El proyecto de Ley de Memoria Histórica pasó ayer su primer trámite en el Congreso español al rechazarse la enmienda de totalidad presentada por el PP y los dos textos alternativos de ERC e IU-ICV, que consideran que la ley es una «humillación» para las víctimas del franquismo. El PSOE tuvo el apoyo de PNV […]
El proyecto de Ley de Memoria Histórica pasó ayer su primer trámite en el Congreso español al rechazarse la enmienda de totalidad presentada por el PP y los dos textos alternativos de ERC e IU-ICV, que consideran que la ley es una «humillación» para las víctimas del franquismo. El PSOE tuvo el apoyo de PNV y CiU. Una vez pasado este primer filtro, está previsto que la norma comience a discutirse en ponencia el próximo mes de febrero.
El Congreso español dedicó más de tres horas a un proyecto de ley que comienza su andadura apenas dos días después de los funerales del dictador chileno Pinochet. En Madrid se habló ayer de «justicia», pero a tenor de los términos en los que está redactado el texto que se dio a conocer en julio, más parece un intento de lanzar paladas de tierra y olvido sobre la violación masiva de derechos humanos tras igualar a víctimas y verdugos. Como dijo un diputado, «lo que vale para Chile no vale para España», en referencia a los lamentos por la desaparición de Pinochet sin pagar por sus crímenes.
Ayer, todos los grupos votaron contra la devolución al Gobierno del proyecto que planteaba el PP, mientras que los textos alternativos de ERC e IU-ICV fueron rechazados por los dos grupos mayoritarios, junto con CiU y Coalición Canaria-Nueva Canarias, mientras que el PNV se abstuvo.
La encargada de defender la ley fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien recalcó que esta norma es un «reconocimiento moral a las víctimas y de sus derechos individuales», con el objetivo de «saldar una deuda, la de la injusticia».
Dijo que por «primera vez en la historia reciente», un proyecto «reconoce y declara con carácter general la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal, ocasionadas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil y la dictadura». Esto, a su juicio, va «un paso más allá» de la anulación de juicios sumarios que piden ERC e IU-ICV porque reconoce esa «injusticia» haya o no «sentencias» y otorga el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular pronunciada en nombre del Parlamento.
De la Vega dijo que se trata de una ley «heredera del mejor espíritu de la transición» y del «principio de concordia que condujo hacia una democracia estable y consolidada».
Para el derechista Manuel Atencia, el PP «no tiene más pasado ni más herencia que la transición y la democracia» y tachó la ley de «innecesaria, extemporánea, errónea, hipócrita y falsaria» porque busca «atribuir derechos ficticios» y, aunque «se disfraza como una iniciativa de concordia», es «un torpedo en la línea de flotación del pacto constitucional» que busca el «revisionismo histórico» y la imposición de «una verdad oficial».
Atencia afirmó que en la llamada transición española «nadie se vio obligado a reprimir su recuerdo», sino que únicamente se acordó no usar la Historia como «arma política».
Para el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, el proyecto es «absolutamente frustrante» porque no revoca los juicios sumarísimos, deja a la iniciativa particular la recuperación de la memoria y no establece una estrategia de Estado para convertir los escenarios de la represión en espacios para la recuperación de la memoria.
Herrera recordó que el genocidio franquista alcanzó a «más de 300.000 personas a las que hay que añadir más de 30.000 desaparecidos». Herrera también rechazó el «doble discurso» por el que «lo que vale para Chile no vale para España».
Por su parte, Joan Tard, de ERC, dejó patente su «decepción e indignación» por la no la anulación de los juicios sumarios, y pidió apoyo para su texto, que entre otras cosas establece que corresponde al rey español, quien «juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional», «formalizar en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del alzamiento militar».
Piden que se investigue la desaparición de 30.000 personas
GARA
MADRID
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó ayer una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que pide que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante los años del violento golpe de Estado franquista y la posterior dictadura.
Según explicó ayer Fernando Magán, abogado de la asociación, que agrupa a familiares de desaparecidos durante este periodo, éstos han decidido acudir a la vía judicial debido a que este asunto «que lleva latente desde hace cinco años, no está teniendo la acogida que merecería de las instituciones públicas», ni siquiera en la Ley de Memoria Histórica que se debatió ayer en el Congreso.
Magán indicó que en la Audiencia Nacional «estos asuntos han sido comprendidos y atendidos para otros lugares del mundo en circunstancias similares» y confió en que aunque el tiempo transcurrido desde los hechos es superior, este tribunal aplique el «criterio flexible» que ha tenido en otros casos.
El letrado añadió que aunque no tienen constancia del número exacto de desaparecidos, en la denuncia se aporta documentación de diversas fuentes en la que se habla genéricamente de 30.000 personas, y dijo que en los últimos años han sido recuperados unos novecientos cadáveres.
Esas desapariciones, agregó, se registraron mayoritariamente en los meses posteriores a la sublevación militar en el verano de 1936, aunque también se produjeron después.