En fin de año, el Tribunal Constitucional cumplió cabalmente con las expectativas que las fuerzas neoliberales y conservadoras del duopolio que ha hegemonizado la vida política chilena desde hace más de un cuarto de siglo depositaron en él. La obstrucción del senado a las demandas sindicales en la reforma laboral era previsible. Lo mismo sucede […]
En fin de año, el Tribunal Constitucional cumplió cabalmente con las expectativas que las fuerzas neoliberales y conservadoras del duopolio que ha hegemonizado la vida política chilena desde hace más de un cuarto de siglo depositaron en él.
La obstrucción del senado a las demandas sindicales en la reforma laboral era previsible. Lo mismo sucede con la gangrena de la corrupción política. Otra madeja que habíamos intentado desenrollar en noviembre del 2014 en » Sociología de las elites delincuentes. De la criminalidad de cuello y corbata a la corrupción política». Sin embargo, los porfiados hechos de la realidad actual superan al relato de aquel momento.
Tampoco es extraño que el TC, dispositivo regulador de la constitución del 80′, compartido por cuoteo entre la oposición de ultraderecha y la Nueva Mayoría gobiernista, se haya impuesto como árbitro legislativo en un marco constitucional refractario a las demandas del movimiento estudiantil (1). A los aplausos y advertencias de los editorialistas y pitonisos de la prensa tradicional le hacen coro, desde ultratumba, las carcajadas de Jaime Guzmán y Pinochet.
CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN, CRISIS DE LEGITIMIDAD PARLAMENTARIA
La «crisis de la representación» o «crisis de la representación-fusión» en las democracias liberales como la chilena puede considerarse como el telón de fondo de la pérdida de legitimidad parlamentaria que se expresa en las encuestas. Esta crisis de la representación ha sido ilustrada así por algunos estudiosos del tema: «El sistema representativo estalló. Ya no es funcional. El vínculo representativo se rompió, los representados ya no no se «ven» en el cuerpo de sus representantes, no se «escuchan» más en sus voces, no se «reconocen» más en sus decisiones y, los representados no miran, no escuchan, no conocen a quienes supuestamente los representan», escribe Dominique Rousseau, jurista francés reconocido y autor de un libro reciente sobre el tema (2).
Pierre Bourdieu escribía el 16 de septiembre de 1988 en el vespertino Le Monde: «el mundo político oficial es el lugar donde se encuentran dos tendencias de sentido inverso: por un lado éste se repliega y cierra cada vez más sobre él mismo, y sobre sus juegos y tretas; por otro lado es directamente accesible a la mirada de los ciudadanos, y la televisión juega un rol determinante en los dos casos». A lo que habría que añadir el rol de escrutador permanente del comportamiento de la casta político-empresarial que han asumido las nuevas redes sociales.
Según la imagen que entrega Marx, las instituciones de la democracia formal representativa son como una serpiente boa; ellas se vuelven contra la sociedad que las produjo y terminan por asfixiar la democracia. Y la representación misma produce alienación política.
LA CRISIS CONSTITUCIONAL Y ESO QUE LLAMAN TEORÍA CONSTITUCIONAL
En los países que cuidan las apariencias democráticas, los «tribunales constitucionales» o «consejos constitucionales» son los continuadores de una tradición jurídico-popular inaugurada por la Revolución Francesa (1789) que plantea que los ciudadanos deben ejercer un control sobre «el cuerpo de representantes» elegido para legislar (3).
A la caída de la monarquía de Luis XVI (1789), los «representantes» pretenden encarnar (en una especie de fusión como hasta ese momento lo había hecho el monarca) al pueblo «transfigurado» en Nación una vez que «el cuerpo del Rey» (símbolo del poder monárquico) dejó de hacerlo, precisamente, desde el «acto revolucionario» que consistió en la separación (una vez derrocado el Rey) del cuerpo de la Nación del cuerpo del Rey.
El objetivo buscado era que estos tribunales constitucionales fueran una cámara de «reclamos ciudadanos» populares para impedir que los congresistas una vez electos, monopolizaran la representación, abusaran del poder de la representación, se representaran a ellos mismos o defendieran sus propios intereses por sobre el «cuerpo de ciudadanos» (pueblo o sociedad civil), con el pretexto de ser ellos quienes ahora representan a toda la Nación.
Maximilien Robespierre, el dirigente jacobino revolucionario, sin embargo, no compartía este tipo de propuestas. Robespierre siempre consideró que no hay necesidad de darle al pueblo un medio legal contra las leyes opresivas puesto que éste dispone de un derecho natural a la insurrección contra las tiranías. John Locke, el liberal inglés, justificaba la insurrección contra las monarquías, pero Robespierre («El Incorruptible» odiado y denigrado por la historiografía reaccionaria y liberal) retomó este principio democrático contra las leyes injustas y le dio un giro revolucionario. «Constreñir al pueblo a formas legales de resistencia a la opresión es el último refinamiento de la tiranía» (1793) (4).
La conclusión de estas pugnas entre doctrinas constitucionales de organización del poder puede resumirse en que «toda representación no conduce a la democracia» (3). Con mayor razón cuando los representantes son corruptos y cautivos de los poderes capitalistas empresariales, diríamos hoy. Lo hemos visto en los debates sobre las leyes de Pesca, de reforma fiscal, laboral, etc. En Chile, es evidente, el Tribunal Constitucional no tiene ni una pizca de cámara de reclamos ciudadanos. Todo lo contrario, es un instrumento de poder de la clase dominante diseñado por Guzmán y sus juristas para alienar (despojar) al pueblo ciudadano de su «poder de expresar sus reclamos», del constituyente, de decisión y de participación.
El TC, al utilizar el marco de interpretación que le ofrece la Constitución neoliberal, se instala como árbitro de las políticas de las dos coaliciones. Ojalá que no por mucho tiempo.
Así, ambas representaciones de la clase dominante (el ala conservadora neoliberal dura y la otra, la transformista social-liberal), no sólo practican un juego que posterga las demandas reales del movimiento estudiantil, sino que también persisten en desvirtuarlas para vaciarlas de sus contenidos: de la fuerza que implica ser un derecho social que puja por ser reconocido; factor de transformación social que debería ser constitucionalmente garantizado. Razón de más para producir una nueva Constitución redactada por una asamblea elegida directamente por el pueblo (5).
Tanto en el fallo de inconstitucionalidad de la «glosa de gratuidad» del gobierno como en el giro que éste le imprimió e insiste en darle a la reforma educacional en el congreso, se confirma la preeminencia de un enfoque capitalista-mercantil que tiende a preservar la educación privada y el subsidio o becas a los individuos en detrimento de la exigencia estudiantil original, proyectada con fuerza durante las movilizaciones del 2011, de educación pública, gratuita y de calidad.
En Chile, la institución que permite a los representantes votar la ley es el Congreso, y la institución que como el Tribunal Constitucional debería permitir a los ciudadanos reclamar contra la ley que impide el ejercicio de sus derechos sociales y así hacer referencia a un fundamento o principio constitucional no interactúa para permitir la presencia popular, sino para excluirla.
Simplemente porque esta Constitución favorece la dimensión liberal-individualista de los derechos y no el control constitucional de derechos sociales, que no pueden ser invocados en esta constitución de estirpe neoliberal. Al ex presidente Ricardo Lagos ni se le ocurrió pensar estos aspectos cuando después de las reformas del 2005 quiso engañarnos al intentar hacernos creer que con la magia de su firma, la Constitución de Pinochet y Guzmán desaparecería y estaríamos ante una constitución democrática.
En el país político de la ambigüedad y el engaño permanente, se traiciona el sentido de lo público. De lo que es común y debe ser puesto bajo control ciudadano, social, trabajador y popular para garantizar que la mala burocracia se corrompa. En los países donde existe y funciona la educación pública, ella es directamente regulada y supervisada por un organismo específico del Estado; es gratis, porque es financiada directamente por él (con eso que en Chile llaman «aportes basales»).
Como en tiempos de Andrés Velasco, el otrora superministro neoliberal y protegido de Bachelet, el actual Rodrigo Valdés (PPD), representante directo del poder económico y financiero, es el que decide de las platas en educación; a quién se financia y con qué mecanismos. No necesitaban una retroexcavadora para hacer reformas estructurales sino que de una coalición y un Gobierno convencidos de su programa, con voluntad política, dispuesto a movilizar al pueblo, sin francotiradores de la DC, del PS ni del PPD al interior. En lugar de partidos marionetas chicos se necesitan parlamentarios que les hagan frente a los neoliberales.
LOS DE LA NM ROMPIERON EL VÍNCULO CONCRETO ENTRE LAS REFORMAS
Cabe recordar que la tarea de las fuerzas de transformación social, en el plano de la educación, ha sido siempre una: lograr construir y financiar un gran proyecto de educación pública (gratuita de verdad) estatal de calidad, con participación triestamental (estudiantes-profesores-trabajadores) en el nivel superior, pero pensada de la sala-cuna hasta el post-doctorado y pasando por la formación técnica (las derechas le llaman a esto estatismo educativo en oposición al capitalismo educativo).
Para realizar este diseño planificado de proyecciones estratégicas, que ha demostrado ser el mejor de los que existen, el único que además posibilita y empuja la investigación científica, la reforma tributaria y otras políticas públicas y económicas debían garantizar la recaudación de tributos de los más ricos -era y es una batalla democrática importante esto de una reforma fiscal progresiva. Como sabemos, la reforma fiscal fue mal hecha y la recaudación para el desarrollo social es insuficiente.
La reforma tributaria fue cocinada por la DC para no herir los intereses empresariales y transnacionales y como medio de presión («de que el Estado no tiene plata»), en un contexto económico de crisis que era absolutamente previsible. Ya que la baja del consumo global y del precio de los commodities comenzó hace al menos cinco años y todavía el capitalismo no se recupera de la crisis cuyos inicios remontan a fines de 2007. Pero el neoliberalismo no es predictivo porque se somete, según sus guardianes, a los automatismos ciegos del mercado. Lo que, bien sabemos, es falso.
Este es un país que no ha tenido desde hace medio siglo ningún cambio o ajuste en su matriz productora-exportadora. Sigue siendo «un caso de desarrollo frustrado». Que anda a la rastra de la economía mundial, dispuesto a firmar pactos comerciales que no son discutidos y que atan al Estado a las economías imperiales. Los neoliberales son nulos en ese campo, sólo destruyen, privatizan y cierran los ojos ante la colusión. Pero gozan de influencia reforzada por la misma ideología de los poderes económicos y financieros mundiales.
En la cruda realidad económica, el país sigue siendo dependiente de esos poderes económicos mundiales y de un modelo extractivista-exportador de materias y capitales, además de depredador de la naturaleza. Tampoco se recuperan las utilidades del cobre para el Estado ni se le cortan los aportes reservados a las FFAA. Otro escándalo de corrupción más.
Como si lo anterior fuera poco, el porcentaje recaudado por conceptos de impuestos al fisco en los países de la OCDE es del orden promedio del 34,4 % del PIB, que es invertido o redistribuido en programas sociales, mientras que en Chile es y será de no más del 19,8 % del PIB. El SII, ahora lo sabemos, no multa de manera ejemplar cuando persigue a los «grandes contribuyentes», los mismos que le financian la política al duopolio (y a ME-O), pese a los escándalos tributarios y al costo social de la corrupción engendrada. El SII no hace la pega.
A lo anterior se agrega el hecho de que las grandes fortunas y empresas utilizan los paraísos fiscales para eludir/evadir impuestos. Nada efectivo se ha hecho para gravar y repatriar esos recursos, ni aumentarles los tributos a ese 5 a 10 % que paga poco (que votan por las ultraderechas y la NM) y bajar el IVA en productos de primera necesidad con control de precios (después de la colusión del clan Matte hay que regular, fiscalizar y castigar).
En lugar de aplicar un programa de gobierno que funcione lógicamente como un todo, los políticos de la NM anularon su capacidad efectiva con los renuncios, el gradualismo y con las confesiones de impotencia de que el programa era muy ambicioso y abarcaba mucho como lo hizo el Segpres Eyzaguirre en El Mercurio. Se sabotearon ellos mismos. Como en todos los ámbitos; sin conducción presidencial, dando tumbos, entre yerros y zigzagueos.
Esta falta de previsión fiscal les permite al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y a Nicolás Eyzaguirre (incluso Navarro pisa el palito), el hombre del FMI, decir que no hay plata para financiar un gran proyecto de educación pública, menos de salud gratuita y universal de calidad ni tampoco de pensiones dignas como en los países que se preocupan de las condiciones de vida de sus pueblos.
¿Puede esperarse otro tipo de política de una coalición en crisis de legitimidad, condenada a alejarse de las aspiraciones populares, pro-empresarial, sin unidad ni voluntad programática, que renuncia a aplicar su programa y se queda sin proyecto de país puesto que sigue siendo hegemonizada por la ideología neoliberal de un equipo político que cuenta con el apoyo tácito y el silencio cómplice del resto de los parlamentarios y jerarcas de la NM?
LA METODOLOGÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA
Los pueblos son capaces de construir alternativas a los gobiernos de las clases dominantes. «Construir pueblo es una construcción compleja», escribe Ernesto Laclau (6 ). No obstante, se puede. Para esta tarea no cabe esperar viejos políticos repetidos, tampoco los nuevos y mediáticos líderes providenciales, aún menos si las encuestas los prefieren corruptos. Es un error confiar en tribunos angelicales propulsados por componendas y apoyos oscuros, también fabricados con la medición de opiniones y el eco mediático (en los espacios televisivos no participan nunca los dirigentes populares; no los «invitan» porque los códigos escénicos así lo determinaron, de acuerdo a los usos, intereses y «estéticas» del dispositivo mediático).
Aquí no hay alquimia ni atajos. Los movimientos sociales y las izquierdas políticas que obtienen logros confían en sus propias fuerzas y en sus dirigentes que se ganan la legitimidad por la constancia en sus posiciones, sus prácticas honestas y tanto mejor si es por elección directa con mandato imperativo y revocable.
Las fuerzas de transformación social actúan de manera política: trabajan por articular las diversas luchas y demandas y por crear voluntades colectivas. Su sector avanzado -aunque fragmentado por derrotas no superadas y debilidades ideológicas- sopesa al enemigo-adversario, de-construye las estrategias discursivas de las clases dominantes, propaga ideas revolucionarias, prepara estrategias de poder desde abajo para incidir en las relaciones de fuerzas entre opresores y oprimidos, presenta alternativas claras, propone planes de acción y movilizaciones para acumular fuerza con la lucha social en la unidad de la diversidad. Lo hace con consignas creadoras de consciencia e intentado combatir el fraccionalismo de las diversas subjetividades de izquierda. Y sus intelectuales intentan vincular la reflexión teórica a la acción práctica.
Si esto lo saben los estrategas del campo enemigo y adverso, poco pueden hacer para obstruir los procesos populares, excepto utilizar sus aparatos estatales burocráticos con el fin de controlar organizaciones y/o cooptar algunos operadores con recursos para producir clientelas. Para eso cuentan con sociólogos en sus pisos y recursos para comprar consciencias (lo mismo que los empresarios con sus thinks tanks). Además de orquestar sus medios e intentar administrar los cambios funcionales al sistema desde arriba. Sin embargo, no pueden impedir que desde el cúmulo de demandas insatisfechas y traicionadas, junto con la práctica y el contacto de las subjetividades rebeldes y las consciencias clasistas, se generen las condiciones para levantar un programa unitario de demandas compartidas y comunes («equivalentes») que, a su vez, van construyendo al sujeto popular del cambio social y de salida del capitalismo neoliberal.
UN PROGRAMA POPULAR ALTERNATIVO
El programa de las fuerzas sociales transformadoras fija metas y tácticas, pero no por eso no es abierto a las diferencias y a las nuevas contradicciones y desafíos. Lo más importante es que articula, da sentido y construye hegemonía. Muestra en filigrana el hilo conductor que teje un entramado entre la pluralidad de demandas equivalentes y oficia de catalizador de consciencias y luchas: las estudiantiles, obreras/sindicales, de las capas medias asalariadas e intelectuales, populares, con conciencia democrática, anticapitalista, antineoliberal, ecologista, feminista.
Así es como con un cierto grado de organización y apoyándose en redes comunicacionales y sociales activas, se puede aprovechar el acontecimiento imprevisto y las fragilidades del sistema de dominación que ofrece sus brechas abiertas (la corrupción y su hedor que fluye de él y lo atraviesa por ejemplo) para preparar el terreno de las acciones políticas conjuntas que la coyuntura apela y hace posible; con movilizaciones que las clarifican. Con avances parciales en la reagrupación de fuerzas sindicales de los trabajadores como el CIUS y los triunfos de las organizaciones juveniles de izquierdas en las federaciones universitarias, por ejemplo. Como pasó en muchas latitudes y continentes desde el 2011 y como seguirá pasando por acá entre los variopintos pueblos americanos.
Porque durante estos últimos 10 años sólo han habido reveses electorales de gobiernos cercanos a los pueblos de nuestro continente. Son retrocesos relativos vistos desde una amplia visión histórica, pero no ha habido aniquilación de pueblos, ni generacional, ni de subjetividades políticas militantes como la hubo entre el 73-80 en el Cono Sur. Las clases dominantes no tienen la fuerza social para hacerlo; son cada vez más débiles en el plano ideológico. No tienen las condiciones para el uso de la fuerza militar masiva, pero sí para ocupaciones disfrazadas del territorio Mapuche con el concurso de las instituciones del mismo Estado que ahí muestra su cara de aparato de violencia de la clase dominante -que se apoya en la indiferencia popular. Y además, porque el capitalismo es una máquina generadora de irracionalidades sin límites.
DAR PUNTADAS CON EL TENUE HILO DE LA HISTORIA
El resto se hace caminando juntos, pero yendo más allá de lo que se fue en 2011 y sin dejarse engañar por los cantos de sirena de la NM como ocurrió en el 2013, 2014 y en este 2015. Y si hay que ir a la disputa constitucional y electoral, hay que hacerlo con lo que se tiene y se construye, sin obnubilarse e inclinarse ante esos fetiches; instalándose en los conflictos y los antagonismos sociales y políticos para proyectar las luchas, el programa de transformaciones democráticas, antineoliberales y anticapitalistas; las bases de una nueva sociedad. Separando claramente aguas de los partidos de la Nueva Mayoría. Con lo sano y popular, con ganas de poder, no con la vieja política, lo maleado y lo mediático.
Que el 2016 sea un año de luchas, de los y las que quieren transformar el mundo. Ya que éste no es una mercancía. Y cambiarlo siempre se puede, con voluntad y proyecto político. Casi todo depende de nosotros, de esa potencia propia de todo individuo que es un legado social de la humanidad para cambiar el curso de las cosas. Son las generaciones pasadas, nuestros y nuestras vencidos y vencidas, quienes nos interpelan y transmiten sus sueños de luchas pasadas, de un mundo mejor que el actual para traspasárselo a las generaciones futuras. Las nuevas opresiones (alienación consumista, endeudamiento con precariedad por ejemplo) y las barbaries sistémicas (guerras imperialistas, ofensivas neoliberales permanentes contra los derechos políticos y sociales de los pueblos, terrorismos, destrucción ecológica y capitalista programada) no deben hacernos olvidar de donde vienen las luchas actuales. Enhorabuena.
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NOTAS
(1) Componen el Tribunal Constitucional Marisol Peña, de tendencia conservadora, Iván Aróstica, de centro derecha cercano a Sebastián Piñera, María Luisa Brahm, ex asesora del Presidente Piñera, Cristián Letelier, ex diputado de la UDI que llegó con los votos de todos los partidos de la Nueva Mayoría, Juan José Romero, quien llegó con el apoyo del gobierno de Piñera al TC y José Ignacio Vásquez, vinculado a la derecha. Por el lado del nuevomayorismo están Carlos Carmona (presidente del TC) próximo del PS, Gonzalo García, ex militante de la DC, Domingo Hernández, simpatizante de la DC y Nelson Pozo militante del PS.
(2) Dominique Rousseau, codirector de la Escuela de derecho de la Sorbona en su libro Radicaliser la démocratie, Éditions du Seuil, Paris, 2015, p. 28.
(3) En el caso alemán se buscará exorcizar el traumatismo del régimen nazi; Habermas postula el «patriotismo constitucional» de corte ciudadano y deliberativo.
(4) «Robespierre repetía que no hay democracia ni libertad sin igualdad. Afirmaba que la política no es una carrera, exigía un límite a la acumulación de las magistraturas y un reforzamiento del control sobre los representantes. Se oponía a que «el derecho de propiedad pudiera oponerse a la subsistencia de los hombres» escribe Maxime Carvin, en Le Monde Diplomatique, edición francesa, noviembre 2015. Ahora entendemos tanto odio contra Robespierre.
(5) Los debates en elmostrador.cl entre Miguel Vatter y Renato Cristi a propósito de las tesis de Fernando Atria y de la pertinencia o no de una AC dejan entrever las tensiones existentes entre las doctrinas constitucionales, que siempre expresan relaciones de fuerzas entre proyectos político-sociales diferentes. Hemos planteado que las doctrinas constituciones neoliberales-conservadoras hegemónicas en Chile buscan excluir como sujeto político de poder constituyente a los actores de raigambre popular para impedir que estos inscriban allí demandas sociales, principios y conquistas históricas que profundicen la democracia. Carlos Peña, emérito articulista mercurial insiste en que el orden constitucional es «una cadena cuyos eslabones no pueden romperse». En otras palabras, hay que encadenar al pueblo al orden legal dominante expresado en toda la historia constitucional de Chile. Planteamos que hay posibilidades para imponer una Asamblea Constituyente que puede dar paso a un «proceso de ruptura democrática» con el viejo poder instituido en la constitución del 80′, que expresa el orden político-institucional y económico que hoy día hace agua por todos lados.
(6) Considerar que Ernesto Laclau desarrolla ideas interesantes para construir pueblo protagonista no significa comulgar con todas las implicancias de su teoría del populismo. Ni menos aceptar el papel de tercer orden que le asigna a la clase trabajadora en un proceso de cambios estructurales. Leer sobre el tema: «Debates Sobre el Marxismo», (2014), Editorial América en Movimiento, Santiago.
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