El padre pide la declaración como imputados de 15 personas por la presunta sustracción de su hija recién nacida en 1990 en el Hospital Clínico de Granada
Tras dos años de batalla judicial, comienza a verse una luz al final del túnel en el primer caso de robo de bebés denunciando en nuestro país. La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Granada, María Ángeles Jiménez, ha ordenado reabrir la investigación sobre la presunta sustracción de una recién nacida para darla en adopción ilegal en el Hospital Clínico de esa ciudad en 1990. La causa había sido archivada en base a una prueba supuestamente falsa, como contamos en Periodismo Humano. Esta reapertura, junto a la ordenada esta misma semana por la Audiencia de Huelva sobre otro caso de 1968, más la imputación de la religiosa madrileña Sor María Gómez Valbuena, alimentan las esperanzas de esclarecimiento de las 1.500 denuncias presentadas en toda España por el robo de decenas de miles de bebés durante el franquismo y buena parte de la democracia.
La providencia de reapertura de diligencias emitida por el Juzgado granadino ha sido notificada este jueves 3 de mayo a los padres, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, quienes la han recibido con gran alegría, puesto que todavía tienen esperanzas de encontrar con vida a su hija. Eduardo y Gloria creen que, tras el parto, les dieron el «cambiazo» y les entregaron a una menor moribunda, que falleció a los pocos días. La jueza admite así la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por los padres, en el sentido de que la causa pudo haberse cerrado en base a una prueba «falsa» aportada por la Policía, tal como adelantó Periodismo Humano.
El caso fue archivado por la jueza el pasado mes de noviembre debido a unos restos de hígado que la Policía dijo haber conseguido de un médico del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico, y que el Instituto Nacional de Toxicología corroboró que pertenecían a la hija supuestamente fallecida de Eduardo y Gloria. Sin embargo, un análisis anatómico independiente, encargado por los padres, ha revelado que «no se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días», poniendo así en entredicho una investigación ya cuestionada con anterioridad por otros exámenes genéticos practicados al cadáver de la menor enterrada en 1990.
Al asumir la denuncia, la Fiscalía de Granada aportó como pruebas los análisis de ADN realizados por los laboratorios Tecnogen y Genómica en 2009, en los que se concluye que los «restos exhumados no pertenecen a una hija biológica de Gloria Rodríguez». Sin embargo, en su examen de 2010, Toxicología concluye que estos restos (tres muestras de cabellos, una mancha sobre tela, hilos quirúrgicos y restos óseos) «no son adecuados para realizar un análisis genético».
«Toxicología deberá explicarnos cómo unos restos hepáticos que no son de un recién nacido dicen que son de nuestra hija. También nos tendrán que decir por qué no logran obtener ADN de donde los laboratorios sí lo han conseguido. Y por último nos deben aclarar cómo emitieron informe el 8 de junio si no recibieron las muestras hasta mes y medio después. Demasiadas contradicciones», resume Raya, quien asegura haber puesto estos hechos en conocimiento del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, para que depure responsabilidades en el seno del Instituto de Toxicología, que depende de su departamento.
A su vez, Eduardo y Gloria adelantan que solicitarán al Juzgado el cambio de grupo investigador, para que se encargue del caso la Guardia Civil, en detrimento del cuerpo de Policía Nacional, ante las «irregularidades» producidas en su caso y ante la «multitud de quejas y reclamaciones» sobre la actuación policial comunicadas por otros afectados al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Eduardo pretende acabar también así con el «acoso policial» que dice haber sufrido por parte de determinados agentes para disuadirle de continuar con la causa.
También espera que el Juzgado llame ahora a declarar como imputados a las 15 personas que se citan en su denuncia como posibles responsables de la sustracción de su hija y del falseamiento de documentación y pruebas, así como a otras 14 personas en calidad de testigos. En su escrito al Juzgado los denunciantes piden además que se efectúen registros en los hospitales granadinos para conseguir el historial clínico completo del embarazo y el parto, ya que las ecografías «han desaparecido». Y también que se libren oficios al Obispado de Granada, a la Capellanía del Hospital Clínico y a cuatro iglesias de la capital granadina a fin de identificar todos los nacimientos bautizados de urgencia en 1990. Esto último porque, según los denunciantes, antes de la supuesta muerte del bebé, el hospital se negó a bautizarla arguyendo que «ya lo estaba».
Tan sólo en la provincia de Granada se han denunciado 60 casos de supuesto bebés robados, la mayoría durante el franquismo y los años ochenta, y se han autorizado dos exhumaciones de cadáveres cuyos restos también se han declarado como inadecuados para análisis de ADN por parte del Instituto de Toxicología. Según Eduardo Raya, que como abogado asesora también a otros afectados, existen «cientos» de posibles casos sólo en la provincia granadina que están esperando reunir pruebas suficientes para dirigirse a la Justicia.
Representantes de afectados de toda Andalucía se reunieron el pasado mes de abril con el fiscal jefe del TSJA para exponerle sus demandas. Y al margen del caso granadino, esta misma semana la Audiencia de Huelva ha emitido un auto que ordena reabrir la causa de una niña supuestamente robada en 1968 en el hospital Manuel Lois de la capital onubense. Con esta decisión se revoca el archivo decretado el pasado 12 de diciembre por el Juzgado de Instrucción número dos de Huelva. El auto de la Audiencia no descarta que la niña «haya sido entregada a persona distinta de sus padres, a los que se hizo creer falsamente que había muerto al poco tiempo de haber nacido». Además, «tampoco es inverosímil que se hubiera montado una apariencia de enterramiento sin cadáver» o que se hubiese inhumado a otra bebé diferente», deja caer el documento judicial.