Trabajadores de Tubacex, ITP Aero, Petronor y el metal de Bizkaia han creado una plataforma para alertar de la “avalancha” de sanciones recibidas estas últimas semanas por parte de la Ertzaintza.
Han organizado una plataforma de multados e imputados. Aún no tienen nombre, pero acumulan decenas de multas —cuyas sanciones se elevan a más de 15.000 euros— y citaciones —un total de 28, entre absueltos, condenados y a la espera de juicio—. Son trabajadores que han secundado las huelgas del metal de Bizkaia, Petronor, Tubacex e ITP Aero —conocida antiguamente como PCB—. El Parlamento Vasco se comprometió el 28 de junio de 2016 a no aplicar la Ley Mordaza en la Comunidad Autónoma Vasca. En 2017, la Ertzaintza incoó 5.695 expedientes; 638 por desobediencia o resistencia a la autoridad, 1.103 por falta de respeto a las fuerzas de seguridad. Gobierno vasco jamás instó al Departamento del Interior a cumplir ese mandato.
Más bien al contrario, alertan desde la plataforma. Se han reunido con la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez, pero no el consejero de Seguridad. Josu Erkoreka sigue sin recibirles. El departamento que dirige Erkoreka es el responsable de dichas sanciones e imputaciones, una estrategia de represalia política que parece consolidada desde el pasado año.
Miren —nombre ficticio— es trabajadora de Tubacex. Por tanto, secundó la huelga de casi ocho meses que ha permitido la readmisión de 129 compañeras despedidas en un ERE que la Justicia consideró nulo. Por el camino, Miren participó en los piquetes organizados a pie de fábrica, en las concentraciones frente a los juzgados y en las manifestaciones que durante ese tiempo organizó su comité de empresa. La presencia de los agentes antidisturbios de la Ertzaintza fue constante.
El 17 de junio participó en la concentración convocada delante de los juzgados de Amurrio, donde dos personas iban a declarar tras ser identificadas en una concentración previa. “Los agentes antidisturbios nos dijeron que teníamos que quedarnos detrás del carril bici. Nos empujaron hasta ahí y siguieron empujándonos después. En apenas unos segundos, pasé de estar de tercera a primera fila. Con su escudo, un antidisturbio me dio en el dedo índice de la mano derecha. Le dije “mira lo que me has hecho, y me siguieron empujando hasta que me empezaron a aporrerar y a tirar de mí hacia ellos”, explica.
La identificaron, la metieron en el coche patrulla y la llevaron al centro de salud. Se negaron a dejarla a solas con la médica —tuvo otras dos contusiones— y fue la doctora quien se plantó y afirmó que Miren no iba a desnudarse delante de los agentes. O se iban o venían mujeres policía. No se marcharon, esperaron a un relevo de turno.
Ahora el fiscal pide para Miren 15 meses de cárcel por atentado a la autoridad. Da por buenas las explicaciones de los ertzainas, que aseguran que Miren le golpeó a un agente en el pecho. “¡Pero si llevaban escudos!”, exclama para incidir en la imposibilidad física de darle un puñetazo al tórax a un agente que lleva, además del chaleco protector, un escudo de plástico.
En Tubacex hay otras tres personas imputadas, dos de ellas por un presunto delito de desórdenes públicos —un agente de la policía local consideró que habían movido unas vallas—. Al menos 17 personas han recibido 30 multas —algunas personas han recibido varias multas, incluso sin ser identificadas en el presunto momento de los hechos—. Dos expedientes sancionadores ascienden a 3.000 euros, cinco son de 700 euros y el resto, de entre 100 y 50. Como mínimo, 10.000 euros en sanciones. Otros trabajadores han preferido no colectivizar las sanciones que han recibido, y han optado por pagarlas de forma individual. Tubacex creó una caja de resistencia, que ahora servirá, si alcanza, para pagar letrados y multas.
La huelga del metal de Bizkaia dejó 15 imputados. Nueve personas resultaron absueltas, una condenada a un año de prisión —ha recurrido—, otras tres se encuentran a la espera de la sentencia. Otra, a la espera de juicio. Dos tienen una petición de 23 meses de cárcel por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones.
En ITP Aero hay ocho trabajadores imputados, algunos se encuentran a la espera de juicio, dos han sido condenados. En esta huelga, la intervención de la Ertzaintza saltó a los medios de comunicación cuando un antidisturbios le rompió la nariz al sindicalista de CC OO Javier Gómez. Él denunció a la Ertzaintza. En enero, la plataforma indicó que las multas recibidas en ITP ascendían casi a 5.000 euros
En Petronor, un trabajador ha sido imputado por daños y atentado a la autoridad.
Avalancha
La plataforma alerta de que los trabajadores están recibiendo “una avalancha de multas” en las últimas semanas. “Solo hemos defendido el empleo y las condiciones laborales de todas y cada una de nuestras compañeras”, señalan. “La lucha es la herramienta legítima para defender y conquistar derechos para la clase trabajadora. Por ello decimos, alto y claro, que la lucha sindical nunca puede ser un delito”, advierten.
Precisamente el artículo 315.3 del Código Penal, que penaba con hasta tres años de cárcel la actividad de los piquetes en las huelgas, fue derogado el 11 de marzo de 2021.
Recientemente, una sentencia del 1 de marzo reconocía el valor de las movilizaciones laborales para obtener mejoras: “[las movilizaciones, concentraciones, una huelga indefinida y el acompañamiento de un sindicato, ELA, que fue indemnizado] nos demuestran que el personal afectado es reivindicativo y ha obtenido con su conducta resoluciones judiciales que avalan mayores retribuciones a las que venían percibiendo anteriormente”. Dicha sentencia declaró nulo el ERE contra las 76 trabajadoras de la limpieza del Igualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao.
La delegada sindical de LAB Iratxe Axkue, compañera de Miren, reitera que “defender puestos de trabajo nunca será un delito”. Y añade una valoración política: “Detrás de todas estas multas, represión e imputaciones hay una cosa bien clara, el intento de criminalizar cualquier lucha sindical y de la clase trabajadora, así como una dejación absoluta del Gobierno vasco, que lo único que ha hecho es ponerse del lado de la patronal y no duda en poner a la Ertzaintza a su servicio”.
En 2015, cuando el PP de Mariano Rajoy ostentaba la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, aprobó la ley que incluía el artículo 315.3 para ampliar la solicitud de penas de cárcel hasta tres años para los piquetes. Ese año también aprobó la Ley Mordaza, que sigue intacta a pesar de los múltiples anuncios de derogación —del PSOE— o los anuncios de no ejecutarla, como el del PNV en 2016.
La Ley Mordaza se ha convertido en Catalunya en el instrumento que utilizan los agentes de los Mossos d’Esquadra para intimidar al movimiento social en defensa de la vivienda. Un movimiento que, como el sindicalismo laboral en Euskal Herria, está ampliamente implantado y cosecha frutos cuando sale a la calle.
El 21 de enero de 2021, la Ertzaintza replicó la estrategia de los Mossos d’Esquadra al sindicato de viviendas de Gasteiz, Etxebizitza Sindikatua, en la ejecución del desahucio del número 15 de Los Herran. Detuvieron a tres personas, dos fueron enviadas a extranjería, cuatro fueron imputadas por atentado a la autoridad y desobediencia e incoaron 15 multas de 700€ por desobediencia y 28 multas de 1.200€ a las personas que se encontraban dentro del edificio finalmente desahuciado. Las sanciones ascendía a 30.000 euros.
Los sindicatos CC OO, LAB, ESK, CNT y CGT, así como la organización juvenil Ernai, apoyan a la plataforma de trabajadores sancionados e imputados. Algunos miembros de esta plataforma consultados por El Salto alertan de las inconcreciones, incorrecciones e incluso invenciones que aparecen en dichos expedientes. También advierten de que no solo han recibido multas los trabajadores, también personas que ofrecieron su apoyo a los huelguistas. Como un vecino de una de las dos plantas de Tubacex, al cual multaron en su propio aparcamiento privado al negarse a irse de su casa.