Para reorganizar las leyes elaboradas por el gobierno de UCD, el primer gobierno que preside Felipe González aprueba la Ley General de Seguridad Social. Dicha ley llega con muy buenas intenciones, ya que se propone proteger la salud pública y prevenir de su pérdida o deterioro. Establece que las autoridades sanitarias competentes “podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”, además de una sería de loables recomendaciones sanitarias. No cabe duda que El Sistema Nacional de Salud (SNS) contribuyó a la mejora de la salud de la población y a la corrección de las desigualdades sociales, a la vez que coordinaba las múltiples redes sanitarias que existían.
La Ley General de Sanidad garantizaba los servicios sanitarios a todos los españoles. El promotor fue Ernest Lluch, Ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986, el cual fue asesinado por ETA. Con dicha ley se pretendía cumplir el Artículo 43.1 constitucional, que establece el derecho de toda la población a la protección de la salud. Bajo ese principio, el gobierno obtenía un gran triunfo con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley General de Sanidad. La ley extendía las prestaciones de servicios a toda la población, que hasta el momento solo se aplicaban a usuarios o beneficiarios de la Seguridad Social, que anteriormente prestaba asistencia exclusivamente a los cotizantes.
El informe Abril Martorell
Redactado en 1991 por una comisión, presidida por Fernando Abril Martorell, el informe fue presentado en el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de ese mismo año. En él se consideraba que existía «un cierto agotamiento del sistema sanitario». Afirmaba que “el sistema sufría tensiones por el aumento de la demanda social, por el envejecimiento y la mejora del nivel de vida y con el desarrollo de los servicios y la tecnología disponible, con recursos cada vez más limitados”. El documento aseguraba: “El Sistema público no tenía visión global y empresarial” En el informe se evaluaba el sistema sanitario público, con una serie de recomendaciones, técnicas y económicas.Algunos postulados del informe
El sector privado que vinculase su actividad a las reglas de juego podría competir con seguridad jurídica con la pública, promoviendo una competencia leal que estimule la eficiencia en los proveedores públicos. Afirmaba que el carácter de servicio público no estaba determinado por la forma jurídica en que se organiza, sino por su función, por el origen público de los recursos y por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la asistencia.
“La Comisión entiende que el SNS tendría que adoptar la forma jurídica más adecuada para promover la responsabilidad y poder rendir cuentas de sus resultados”. Y para ello se necesitaban cambios en el régimen jurídico.
- Con el desarrollo de esta nueva organización, más empresarial, permitirá realizar análisis de eficiencia y progresar en la técnica contractual. Como ilustración, las farmacias y las clínicas de concierto ya desempeñaban el papel de proveedores”.
La unidad básica de gestión de «compra» del área de salud de la ley General de Sanidadno coincidía con lo propugnaba la Comisión, ya que aquel momento en el Insalud(central y autonómico) tenían la responsabilidad de financiación, de «compra» y de provisión de servicios (salvo farmacéuticos). Así pues se requerían cambios estructurales profundos, modificaciones normativas, en la asignación de recursos y en la regulación laboral.
El informe fue muy criticado en su momento y quedó relegado, pero no olvidado, ya que en 1997 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión”. Dicha Ley fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Solo votaron en contra el BNG e IU.
Los nacionalistas catalanes de CiU estaban muy interesados en aprobar una ley básica estatal que legitimara su “modelo sanitario catalán”, ya privatizado mayoritariamente. Los experimentos llevados a cabo por la burguesía nacionalista catalana estaban fuera del marco definido por la propia Ley General de Sanidad. La situación no ha mejorado en Catalunya: en la actualidad, de 213 hospitales, el 70 % son de propiedad privada, y de los restantes, aunque muchos tengan titularidad pública, utilizan para su gestión el derecho privado, bajo consorcios o fundaciones.
Para el PNV se trataba de “consolidar los fundamentos del SNS”, para lo cual transformó a los pocos meses a Osakidezta en un Ente Público de derecho privado, para lógicamente huir de los controles a los que somete el derecho público.
El PSOE, por su parte, nos aseguraba que la titularidad de los centros era pública, y que eso era lo importante. ¿Alguien tiene dudas a estas alturas, a pesar de los continuos cambios de accionistas, de la propiedad de los hospitales de modelo PPP y PFI que se extienden por todo el estado. Todos ellos se llenaron la boca de sanidad pública, pero fueron estimulando la privada.
Algunos fragmentos sobre el debate de los grupos políticos en el Congreso:
CiU: “Estamos convencidos de que la reforma –que hoy, tras once años, vamos a aprobar–de las fórmulas de gestión de la Ley General de Sanidad tiene que ayudar a conseguir una mayor eficacia y eficiencia al servicio de la sanidad para todos los ciudadanos”.
PSOE: “….esta ley garantiza la titularidad pública de los centros sanitarios y sus socios sanitarios, y cierra esa posibilidad que, a nuestro juicio, constituía una decisión gravísima”. “Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad…..,”
PP: ”Con esta ley se pretende que el Sistema Nacional de Salud sea ágil, competitivo, que no haya rigideces ni burocracias en el sistema en sí mismo, que sea eficiente para los ciudadanos desde el punto de vista de la calidad asistencial”
“Con la aprobación definitiva del proyecto de ley proporcionamos el soporte legislativo a algunas iniciativas que se habían tomado en diferentes comunidades autónomas con respecto a consorcios, empresas públicas, etcétera… ”.
IU: “Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este proyecto de ley es un calco de las medidas introducidas por Margaret Thatcher en Gran Bretaña en el año 1991, de lo que hay balance en estos momentos. Se ha conseguido algo que, de haberse producido a través de la gestión directa en la sanidad pública, habría que haber oído las voces escandalizadas en su contra. Se ha conseguido aumentar en dos años el gasto sanitario público en Gran Bretaña en un 1 por ciento del producto interior bruto; en dos años. Evidentemente, las voces no se alzan porque este incremento del gasto sanitario haya ido dirigido a incrementar personal o infraestructuras públicas, sino porque ha ido fundamentalmente a incrementar las ganancias de los proveedores privados y exactamente a doblar en cinco años los gastos administrativos del Servicio Nacional de Salud inglés…”.
CC: “………la línea está perfectamente establecida en la defensa del sistema público, aunque con forma de gestión indirecta siempre por entidades de carácter público”.
La ley 15/97 permitió la entrada de las empresas privadas en la Sanidad Pública, desapareciendo así la posibilidad de supervisar el servicio. El deterioro de la Sanidad pública es palpable: La pérdida de camas hospitalarias, la precarización de los contratos, falta de personal y recursos en los propios centros. En Madrid se agudizan en el tiempo de Esperanza Aguirre. Se abrieron once hospitales, pero se perdieron 5.000 puestos de personal sanitario. Se fue privatizando y a día de hoy, en Cataluña han pasado a empresas privadas el 88% de los servicios sanitarios. Y es una cifra brutal porque ya no queda prácticamente Sanidad de gestión pública. Hoy, cuando la pandemia del Covid ha puesto en evidencia el desmantelamiento del SNS y el ¿papel? de la privada, vuelven a hablar de sanidad pública.
La derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad se hace necesario si queremos recuperar la Sanidad Pública.