¿Han tenido los mismos derechos los y las españolas víctimas de las leyes represoras franquistas en relación que el resto de la ciudadanía una vez recuperada la libertad política en España tras la muerte de Franco? Veintiocho años después de la aprobación de la Constitución democrática, hemos de decir que no. Ya […]
¿Han tenido los mismos derechos los y las españolas víctimas de las leyes represoras franquistas en relación que el resto de la ciudadanía una vez recuperada la libertad política en España tras la muerte de Franco? Veintiocho años después de la aprobación de la Constitución democrática, hemos de decir que no.
Ya va para dos años la constitución de la Comisión Interministerial, creada por el gobierno socialista, que debiera proponer el texto de una Ley de Memoria que reconociera y rehabilitara a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Ese era su objetivo fundamental y ese su fracaso más estrepitoso.
Hay que saludar y valorar en positivo, no obstante, la voluntad de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-IC-Verds y de ERC al presentar sendas propuestas en el Parlamento que, al menos, han servido para recordarle al gobierno la necesidad de la ley, necesidad esta, por cierto, proclamada por ambos grupos desde hace ya bastante tiempo.
Pero la pregunta que nosotros/as hemos de hacerle al gobierno es la de qué entiende él por Memoria, por recuperación de la historia. Es obligación del gobierno, y no de otro estamento, la propuesta de texto, la definición que pretende dar a las víctimas de la represión (aunque ya hay normativa internacional al respecto), el alcance de la ley, etc. En el mes de diciembre, se publica en el BOE una Real Orden que permite subvencionar proyectos a entidades que trabajan en el campo de la Memoria; Orden sin criterio político, sólo administrativo, porque, redundado en lo mismo, no existe ley que defina nada al respecto.
El Partido Comunista de España ya definió los mínimos elementos que ha de garantizar la reclamada ley en una resolución aprobada por su Comité Federal el pasado 21 de enero. Señalar sólo tres de los aspectos básicos que, en mi opinión, son irrenunciables: la ley debe permitir a los jueces establecer, en cada caso, las responsabilidades (penales, civiles, o cualesquiera que fuese) de los responsables del régimen; debe establecer los cauces necesarios que permita la no repetición de los hechos denunciados y, por último, como derecho de todos/as los y las ciudadanas, debe asegurar el conocimiento público de la verdad ocurrida y su difusión, incluidos los textos escolares.
Las víctimas de la guerra, pertenecientes al ámbito franquista (según la terminología empleada en la época, caídos, ex combatientes, mutilados.., así como sus familias) fueron reconocidos, rehabilitados, indemnizados por el régimen, levantados monumentos en su honor e incluyendo los nombres de sus fallecidos en las paredes exteriores de las iglesias y parroquias de todo el territorio nacional, durante setenta años al menos (en muchas iglesias aún se conservan estos reconocimientos públicos, como se puede observar impunemente).
Las víctimas de la guerra que pertenecían al ámbito republicano fueron, tras la misma, represaliados/as en campos de concentración y cárceles, fusilados/as tras juicios sin ningún tipo de derecho ni garantía, incautados sus bienes y los de su familia, expulsados/as de sus puestos de trabajo, inhabilitados/as… desaparecidos/as, exiliados/as o huidos/as al monte. La reparación plena, no parcial como se ha venido haciendo hasta ahora, su rehabilitación, restitución, indemnización y reconocimiento aún están por llegar. Siguen siendo los vencidos, los olvidados; las vencidas, las olvidadas. Esta ley que exigimos ha de servir de eje que, definitivamente, permita hacer justicia con todas las víctimas de la represión.
* Javier Ruiz es Secretario Federal de Memoria Histórica del Partido Comunista de España (PCE)