si eluden asumir su deber y postergan la construcción de una alternativa liberadora. El vacío político se hace evidente en la medida que se desmenuzan las cifras de la abstención. El Instituto de Sociología de la Universidad Católica -por encargo de la Cámara de Diputados- hizo un estudio que señala que el 22% de quienes se abstuvieron quisieron «manifestar un rechazo a la política y al sistema político»*. Por otra parte, el 23% se abstuvo porque no le interesan las elecciones municipales y el 21% lo hizo «porque no se sentía representado por ningún candidato».
Aunque las encuestas salieron muy mal paradas el 28 de octubre -y ésta no es muy diferente en sus procedimientos-, podría tomarse como hipótesis. Es posible que una cuarta parte de los que se abstuvieron lo hicieron como un acto consciente de rechazo al sistema político. Podría sumarse ese 21% que no se sintió representado por ningún candidato (y/o partido). En ambas situaciones, la abstención fue una decisión madurada. De modo que el 43% de la abstención habría tenido un claro sentido político. Tres millones y medio de ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años en definitiva no votaron para manifestar su repudio a un sistema que no los representa, y que les es ajeno. Este es el sector ciudadano al que debería dirigirse una propuesta reactivadora de la pasión democrática, capaz de producir una amplia unidad política y social. ¿Qué hacer para ocupar el vacío político con una alternativa popular? Nadie tiene respuesta a un problema que es colectivo y que requiere un debate en que participen millones.
Los partidos que reducen la actividad política al quehacer electoral parecen creer que el mecanismo para superar la crisis política son las primarias presidenciales (las primarias parlamentarias parecen haber sido desechadas por la necesidad de negociar cupos, cuadrar los cuoteos con los pactos por omisión, etc.). Sin embargo, a quienes vuelven a entregarse en cuerpo y alma al Supremo Hacedor electoral les espera otra decepción. Si damos crédito al estudio antes mencionado, entre el 54 y el 58% de quienes se identifican con ambas coaliciones (Concertación y Alianza), no irán a votar en las primarias. Es una cifra que ronda el fatídico 60% de abstención de las municipales. En síntesis, la «oposición» -hegemonizada por las corrientes socialdemócrata y democratacristiana, enemigas juradas del proceso de liberación que se desarrolla en América Latina- no es un aliado a considerar en un proyecto emancipador, orientado a terminar con la desigualdad y los privilegios.
La tarea de levantar una alternativa popular, sin duda, se ha hecho más compleja a partir de la decisión del Partido Comunista de caminar junto con la Concertación en un proyecto de «gobierno de nuevo tipo», que ya fue propuesto -y aceptado de inmediato- por la candidatura presidencial de Eduardo Frei-Ruiz Tagle, derrotado por Piñera en 2010. En esta oportunidad, la Concertación sin duda aceptará firmar cualquier compromiso a cambio de los votos del PC (6%). Pero una candidatura de «oposición» no resolverá el problema del vacío político que, justamente, se produce por rechazo al conjunto de los partidos y, sobre todo, a los de la Concertación + PC. Las fuerzas políticas reales en la Izquierda han quedado más reducidas por la ausencia del PC. Sin embargo -paradojas de la política- se está produciendo un fenómeno de fortalecimiento de los pequeños partidos, grupos y colectivos que conforman el mosaico de la Izquierda chilena. Esto ocurre sobre todo entre los estudiantes universitarios y secundarios, como lo muestran las elecciones en la FECH. El elemento fundante de este proceso, sin duda, es la percepción por esa vasta gama de colectivos del vacío político existente y de la necesidad de llenar ese espacio. A pesar de su fragmentación, la Izquierda extraparlamentaria posee capacidad de trabajo y de movilización, que puede contribuir al proceso de formación de la alternativa popular. Para eso se requieren pasos concretos que conduzcan a la unidad. Ese camino impone el realismo político: esto es poner a disposición de los movimientos sociales, en particular estudiantiles, todas las capacidades disponibles para la construcción de la alternativa popular.
Está claro que se trata de un proceso, pero ha llegado el tiempo de iniciativas más enérgicas. Las organizaciones sociales tienen una responsabilidad en la generación de los cambios que experimenta la política chilena. Eso les obliga a superar sus limitaciones y convocar a la unidad en la acción común. Si algo no falta, son motivos para luchar, y las organizaciones sociales deben marcar el rumbo. Un ejemplo es la lucha contra el lucro en la educación, que en los próximos meses puede reactivarse y alcanzar los niveles que tuvo en 2011. Las demandas de educación y salud son compartidas por millones de chilenos.
La mercantilización de servicios que son un derecho de los ciudadanos alcanza niveles que avergüenzan a los propios mercaderes del sistema, como ha sucedido con las Isapres -el odioso sistema de seguros de salud creado por la dictadura-. Han confesado 140 millones de dólares de utilidades en los primeros nueve meses de este año. Sesenta y siete mil millones de pesos robados a los trabajadores. Lo mismo -y aún a mayor escala- ocurre con las AFP. Este sistema, también creado por la dictadura, permite que grupos financieros nacionales y extranjeros administren los fondos de retiro de los trabajadores, utilizándolos como capital propio en inversiones en todo el mundo. Miles de personas de edad avanzada han sido víctimas de este sistema, que convierte sus pensiones en sal y agua. Las exigencias de una AFP estatal y la presencia dominante del Estado en el sector salud, constituyen una demanda ciudadana que genera amplio consenso.
Por supuesto es en el cobre -y en la minería en general- donde la alternativa popular debería buscar una incidencia relevante. El concepto de «renacionalización» corresponde a lo que es necesario impulsar para revertir el proceso de reducción de Codelco en beneficio de un puñado de empresas nacionales y extranjeras. En estas páginas hemos analizado el desmesurado aumento de las ganancias remesadas al exterior por las empresas extranjeras. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos aumentaron de 4.438 millones de dólares a más de 13 mil millones, y bajo el de Michelle Bachelet crecieron a más de 25 mil millones de dólares. Una reforma tributaria que establezca el pago de regalías e impuestos a las utilidades debería iniciar un proceso de recuperación de las riquezas naturales para financiar las necesidades del país. Otros sectores con enormes ganancias, como el bancario, deberían contribuir en forma decisiva a un programa de desarrollo nacional que garantice educación, salud y trabajo.
No obstante, no nos engañemos. Nada de esto será posible sin una Constitución que permita abrir los cerrojos que impiden tocar los centros neurálgicos del poder. De modo que el eje político de una alternativa popular y democrática es la convocatoria a una Asamblea Constituyente -«una tradición revolucionaria habitual desde 1789», como diría el sarcástico Eric Hobsbawm-**. Hace unos meses, cuando las movilizaciones estudiantiles hicieron evidente que se entraba en una crisis institucional, hasta el ex presidente Lagos y el senador Ignacio Walker, presidente de la DC, jugaron con la idea de una Asamblea Constituyente. Pero bastó un bufido de El Mercurio para que ambos echaran pie atrás y licuaran sus palabras. En declaraciones a ese periódico, Lagos planteó que si la Concertación y la Coalición por el Cambio se ponían de acuerdo para eliminar el sistema electoral binominal «¡se acabó la discusión de la Asamblea Constituyente!»***. Pareció acertar, porque el tema del binominal, -que tampoco se modificará en lo previsible- desplazó a la necesidad de nueva Constitución en el debate político.
Pero Lagos -que reivindica como democrática la actual Constitución gracias a los parches que le puso su gobierno en 2005- se equivoca. Por cierto es necesario eliminar el binominal, pero eso no bastaría para democratizar el país. También es necesario aprobar en plebiscito una nueva Constitución elaborada en una Asamblea Constituyente para levantar la nueva institucionalidad democrática. No es una meta inalcanzable, si la alternativa popular acumula la fuerza suficiente para obligar a las dos derechas a convocar a la Asamblea de los diputados del pueblo.
La certeza de que es tiempo de iniciar este camino de lucha social y política la señala el vacío político que puso al descubierto la abstención. Depende de nosotros -del pueblo en general, pero sobre todo de los jóvenes-, impedir que ese vacío lo ocupen los de siempre.
* El Mercurio, 18/11/ 2012, cuerpo D.
** Historia del siglo XX, pág. 75, Grijalbo, Barcelona.
*** El Mercurio, 28/8/2012.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 771, 23 de noviembre, 2012