Como mantra repite Rajoy «la ley es la ley». De sobra sabemos lo que sabemos. La ley hay que cumplirla, en caso contrario, la fuerza del poder caerá sobre nosotros como rayo justiciero. También sabemos que no todas las leyes son justas, por mucho que sea ley; si ha sido elaborada en dictadura o ejecutada […]
Como mantra repite Rajoy «la ley es la ley». De sobra sabemos lo que sabemos. La ley hay que cumplirla, en caso contrario, la fuerza del poder caerá sobre nosotros como rayo justiciero. También sabemos que no todas las leyes son justas, por mucho que sea ley; si ha sido elaborada en dictadura o ejecutada mediante fuerza. Si se aprueba con una mayoría absoluta irracional, por muy legal que parezca ser, si lo que pretende es perjudicar a la mayoría social, en beneficio de los amigos de quienes ostentan el poder; será ley injusta. La ley puede ser injusta. Y si es injusta hay que derrocarla. Habrá que pensar en la insumisión, para determinados casos.
«Sépanlo todos y ténganlo presente: Si no existe Justicia da igual que se proclamen derechos porque nadie podrá reclamarlos; si la Justicia no funciona correctamente ningún derecho o ley que se promulgue tendrá eficacia». Así lo proclama la Brigada Tuitera en su manifiesto. Hace unos días, me dieron la oportunidad de participar como ponente en su Congreso #DíadeJusticiaT. Su talante me gusta y coincido con sus lemas: Justicia sin tasas, Justicia para todos, Justicia independiente, Justicia con medios, Justicia cercana. En mi intervención, me permití proponer dos nuevos lemas: Justicia Social y Justicia Justa; porque viendo lo visto, la justicia implantada por el Partido Popular en el gobierno, es una «j» con minúscula, una justicia de julepe, como la califiqué. La Justicia es injusta, si está alejada de la Justicia Social.
Si la Ley es la ley, la justicia solo es Justicia, si se establece para preservar una sociedad igualitaria y solidaria, en la que el bienestar sea la bandera de la convivencia en democracia. Una sociedad de derechos sociales, laborales y sindicales garantizados por la Ley máxima; una sociedad que deseche de su seno la pobreza y la miseria, promueva el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia para todos. Estaría bien que las formaciones que pretenden representarnos a partir del 20 de diciembre, incluyera propuestas para establecer leyes, que garanticen los derechos sociales. Con Justicia social, la persona adquiere el sentido de la convivencia en paz y sosiego. La Justicia social ha sido la reivindicación de mi vida; desde lo político, lo sindical, lo social, también desde lo penal está intentado.
La Organización de Naciones Unidas, declaró que el 20 de febrero se celebre el Día Mundial de la Justicia Social. Me adelanto a la fecha para reclamar que sus postulados se establezcan en la Ley de leyes. «La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social promoviendo la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad». Para la ONU, la búsqueda de la justicia social para todos, es el núcleo de una misión global, para promover el desarrollo y la dignidad humana.
Para que la Administración de Justicia se ejerza con dignidad, tiene que contar con medios suficientes y el gobierno del PP, la derecha en estado puro, no pone a su disposición. No interesa. Ya lo dijo el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo Carlos Lesmes, «la ley actual está pensada para el ‘robagallinas’, no para el gran defraudador» y no se le calló ni el bigote. Para aplicar la justicia a los roba gallinas hay suficientes medios; y para aplicar la ley de forma interesada contra sus amigos tienen bastante. Prefieren su ley oscura o floreada y la divina, que solo resplandece con atrezo teatral. Jueces para la Democracia reclama la creación de mil juzgados para atender las necesidades ciudadanas. Con Gallardón se vieron los recursos reducidos casi a cero. De Catalá ni hablamos. Tiene bastante con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que entra en vigor el próximo 5 de diciembre.
Las asociaciones de jueces y fiscales aseguran que la reforma de la LEC favorece la impunidad, en los grandes procedimientos, especialmente los referidos a casos de corrupción, al reducir plazos para la instrucción de los sumarios. El Consejo fiscal informó, que el plazo de duración de las diligencias no es realista y que es «preciso establecer con mayor detalle las consecuencias procesales». Las consecuencias procesales serán las de la impunidad criminal. Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, advierten de las «aciagas consecuencias prácticas» de la reforma. Las citadas asociaciones de jueces y fiscales entienden que, al no ir acompañado de más medios y de una nueva regulación global del proceso penal, la impunidad será su efecto.
Según la UPF, la reforma no es sino «un nuevo remiendo con un efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la averiguación de sus responsables». No creo que se ha hecho desde el absoluto desconocimiento, sino con premeditación, para que los investigados en casos de corrupción política y económica queden impunes. La APIF dice que «se pone un escollo más a la instrucción de las causas que nos llevará a espacios de impunidad con instrucciones deficientes».
Las grandes causas de corrupción, según jueces y fiscales, precisan de complejas investigaciones con trámites lentos, que harán imposible cumplir los plazos. La aplicación de la norma obligará a revisar todas las causas abiertas (unas 700.000), para computar los plazos, teniendo en cuenta que el límite de instrucción es retroactivo. JpD consideran que es «manifiestamente imposible el cumplimiento de plazos, lo que dará lugar al cierre en falso de las instrucciones, o dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral». Todo es preocupante. Los procedimientos por corrupción, quedarán impunes en numerosos casos. Es lo que el gobierno pretende.
La modificación de la denominación de imputado por «investigado y encausado«, obedece a fines estéticos que beneficia a los presuntos delincuentes. La reforma pretende disminuir las «estadísticas» sobre el volumen de trabajo de los juzgados, al establecer que los atestados policiales sin autor conocido, no sean tramitados en sede judicial, sin haber regulado al mismo tiempo un sistema de registro de esos atestados, que deberían estar siempre a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.
La lucha contra la corrupción y la criminalidad del siglo XXI requiere recursos económicos, medios técnicos e informáticos, personales, materiales, y un marco procesal basado en autonomía, especialización y celeridad. Catalá está modernizando la justicia, retornándola al XIX, por intereses de partido. «Cualquier medida que trate de agilizar el proceso penal es bienvenida, cualquier otra que trate de generar espacios de impunidad es una burla al estado de Derecho, al trabajo de los profesionales de la Justicia y a las víctimas de todo delito».
Pero no es solo la persecución de los delitos económicos y de corrupción, son también los delitos ecológicos, como Ecologistas en Acción advierte. La instrucción a seis meses, como prevé la LEC afectará negativamente a los procesos por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, porque su complejidad requieren de periodos más largos de investigación. Todo a favor de la impunidad y los corruptos.
La jurista y amiga Verónica de Carpio, en su bloc El bosque y los árboles, hace referencia a las conclusiones de la XXV reunión de Jueces Decanos de España. Se destaca que las recientes leyes de reforma del proceso penal, van a tener una eficacia muy limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los Juzgados. «De hecho dichas leyes reconocen expresa y abiertamente en sus disposiciones que no van a suponer dotación o incremento de medios materiales o humanos, lo que implica legislar en el vacío, mediante leyes que difícilmente pueden aplicarse en la práctica con eficacia».
Los Jueces Decanos entienden que «sorprendentemente» se han aprobado medidas poco comprensibles, en cuanto que van a tener un efecto sumamente negativo, «como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista, que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos». Es conocido que la causa es la escasez de personal y medios para ejercer la administración de Justicia. Es necesario abordar medidas urgentes tendentes a superar la «preocupante situación de los Juzgados de 1ª Instancia y de lo Mercantil, absolutamente desbordados, sin que se hayan creado juzgados ni aumentado el número de jueces en los últimos años a pesar de que el número de asuntos se ha incrementado ostensiblemente»
Para el presidente Rajoy, la ley es la ley, pero su gobierno ha establecido una justicia que no es para todos. Una justicia para los ricos, los poderosos y otra para los pobres, el pueblo llano, por lo que la justicia deja de ser justicia, al discriminar en el trato y en el acceso. Todas las personas tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia, cuando nuestros derechos e intereses legítimos se vean perjudicados, sin que pueda producirse indefensión. La justicia debe ser gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Estos son derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía y muestran la concepción social del Estado Democrático de Derecho. Pero no es oro todo lo que reluce. La justicia no es igual para todos, ha decretado el PP.
Muchas veces me he preguntado ¿Cómo es posible que no se haya abordado la modernización de la administración de justicia y que a estas alturas de avances tecnológicos se sigan utilizando medios del siglo XIX? Me ha costado, pero ya me he respondido: Porque quienes ostentan el poder no han querido y siguen sin querer.
Si nadie lo remedia, y no se le espera, el 5 de diciembre, la Justicia, será menos justicia y la democracia retrocederá. Es tiempo de que el gobierno derogue la LEC antes de que entre en vigor, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; por decencia democrática. A los ricos y poderosos la ley protege y a los pobres miserables, el brazo de la justicia, nada ciega, seguirá cayendo con todo el rigor. Cuando la Justicia sea Justa, por defender la Justicia Social, la Ley será la Ley.
@caval100