Todos los días se detienen a miles de personas en el Reino de España, cuando son llevados ante los jueces muchos de ellos alegan ante él malos tratos y/o que la detención ha sido ilegal. En esos casos, la gran mayoría de jueces se limitan a levantar la mirada del atestado y, previo vistazo al […]
Todos los días se detienen a miles de personas en el Reino de España, cuando son llevados ante los jueces muchos de ellos alegan ante él malos tratos y/o que la detención ha sido ilegal. En esos casos, la gran mayoría de jueces se limitan a levantar la mirada del atestado y, previo vistazo al detenido, ponen cara de pensar para sí: «encima de chorizo, mentiroso» o «te mereces más». Muy pocas denuncias se llegan a investigar, tal y como ha constatado Amnistía Internacional, no hay estadísticas completas o fiables, la Asociación Contra la Tortura intentó documentar las condenas a funcionarios policiales por estos casos, pero fue multada y prohibieron su página web.
Pero, al parecer, no siempre ocurre así, el pasado día 22 de enero la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocó una manifestación en la que el ministro José Bono fue víctima de un «atentado contra la autoridad» de libro, más concretamente de código, de «código penal», el que castiga en su artículo 550 a los que «acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas«. La pena es mayor en los casos de ministros y otros altos cargos, según el artículo 551.
Vean si tenemos jueces independientes (de la ley), que no sólo no han procesado a los militantes del PP que fueron filmados y fotografiados atentando contra un ministro, sino que el poder judicial ha procesado y van a ser enjuiciados los policías por la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos de detención ilegal y de falsedad en documento público.
Rápidamente el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, dijo que su partido «no se alegra en absoluto» de que los policías que detuvieron a los dos militantes del PP de Las Rozas «tengan que ir a un juzgado» en relación con estos hechos, que la intención de su partido al poner en marcha este proceso «no ha sido en absoluto perjudicar a ningún funcionario policial» y dijo «desear lo mejor» para los funcionarios policiales que serán enjuiciados.
Si los jueces tuviesen el mismo celo para perseguir todas las denuncias por torturas, detenciones ilegales y falsedades documentales que se imputan a los Cuerpos y Seguridad del Estado, habría muy pocos policías en la calle y muchos en las prisiones. Al contrario, la policía sabe que cuando detienen ilegalmente a un inmigrante sin regularizar nadie les va a pedir responsabilidad por sus actos. Recordemos, por ejemplo, las imágenes del Tele 5 cuando unos Guardias Civiles agredieron brutalmente a un inmigrante desarmado e inmóvil en el suelo , sin que hayamos tenido noticia que se les haya procesado por las lesiones causadas. A las Fuerzas de Seguridad del Estado se les recuerda con estos procesamientos que las clases sociales existen y que a las clases altas… ni tocarlas.