Ahora que ya queda atrás el 8 de marzo no podemos perder de vista el objetivo de que, lejos de concentrarse en un par de días al año, la necesidad de acabar con el machismo esté en el centro del debate político y social cada día. Si bien la existencia de jornadas reivindicativas como el […]
Ahora que ya queda atrás el 8 de marzo no podemos perder de vista el objetivo de que, lejos de concentrarse en un par de días al año, la necesidad de acabar con el machismo esté en el centro del debate político y social cada día. Si bien la existencia de jornadas reivindicativas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo resulta fundamental para visibilizar tanto la pervivencia de la injusticia de género como el creciente rechazo social hacia ella, no dar tregua al machismo significa vigilarlo, denunciarlo y trabajar para erradicarlo en cada momento y en cada rincón de nuestras vidas.
En este sentido, aunque no recibió mucha atención mediática, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado mes de diciembre una medida de transversalidad de género con el objetivo de dotarse de un marco para implementar de manera efectiva la perspectiva de género en su dinámica de trabajo. La medida, impulsada por la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, pone especial énfasis en la creación de una estructura organizativa de transversalidad de género que impulse la colaboración entre áreas, distritos y entidades y que introduzca la perspectiva de género de manera descentralizada en el conjunto del gobierno municipal.
Existen en la actualidad dos formas de introducir la perspectiva de género en las políticas públicas, las cuales, lejos de ser excluyentes, pueden resultar complementarias. La primera, correspondiente a las políticas de igualdad de género, busca incidir en la situación de discriminación de las mujeres en un ámbito social concreto con el objetivo de convertirlo en menos desfavorable. Esta vía se considera reactiva ya que genera medidas reparadoras de situaciones consideradas discriminatorias hacia las mujeres atacando los síntomas de la discriminación y no sus raíces. Un ejemplo lo constituyen las políticas de cuotas o de paridad en tanto que revierten parcialmente la sobrerrepresentación de hombres en espacios como la política institucional o el mundo empresarial sin abordar necesariamente las desigualdades de fondo que la generan. Buscan, de este modo, encontrar una solución cuantificable para una situación específica.
Una segunda vía para la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas es la transversalidad de género o lo que se conoce internacionalmente como mainstreaming. Aparecida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, esta estrategia es considerada proactiva en tanto que consiste en introducir la perspectiva de género en todos los estadios (diseño, ejecución, evaluación) del conjunto de intervenciones de los poderes públicos (salud, educación, economía, mercado laboral, presupuestos, urbanismo, cultura, etc.). Lejos de limitarse a actuaciones compensatorias destinadas a mujeres en ámbitos sectoriales concretos, la transversalidad de género o mainstreaming busca incorporar de manera estructural la perspectiva de género en la política en aras de garantizar una igualdad real entre hombres y mujeres. Así, no se limita a proporcionar una igualdad de trato, como sería, por ejemplo, garantizar un número comparable de hombres y mujeres en las listas electorales, sino que busca actuar sobre todos aquellos factores que impiden su participación equitativa en el conjunto de la vida social (la naturaleza del sistema electoral, el machismo presente en los partidos políticos, sindicatos, otras organizaciones, estructuras institucionales y medios de comunicación, la pervivencia de comentarios y actitudes machistas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones y los entornos laborales, la división sexual del trabajo presente en la sociedad y en las familias, etc.). Dicho de otro modo, en vez de intentar evitar únicamente que las mujeres sean excluidas de la participación social, política o comunitaria, se realiza una apuesta por transformar desde un paradigma de equidad y de justicia tanto los marcos que las regulan como las condiciones objetivas que las dificultan.
Impulsar la transversalidad de género pasa, de este modo, por revisar todos los procesos institucionales de producción de políticas públicas con el objetivo de eliminar los sesgos de género existentes y las desigualdades que reproducen. No nos podemos conformar con generar políticas únicamente para mujeres que nos ayuden a superar las desventajas en las que nos vemos inmersas de manera cotidiana. Al contrario, debemos aspirar a hacer política con y para el conjunto de la población con el objetivo de transformar y eliminar de manera global y colectiva estas desventajas: no buscamos sólo que algunas mujeres participen, sino que la participación femenina sea la norma y que los hombres aprendan a participar de otro modo; no aspiramos sólo a que la mujer denuncie, sino sobre todo a que el hombre no agreda, su entorno rompa el silencio y los y las niñas crezca con modelos de relaciones libres, respetuosas y saludables; no nos conformamos con condenar comentarios, actitudes o agresiones machistas, sino que los queremos convertir en impensables; no apostamos sólo porque las mujeres alcancen el salario mínimo, sino que todas ellas gocen de autonomía económica para poder decidir en cada momento sobre sus vidas; no encontramos suficiente que las mujeres tengan más apoyo que en la actualidad en el cuidado de los y las niñas, sino que nos ponemos como objetivo que los hombres y el conjunto de la sociedad se impliquen en él de manera equitativa.
Conseguirlo requiere concebir la injusticia de género como fenómeno transversal en nuestra sociedad y, por lo tanto, comprender que la respuesta debe abordar todos sus ámbitos. Esto tiene una doble lectura: organizativa y política. La primera conlleva una cambio profundo en la manera de funcionar de los servicios públicos, los cuales deben abandonar el excesivo «sectorialismo» que históricamente los ha caracterizado y avanzar de manera coordinada hacia una mirada a las experiencias y dificultades vitales de los vecinos y las vecinas de la ciudad que sea claramente global y feminista. La segunda lectura, la política, pide una apuesta clara por la transversalización de la perspectiva de género en la acción cotidiana de gobierno y plantea una premisa innegociable: que la lucha contra el machismo debe yacer en cada rincón y en cada actor de la ciudad. Las mujeres sin duda nos beneficiaremos de ella, pero no por ello es nuestra responsabilidad. Empezar a transversalizar esta lucha pasa por recordar que la justicia de género no es cosa de mujeres. La justicia de género es cosa de todas y de todos.
Sandra Ezquerra, del Consejo Asesor de Viento Sur