El Congreso de los Diputados aprobó en la madrugada del jueves la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya, pero las largas horas de debate que precedieron a la votación demostraron que será ahora cuando comience el verdadero trabajo para quienes pretenden defender el texto aprobado por más del 90% del […]
El Congreso de los Diputados aprobó en la madrugada del jueves la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya, pero las largas horas de debate que precedieron a la votación demostraron que será ahora cuando comience el verdadero trabajo para quienes pretenden defender el texto aprobado por más del 90% del Parlament. A la vista está que las posiciones de partida de quienes defendieron la toma en consideración son muy distintas y distantes. Mientras las formaciones catalanas defienden su derecho a decidir el futuro de su nación, así sea en el marco del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero parte del extremo opuesto, señalando cómo quiere que sea España y tratando de adecuar Catalunya a esa imagen.
La cuestión no es que él o las Cortes españolas decidan cómo es España por muy hermosa y atractiva que la puedan proyectar, sino que ésta debiera construirse entre aquellos pueblos o naciones que libremente quieran pertenecer a ella y en las condiciones que estos mayoritariamente decidan en su propio seno.
El presidente del Gobierno dibujó una jaula de oro, pero jaula a fin de cuentas, en la que los barrotes son la interpretación que la mayoría parlamentaria española haga del texto constitucional, al que las aspiraciones nacionales de Catalunya o de cualquier otro pueblo habrán de «adecuarse plenamente». Y todo ello debido a una trampa histórica como la de afirmar que «el Estatuto de Cataluña existe porque existe la Constitución democrática», olvidando deliberadamente que ya hubo estatutos en la II República y que fue el alzamiento franquista quien los derogó a sangre y fuego, y que los herederos de aquel régimen, con un papel fundamental del Ejército, fueron quienes acotaron los límites de la Constitución de 1978 y de los posteriores estatutos.