Afectados de todo el país se niegan a facilitar sus datos a la oficina abierta por el Ministerio de Justicia hasta que no se resuelva el caso de Eduardo Raya.
La Justicia española comienza a reaccionar tímidamente ante el robo masivo de recién nacidos para su venta en adopciones ilegales producidas en nuestro país entre los años 1940 y 1990. Tras la presentación de 1.500 denuncias judiciales, en los tres últimos años sólo se había llegado a acusar a la monja madrileña Sor María Gómez Valbuena, recientemente fallecida. Sin embargo, en sólo tres meses de 2013 se han producido ya la imputación de al menos 19 personas, entre doce médicos, seis matronas y un policía en casos que se instruyen en las provincias de Gipuzkoa, Bizkaia, Huelva y Cádiz.
La más reciente imputación ha sido la decidida por el Juzgado número 14 de Cádiz en el caso denunciado por Jesús Alcina Blanco por la presunta sustracción de su hermano al nacer en enero de 1983 en el antiguo Hospital Zamacola, actual Puerta del Mar. El juez ha llamado a declarar a los dos médicos que firman el parte de alta hospitalaria de su madre, Antonia. En calidad de testigo al responsable de la unidad y el calidad de imputado al que asistió el parto, que hoy día aún ejerce como ginecólogo.
Ese documento indica que su hermano falleció a las pocas horas de nacer debido a «graves malformaciones incompatibles con la vida». Sin embargo, en el test de Agbar sobre salud del feto, en una clasificación del 0 al 10 su hermano alcanzó un 8. El informe médico también indica que antes de nacer el bebé «venía cruzado», por lo que era necesario practicar cesárea, mientras en una ecografía de 24 horas antes se le mostraba encajonado. Y además, el documento firmado por los facultativos informaba de una cesárea horizontal cuando «mi madre tiene una cicatriz vertical», acredita Alcina.
«Mis padres no consiguieron verlo ni con vida ni sin vida», se lamenta con rabia Jesús, puesto que fue supuestamente enterrado de forma inmediata por el propio hospital en las fosas comunes del cementerio San José de Cádiz, que actualmente están en proceso de exhumación. De hecho, lo que puso en guardia a la familia Alcina sobre el presunto robo de su bebé fue la llegada a su domicilio de un carta certificada, remitida por el propio cementerio, en la que se les entregaba un resguardo del pago de 400 de las antiguas pesetas por los gastos del funeral a nombre de su padre, Luis. Cantidad que el padre nunca pagó, y de hecho su firma en el resguardo aparece falsificada.
El documento de legajo de aborto obtenido por la familia en 1983, en plena democracia, tiene impreso el escudo preconstitucional y lo firma el mismo funcionario del Registro Civil que suscribe un duplicado del libro de familia expedido también por aquél entonces, y en cuya portada figura igualmente el escudo de la España franquista. Jesús Alcina sospecha que estos documentos, sobre plantillas distintas de las vigentes en democracia, fueron emitidos expresamente para su familia, y para otras afectadas por el robo de bebés por la misma organización criminal que realizaba las adopciones ilegales en Cádiz para llevarlos a familias adoptivas del Levante y Barcelona principalmente, y que tendría tentáculos tanto en el hospital como en el Registro.
También en la provincia de Cádiz, el Juzgado número 3 de Jerez ha citado a declarar en calidad de imputado a un médico ya jubilado presuntamente implicado en el robo de una niña nacida en 1967 en el antiguo Hospital Santa Isabel de Hungría. A las pocas horas de nacer comunicaron a la madre que había fallecido y el propio hospital se encargó de enterrarla en una fosa común del cementerio jerezano, aunque la familia disponía de un seguro de defunción con sus propios nichos. En las próximas semanas es probable que se produzca también la imputación de otro médico y una matrona de La Línea de la Concepción (Cádiz). Hay que recordar que en marzo del año pasado el ginecólogo Abelardo García Balaguer presentó su dimisión como miembro de la ejecutiva local del PP de La Línea, cuyo comité electoral presidía, aduciendo motivos personales, después de que fuera señalado por varias familias en sus denuncias por el presunto robo de sus hijos al nacer.
Por su parte, en la provincia de Huelva figuran como imputados en diferentes casos de supuesta sustracción de recién nacidos ocho médicos, cuatro matronas y un policía, a pesar de que buena parte de las 80 denuncias presentadas han sido archivadas por falta de pruebas. Las acusaciones formales a los facultativos se refieren a doce casos acaecidos entre 1964 y 1989 en los hospitales Provincial y Manuel Lois y en la Clínica de la Merced de la capital onubense. El policía por su parte ha sido encausado a partir de la denuncia de la pacense Carmen Zarcero, que en 1977 estaba presa y embarazada en la cárcel de Huelva y fue trasladada al Manuel Lois para dar a luz.
De forma paralela a las causas judiciales andaluzas en el País Vasco se han producido también en este inicio de año varias imputaciones. En concreto, un juzgado de Donostia ha citado a declarar a un ginecólogo y una matrona por un caso sucedido en 1975 en el Hospital Provincial de San Sebastián, donde una mujer entonces residente en Oiartzun dio a luz a un bebé que le dijeron murió al nacer y que el propio centro dijo enterrar, pero en el cementerio de Polloe no consta tal inhumación. Asimismo, en Bizkaia ya ha declarado como imputado un médico relacionado con una exhumación realizada en el cementerio de Derio en la que no se halló ningún cadáver, y otra matrona más en Gipuzkoa.
Los juzgados de toda España pueden realizar estas imputaciones, e incluso reabrir casos anteriormente archivados, al considerar que la detención ilegal es un delito de carácter permanente, que se mantiene mientras la víctima, en este caso los niños dados en adopción irregular, no sean conocedores de la misma, y sólo comenzaría a contar el periodo de prescripción del ilícito a partir del momento en que «se restablezca la situación de legalidad», según la circular emitida por la Fiscalía General del Estado el pasado año. Otros juristas consideran incluso que la desaparición forzada de niños ocurrida en España durante toda la segunda mitad del siglo XX, tanto por razones de represión política como económicas, pueden considerarse delitos de lesa humanidad, que no prescriben nunca.
Algunos afectados están notando cómo los juzgados comienzan a reabrir casos archivados, pero no atribuye esta nueva dinámica a la circular de la Fiscalía, sino más bien al «cabreo general de los jueces con el Gobierno», al que «antes intentaban tapar», pero ahora en cambio, en represalia por los «recortes» que vienen sufriendo, pretenden perjudicar instruyendo de nuevo casos que pueden suponer indemnizaciones millonarias para el Estado, al haberse producido gran parte de ellos en hospitales públicos. Sin embargo, muchos consideran esta reactivación todavía demasiado tímida y en absoluto generalizada.
Así lo pone de manifiesto el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, quien lamenta la actitud de muchos jueces y fiscales. Barroso pone como ejemplo su propio caso, ya que él mismo fue vendido en 1969 por 200.000 pesetas pagadas a plazos por sus padres. «Tengo grabada con cámara oculta a la monja que me vendió en Zaragoza y sin embargo mi caso ha sido archivado ya cinco veces». Barroso se refiere a Asunción Vivas Llorens, que ya fue condenada en 1984 por la Audiencia de Zaragoza a cuatro meses de arresto mayor por un delito de sustracción de menores y sin embargo en la actualidad «ni siquiera ha sido llamada a declarar».
«Nos están tomando el pelo», lamenta indignado Barroso, quien también considera que la oficina abierta por el Ministerio de Justicia para censar a los afectados por el robo de bebés es sólo «una cortina de humo, no sirve para nada». La misma opinión tiene Jesús Alcina, perteneciente a la asociación SOS Bebés Robados, integrada a su vez en la plataforma X24, cuyos responsables han visitado dicha oficina y han comprobado que «ni se encriptan los datos de las personas ni se están teniendo en cuenta los archivos de las asociaciones».
Y además, «ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya», abogado granadino que fue el primer denunciante en España de robo de niños y sobre el cual ha venido informando Periodismo Humano. Su causa judicial ha sido varias veces archivada a pesar de que hasta seis análisis genéticos de laboratorios independientes públicos y privados acreditan que ni el cadáver exhumado ni el trozo de hígado conservado en el hospital pertenecen a una hija suya, contradiciendo así los dictámenes del Instituto Nacional de Toxicología. «No voy a dar mis datos mientras esté ahí un caso tan claro como el de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras», ratifica Alcina.
Hay que recordar que la hija de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez nació en 1990 en el Hospital Clínico de Granada y fue supuestamente enterrada por el mismo centro tres días después. En 1998 Eduardo y Gloria exhumaron el cadáver del bebé y lo sometieron al análisis de los laboratorios, Tecnogen y Genómica, quienes concluyeron que no existían coincidencias de ADN, por lo que no pertenecían a su hija biológica. Sin embargo, un posterior análisis del Instituto Nacional de Toxicología, ordenado por la jueza del Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, dijo no encontrar ADN. Se da la circunstancia de que cuarenta y dos días antes de recibir dichos restos Toxicología ya había enviado un escrito al Juzgado afirmando que los mismos no eran idóneos para obtener un perfil genético, dato que hace asegurar a Eduardo que el resultado del análisis «estaba predeterminado».
Posteriormente emitieron informes también los equipos médicos de Labgenétics, NBT y del Hospital Clínico de Barcelona, coincidiendo igualmente que los restos exhumados no podían pertenecer a una hija de Eduardo y Gloria y que, además, el trozo de hígado hallado en el hospital procedente de una biopsia ni correspondía a un recién nacido ni coincidía con el perfil genético de los padres, como afirmaba Toxicología. Por tanto esta prueba, en base a la cual fue archivado el caso, sería «falsa». Tras conocer todos estos detalles, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó el pasado mes de noviembre reabrir la instrucción de esta causa, lo cual está pendiente de resolución por parte de la Audiencia de Granada. La última denuncia de Eduardo Raya pedía la citación como imputados de 15 personas y de otros 14 como testigos, la depuración de responsabilidades en el Instituto Nacional de Toxicología por parte del Ministerio de Justicia y la realización de registros policiales no sólo en el Clínico, sino también en el resto de hospitales granadinos, en su Capellanía y en el Obispado de Granada, en relación los supuestos bautizos del bebé presuntamente robado y del efectivamente enterrado.