«No tienen, ni pueden tener, carácter o régimen penitenciario», dice el juez
En la sala de visitas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, hay mamparas de cristal en cada una de las mesas en las que se sientan los internos con sus familiares. Al llegar las visitas, los cristales bajan para que puedan saludarse. Después, vuelven a subir y las conversaciones se desarrollan a través de un teléfono. Las organizaciones sociales han denunciado, en muchas ocasiones, el «régimen carcelario» en el que viven los inmigrantes, personas que son recluidas en los CIE antes de ser deportados por no tener papeles pero que no han cometido ningún delito.
Por primera vez, la Justicia les da la razón. Un juez de Madrid, encargado del control del CIE de Aluche, ha exigido mediante un auto judicial a la dirección del centro que la comunicación entre los internos y los familiares o miembros de las ONG sea directa» y no mediante el uso de aparatos tipo telefónicos». El magistrado reconoce que con el sistema actual, «se somete a una especie de régimen generalizado de sospecha al visitante y al interno, como si la visita fuera un hecho susceptible de peligrosidad». Además, recuerda que estas visitas son siempre controladas por policías y los familiares y los miembros de las ONG son escrupulosamente registrados en la entrada. «Los CIE no tienen, ni pueden tener, carácter o régimen penitenciario«, dice.
Uno de los principales puntos que recoge este escrito es el que se refiere a las visitas de las ONG. Hasta ahora, los miembros de las organizaciones que asesoran los inmigrantes han tenido que realizar las visitas en las mismas horas que lo hacían los familiares, por las tardes, pudiendo reunirse únicamente con un interno cada día y guardando las interminables colas que se forman diariamente a las puertas del CIE. Con este sistema, «se dificulta, y en muchos casos imposibilita, la efectividad del derecho de los internos a ser visitados por miembros o asistentes de ONG». Un derecho que ya les reconoce la ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009, pero que no se cumple porque todavía no se ha elaborado el reglamento de los CIE, que regulará su funcionamiento y que debería haber estado listo antes de julio de 2010. El juez pide a la dirección del CIE que, de aquí en adelante, les otorgue un régimen de visitas como el de los abogados. «Que (las ONG) puedan visitar y comunicar con los internos tanto en horario de mañanas como en horario de tardes» y que las visitas no duren 20 minutos sino el tiempo que necesiten. Para organizaciones como Sos Racismo Madrid, Ferrocarril Clandestino y Pueblos Unidos, que llevan meses reclamando eso, es un «paso adelante» y esperan que «se extienda a todos los CIE de España».
La situación que viven en Madrid es parecida a la de otros CIE de España, en los que tampoco tienen permiso para entrar las organizaciones, como el CIE de Zapadores, en Valencia. Allí las visitas se realizan a través de una mampara de cristal con unos cuantos agujeros a los que tienen que acercarse para hablar los internos y sus familiares. «Hay cinco cabinas donde se escucha perfectamente lo que hablan los de al lado. No hay ningún tipo de privacidad y no les permiten mantener ningún tipo de contacto con quien les visita. Contacto cero, los tratan peor que si estuvieran en una cárcel», cuenta Xavier Torregrosa de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros.
Nueve letrados del Colegio de Abogados de Valencia y la Campaña por el cierre de los CIE, una red con más de 20 organizaciones y ONG que asesoran a inmigrantes como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Médicos del Mundo, Valencia Acoge o Sos Racismo, han presentado en el juzgado encargado de controlar el CIE una denuncia elaborada con los testimonios de más sesenta de internos que se encuentran actualmente en el centro e inmigrantes que han pasado por Zapadores y ahora están en libertad. Hablan de palizas, malos tratos y castigos colectivos indiscriminados. Es la primera denuncia de este tipo que los internos del CIE se atreven a llevar ante la justicia. El juzgado ya la ha admitido y ha abierto una investigación. Ha pedido las grabaciones de las cámaras de vigilancia del CIE de Zapadores y ha exigido los partes médicos que haya sobre de lesiones de las víctimas. Más adelante, víctimas y testigos serán llamados a declarar.
«Los reclusos ya no tienen miedo ni nada que perder, saben que van a ser expulsados de todos modos», asegura Torregrosa. La Campaña por el Cierre de los CIE asegura que «varios reclusos han sido víctimas de golpes, patadas y palizas, bien con previa provocación por parte de agentes de policía (que nunca llevan la debida identificación), bien como castigo colectivo ante actitudes de protesta de los reclusos. El uso de las celdas de castigo es indiscriminado, las heridas provocadas por el mal trato no reciben tratamiento médico y se siguen detectando deficiencias en la defensa jurídica de los presos, entre otras irregularidades graves», dice el comunicado de la red de asociaciones.
«La celda de castigo se usa de forma indiscriminada y sin orden judicial, a veces horas o días enteros y no queda registrado en ningún sitio», afirma Salva Lacruz de CEAR Valencia y miembro de la Campaña. Entre los casos que recoge la denuncia está el de un joven argelino que fue recluido en una celda de castigo, «recibió golpes por parte de uno de los policías que custodian a los internos, sin que mediara ninguna provocación por su parte, el día 30 de noviembre de 2010″, asegura la denuncia entregada en el Juzgado. El documento dice que ese mismo joven volvió a ser golpeado «por parte de varios policías del centro, que entraron en su dormitorio y le arrojaron al suelo, dándole patadas, llegando incluso a perder el conocimiento en una ocasión, siendo testigos de los hechos sus compañeros de celda».
A principios de diciembre, los internos se pusieron en huelga de hambre «para protestar por las condiciones del internamiento en cuanto a la comida e instalaciones y la situación personal y familiar de algunos internos». Según la denuncia, de madrugada, llegaron Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) que obligaron a los internos «a bajar con los brazos en alto al patio, bajo la lluvia, donde permanecieron durante aproximadamente una hora y media, y golpeados algunos de ellos cuando no podían mantenerlos en alto«.
Otro de los hechos se refiere a la tarde noche de Nochebuena. Ese día, uno de los internos fue llevado a la sala de castigo y ante la protesta del resto de los internos por trasladarlo al calabozo en «una fecha tan señalada» llegaron los miembros de las Unidades de Intervención Policial, recoge el documento. «Irrumpieron en el centro después de un altercado resultante de una protesta de los internos como respuesta al trato que uno de ellos estaba recibiendo por varios agentes del CIE cuando insistió en quedarse en una zona donde no le molestara el humo del tabaco». Hubo dos heridos, un boliviano y un colombiano.»Después de quedar encerrados en las celdas, fueron trasladados en coches patrulla distintos a un hospital cercano donde fueron examinados por el personal medico y sanitario. Estos internos referidos han sido expulsados sin posibilidad de poner en conocimiento estos hechos en su propio nombre». Además, asegura la denuncia, los internos son encerrados en las celdas colectivas a las 23:30 hasta las 8:30 «de manera que los 6 internos de cada celda se ven obligados a miccionar en botellas o en el único lavabo que tienen para lavarse las manos o la cara».
El escrito, que está también en manos de la Defensora del Pueblo y del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (El Defensor del Pueblo de Valencia), puede consultarse aquí (pdf).