A finales de los años 60 las mujeres con aspiraciones profesionales tenían un dilema en relación a la maternidad. Las necesidades de formación y de entrenamiento y los requerimientos para hacerse con un espacio profesional, alargaban, igual que ocurre en la actualidad, la decisión de ser madres. Era la primera generación que sabía que con […]
A finales de los años 60 las mujeres con aspiraciones profesionales tenían un dilema en relación a la maternidad. Las necesidades de formación y de entrenamiento y los requerimientos para hacerse con un espacio profesional, alargaban, igual que ocurre en la actualidad, la decisión de ser madres. Era la primera generación que sabía que con la edad materna incrementaba el riesgo de anomalías genéticas en la descendencia y se planteaba bien renunciar a ser madres (acababa de comercializarse la píldora anticonceptiva) bien arriesgarse a un embarazo con posibles anomalías. Las que tenían recursos y contactos profesionales se podían plantear pruebas prenatales en centros hospitalarios de otros países. Si el resultado del estudio indicaba una anomalía era necesario, si así lo decidía la interesada, volver a viajar e interrumpir el embarazo en Londres o Paris. También se podía correr el riesgo y asumir la desgracia si el hijo deseado nacía con malformaciones. Otra opción era intentar abortar en España clandestinamente. Es decir las opciones en nuestro país eran según la moral católica dominante y las leyes franquistas: el castigo eterno por hacer el amor sin intención de procrear, traer al mundo a una persona sin capacidad de autonomía cuyo sufrimiento y dependencia condicionaría su calidad de vida y la de sus familiares hermanos incluidos, o correr un grave riesgo para la salud y adicionalmente el riesgo de cárcel.
De todo esto, por fortuna hoy nadie se acuerda, no solo porque han cambiado las leyes y la sociedad española se ha modernizado y actualizado, sino también porque existen métodos seguros y fiables de diagnóstico en estadios muy iniciales del embarazo a los que las embarazadas se someten con naturalidad, sin riesgo para el embarazo ni para su salud, y que están en el protocolo de la Seguridad Social. La mayoría de las mujeres no son conscientes de que nos quieren privar de esta normalidad. ¿Qué sentido tiene hacerse esas pruebas, ecografías incluidas, que no sea la interrupción del embarazo en las primeras semanas y con el mínimo riesgo? ¿Cuál será, si se aprueba esta ley, el sufrimiento de las embarazadas de más de 30 años, hoy mayoría? La ciencia permite que una mujer sea madre pasada la trentena con garantías de no tener un hijo malformado. La ley que prepara el Gobierno nos devuelve a los años 60 con el agravante que han pasado casi 50 años y la ciencia ha dado unos pasos que no se pueden ignorar.
Montserrat Pons. Catedrática emérita de Biología Celular. Universidad Autónoma de Barcelona.
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