El pacto de ERC con el Gobierno no acaba una discusión política que es clave en las regiones periféricas y que en Madrid se inflama con la estrategia furiosa del PP. El soberanismo y los colectivos lingüísticos se preparan para una pelea que volverá en febrero. Fratricidio en el catalanismo, clamor gallego y prudencia vasca.
Hay que hacer valer la mayoría y que [los diputados soberanistas] dan la estabilidad parlamentaria a este Gobierno”, dijo un enfático Jordi Cuixart ante los medios. Acompañado por representantes de los principales colectivos en defensa de las lenguas cooficiales, el indultado presidente de Òmnium venía de reunirse con una decena de parlamentarios soberanistas.
Con esa frase, uno de los líderes más emblemáticos del procès arengaba públicamente a los diputados a que no se conformen y presionen a Moncloa para que haga modificaciones en el proyecto de ley general de Comunicación Audiovisual.
El encuentro fue el miércoles 15 de diciembre. Tuvo poca difusión en los grandes medios a pesar de su relevancia política. No es nada usual que organizaciones que defienden y promueven el catalán-valenciano, el euskera y el gallego converjan en un mismo evento en Madrid y se reúnan con diputados de ocho formaciones distintas.
Cuixart lo puso blanco sobre negro: “Estamos en Madrid porque la importancia lo requiere, tenemos muy clara la urgencia y trascendencia de esta ley”. En la España central tal vez no sea tan fácil de comprender el significado que tiene la batalla por las lenguas, el interés que suscita en los medios de la periferia y en el electorado soberanista, además del factor de anclaje territorial y prestigio social que tienen los colectivos lingüísticos. Òmnium, Kontseilua, A Mesa Pola Normalización, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià y Plataforma per la Llengua suman decenas de miles de socios y voluntarios repartidos en seis comunidades autónomas.
La nueva trinchera que se ha cavado en la histórica pugna por las lenguas de España es el proyecto de ley Audiovisual, el cual ya fue registrado pero todavía ni siquiera admitido a trámite parlamentario por la Mesa del Congreso. Sabiendo que es un debate que se viene, ERC buscó marcarse un gol para el electorado soberanista y negoció enmiendas con el Gobierno de coalición.
Pero el debate coincidió, por casualidad o causalidad, con la embestida de las derechas contra la inmersión lingüística en Catalunya a través del caso del padre de un alumno en Canet del Mar que exigió judicialmente incrementar la proporción de clases en castellano de su hijo. Todos los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos en la sesión de control hicieron referencia varias veces a este tema utilizándolo como un arma de ataque a Sánchez sin preocuparse por la demagogia.
La hora de las enmiendas
En el momento en que negoció los presupuestos, ERC incluyó en el paquete el 6% de mínimo de contenido audiovisual en catalán en las plataformas. El Gobierno aceptó, pero aclaró que no podía obligar a las que tuvieran sede fuera de España. Los republicanos amenazaron con torpedear los presupuestos y finalmente hubo un nuevo acuerdo, que se conoció justamente mientras se desarrollaba la mencionada reunión de agentes sociales y partidos en un hotel del barrio madrileño del Retiro.
En esa mesa, estaban en un lado los representantes de los colectivos lingüísticos y sentados en frente los diputados Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Joan Margall (ERC), Joseba Agirretxea (PNV), Mar García Puig (En Comú Podem), Néstor Rego (BNG), Miriam Nogueras (JxCat), Joan Baldoví (Compromís) y Mireia Vehí (CUP). Un ejemplo cabal de lo que está sucediendo en el movimiento soberanista catalán fue lo que ocurrió allí. Dos fuentes que participaron del cónclave contaron a El Salto que no solo el diputado de ERC no hizo mención alguna al acuerdo de su partido con Moncloa —todos se quedaron sorprendidos por los rumores que por la tarde se confirmaron— sino que hubo una guerra dialéctica entre los tres partidos independentistas.
“Fue horrible, no era ni el lugar ni el contexto”, comentó un testigo. “Empezaron a pelearse entre ellos pero sin mirarse, se criticaban mientras nos hablaban a nosotros”, dijo uno de los agentes sociales. Quien fue más radical fue Noguera, muy cercana a Puigdemont, quien criticó el acercamiento de ERC al Gobierno. Los tres peleaban por ser el que más estaba de acuerdo y más lejos quería llevar las enmiendas por la lengua cooficial.
A la batalla entre catalanes se le contrapuso la moderación de los vascos. Una pragmática Aizpurua dijo estar de acuerdo con las aportaciones de los colectivos por las lenguas y que se harían las enmiendas pertinentes. Fuentes del grupo parlamentario de EH Bildu preguntadas por El Salto respondieron que a su debido momento —es decir, febrero— se presentarán las enmiendas que recojan lo pedido por los colectivos, que hay “pocos matices” entre lo que opina el partido y los agentes sociales y que hay unidad en las exigencias con ERC. “Se pedirá lo mismo para el catalán, el euskera y el gallego”, añadieron.
El representante del PNV fue poco entusiasta y opinó, según las fuentes, que había varios tipos de problemas con el planteamiento —en referencia al choque con las empresas y la logística— y que era complicado. El Salto intentó profundizar, pero fuentes de prensa del grupo vasco respondieron que no se hará ninguna declaración y que el partido expondrá su posición cuando la ley llegue a la cámara.
Tanto el diputado del BNG como Marcos Maceira, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, compartieron el diagnóstico dramático sobre el retroceso del gallego en Galicia y especialmente en los jóvenes y el déficit de contenidos audiovisuales en gallego los fines de semana —menos del 3% del total—. Ante la prensa, Maceira afirmó que el Estado “tiene una alergia profunda y congénita a la pluralidad y debe ser corregida. No puede haber estado democrático que mantenga el racismo lingüístico en sus textos legales”.
Como muestra de la activación que este asunto provoca en las otras nacionalidades del Estado está la manifestación convocada por el colectivo de Maceira para este miércoles en A Coruña y adelantó que “algo habrá casi seguro” realizado por todos en forma conjunta. Cuixart también lo dijo: “No descartamos movilizaciones por este tema. Tenemos múltiples experiencias en lo que hace a la defensa en las calles, veremos cómo se va desarrollando este proyecto”.
El presidente de Òmnium y Maceira no descartaron de hecho imitar la manifestación de marzo de 2019 a favor de los derechos políticos del soberanismo que se hizo en Madrid (entre Atocha y Cibeles) y que congregó a decenas de miles de manifestantes que vinieron de todo el Estado.
¿Qué enmiendas son las que exigen los agentes sociales? Como explicaron aquel día, sin los diputados presentes, los tres ejes son el doblaje, la interface y la financiación: que las plataformas digitales tengan una interface disponible en las lenguas cooficiales; que haya doblaje y subtitulado disponible en los territorios con cooficialidad —inclusive en RTVE— en un amplio porcentaje del catálogo; y que se destine financiación a la producción de contenidos en las lenguas minoritarias además de en castellano —que por la normativa europea ya está previsto—. Otro elemento es que se incorpore un régimen sancionador “claro y riguroso” para que a las plataformas vean más incentivo en pagar las multas que en dar facilidad a los idiomas cooficiales.
Otro reto más para la mayoría de investidura
Lo cierto hasta el momento es que del acuerdo de ERC con el Gobierno se conoce poco. Solamente sobre el mínimo del 6%, el fondo estatal que subvencionará los doblajes y los millones destinados a producción de contenidos regionales. Pero salvo que Esquerra quiera filtrarlo, hasta febrero no se conocerá con precisión las enmiendas presentadas. La opinión generalizada de los colectivos lingüísticos es que “hay que presionar” y fuera de micrófono algunos señalaban que si bien ERC da la impresión que el debate se ha cerrado, “en realidad no lo está para nada, esto recién empieza”.
Pero uno de los diputados en el cónclave les admitió a los representantes de las fundaciones que este no era un asunto fácil porque el PSOE tiene muchas vertientes, algunas poco amistosas con aprobar enmiendas que reivindiquen la plurinacionalidad del Estado. Con el contexto de inflamación del asunto por parte de las derechas, ello se puede hacer un poco más difícil incluso.
La protección de las lenguas, y la oportunidad que representa esta ley —“es crucial para las próximas generaciones”, dijo Cuixart— la convierte en algo que los partidos soberanistas no podrán ceder mucho y la competencia interna entre formaciones catalanas irá en ese sentido. Algunos tienen desconfianza con Sánchez y temen que lo que le sucedió a ERC y las plataformas vuelva a ocurrir y haya que elevar la presión para que las enmiendas sean tenidas en cuenta.
Algo juega a favor de los soberanistas —y de las lenguas, claro—: esta ley debe ser aprobada sí o sí porque, como recordaba a El Salto uno de los especialistas de Òmnium en este tema, el Parlamento Europeo aprobó la normativa audiovisual general en 2018 y España es uno de los pocos países que aún no ha actualizado su marco legal. De hecho, la Comisión Europea podría aplicar sanciones económicas de seguir así.
Pero la misma fuente también señala que el parlamento de la UE aprobó hace unos meses una resolución no vinculante que pide a los gobiernos defender las lenguas regionales y minoritarias dentro del nuevo marco audiovisual. Sánchez podría esgrimir esta carta ante un Casado que se ufana de su europeísmo. Se le podrá decir que la derecha europea en esto lo deja solo: la resolución aprobada en Bruselas el 20 de octubre contó con el apoyo de nada menos que 577 eurodiputados y tan solo 47 votos en contra.
Como decía Cuixart, hay 36 diputados soberanistas que desempatan la lucha entre bloques y, especialmente 29 de ellos (ERC, PNV, Bildu, PdeCAT y Compromís) le otorgan estabilidad parlamentaria a un Gobierno que está lejos de la mayoría absoluta. Poco antes o después de Semana Santa -según lo previsto por los tiempos legislativos- este proyecto, tan caro a los sentimientos de los votantes de esos partidos, pondrá a prueba la salud de la mayoría que invistió a Sánchez y hasta dónde Moncloa está dispuesta a retribuir a sus aliados.
Para cuando venga ese debate, los diputados bien podrían usar como argumento la explicación simple y mundana que dio Marcos Maceira el miércoles pasado sobre por qué en esto a ellos les va mucho más que sólo una ley: “¿Dónde está la libertad para hablar en nuestra lengua en nuestro propio país? Cuando no te permiten compartir contenidos en tu lengua en el salón de tu casa junto a tus hijos, lo que están haciendo es en los hechos prohibirte a vivir en tu propio idioma”.