«Si bien, tanto desde el punto de vista de la política interior española como de su trascendencia internacional, la retirada de las fuerzas armadas españolas de Iraq ha podido tener una catalogación política alternativa a la inercia de acceder a los deseos e imposiciones del Imperio de George Bush, como también fue relevante la oposición […]
«Si bien, tanto desde el punto de vista de la política interior española como de su trascendencia internacional, la retirada de las fuerzas armadas españolas de Iraq ha podido tener una catalogación política alternativa a la inercia de acceder a los deseos e imposiciones del Imperio de George Bush, como también fue relevante la oposición de Francia y Alemania y otros países como Chile a no aceptar una resolución dictada por el triunvirato de Estados Unidos, Reino Unido y España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las vísperas de la invasión a Iraq, las siguientes actuaciones (y omisiones), como las que también han realizado Francia y Alemania, han sido de un claro comedimiento, seguimiento y sometimiento a las misiones estadounidenses. Se acepta la operación de la OTAN en Afganistán, se aumentan los efectivos allí, para facilitar la redistribución de fuerzas estadounidenses y ocupar el vacío de poder tras el derrocamiento de Aristide en Haití. Pero, sobre todo, explica la complicidad gubernamental española en que las bases ‘hispano’ estadounidenses hayan sido elementos necesarios para la invasión, el mantenimiento de la ocupación en Iraq y sus derivas correspondientes, incluyendo los bombardeos de Faluya y demás».
Las leyes que se pretenden estructurales, como podrían ser las ‘orgánicas’ que deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de la composición del congreso, por lo menos 176 diputados- son la componenda habitual de los partidos mayoritarios. Y, por lo tanto, son fruto de equilibrios amoldados en el ser de sus naturalezas e ideologías prácticas, separadas en incontables ocasiones de la retórica programática.
En este caso, la continuidad de esta ley orgánica de defensa presentada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con las anteriores ‘orgánicas de defensa’ se manifiesta hasta en la terminología, como cuando señala que ‘las fuerzas armadas, identificadas con los ideales del pueblo español (sic), del que forman parte, al que sirven y del que reciben estímulo y apoyo, son elemento esencial de su defensa; su razón de ser es la defensa militar de España’. Parecería esta parte teosófica más hecha por un concursante épico de un certamen literario dictatorial que por un redactor legal.
Pero esa parte anacrónica, como la parte referida al rey o al desarrollo legislativo de un código de conducta descansan en latiguillos que reflejan la mentalidad premoderna de los redactores ubicados en el Ministerio de Defensa, que dirige José Bono. También son intencionadamente confusos y reprochablemente mezclados en el mismo artículo 15 los tipos de operaciones asignadas a las Fuerzas Armadas, tanto en el territorio nacional junto con las del exterior, haciendo un batiburrillo de funciones que no se sabría cuando se está legislando para el interior y cuando para el exterior, dejando una discrecionalidad al Ejecutivo grosera y no reglada.
Pero lo relevante mediáticamente es que se quiere vestir este Proyecto de ley como alternativa legal a lo existente, incluyendo las omisiones, como que el Gobierno Aznar permitió el envío de tropas españolas a Iraq pasado el 1 de mayo de 2003, cuando Bush declaró el fin de la situación bélica causado por la invasión angloestadounidense en ese país.
Para ello, se enfatiza que Las Cortes Generales ‘examinarán, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional’. Después, se precisa que se realizará ‘una consulta’ no determinante, si se puede. Y si no se puede, porque la misión es urgente, el Gobierno someterá al Congreso la decisión que haya adoptado.
No siendo baladí ese tema, queda por definir la afinidad de esas misiones con el derecho internacional. Aquí, deja de estar claro la ‘bondad’ de este proyecto para alinearlo con la continuidad de una política exterior occidentalista como la de todos los anteriores gobiernos que ni siquiera alcanza las consecuencias del retruécano del eslogan socialista de principios de los años ochenta de ‘[OTAN de] entrada no’.
Efectivamente, ‘las fuerzas armadas contribuyen militarmente a la seguridad de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. ‘Las misiones en el exterior deberán cumplir las condiciones de ‘que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias.‘ Aunque se añade que esas misiones ‘sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.’
En todo ese Proyecto no se alude a las consecuencias del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación con Estados Unidos y al uso logístico que dicho país realiza de las instalaciones y espacio aéreo del nuestro, incluidas las bases militares para la realización de las ‘misiones’ unilaterales que los Presidentes estadounidenses consideren oportunas.
Hipocresía gubernamental
Vemos ahí, pues, la hipocresía gubernamental. E, incluso, es de destacar la asunción de la doctrina OTAN con la recreación del Tratado de Washington en la reunión en la Cumbre en abril de1999, de los Jefes de Estado y de Gobierno que aprobaron el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza tras la guerra de la antigua Yugoslavia y la incorporación de nuevos países de Europa del Este a dicho Tratado del Atlántico del Norte.
Porque no lo olvidemos, la OTAN bombardeó y España participó en esos ataques en los países de la antigua Yugoslavia saltándose a las Naciones Unidas. España, pirateó un mercante dentro de la Operación Libertad Duradera liderada por Estados Unidos en el Índico [1]. La recreación del Tratado de Washington, realizada en tiempos de William Clinton, afirmaba ya la posibilidad de intervención militar fuera de los países del Tratado, contra terceros, atacando preventivamente, saltándose otras instancias ya sean las Naciones Unidas o el derecho internacional cada vez más vapuleado y amoldado al poder de la fuerza.
Y en nuestro país, el PSOE y Solana (en cuanto portavoz de una Unión Europea inscrita en la Unión Europea Occidental) apoyan esa visión. Y han ido asumiendo la deriva desde la OTAN ‘de entrada no’ a la francesa, sin incorporación formal en la estructura militar, después la plena integración y, por último, hasta los ataques preventivos liderados por la OTAN.
Si bien, tanto desde el punto de vista de la política interior española como de su trascendencia internacional, la retirada de las fuerzas armadas españolas de Iraq ha podido tener una catalogación política alternativa a la inercia de acceder a los deseos e imposiciones del Imperio de George Bush, como también fue relevante la oposición de Francia y Alemania y otros países como Chile a no aceptar una resolución dictada por el triunvirato de Estados Unidos, Reino Unido y España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las vísperas de la invasión a Iraq, las siguientes actuaciones (y omisiones), como las que también han realizado Francia y Alemania, han sido de un claro comedimiento, seguimiento y sometimiento a las misiones estadounidenses. Se acepta la operación de la OTAN en Afganistán, se aumentan los efectivos allí, para facilitar la redistribución de fuerzas estadounidenses y ocupar el vacío de poder tras el derrocamiento de Aristide en Haití. Pero, sobre todo, explica la complicidad gubernamental española en que las bases ‘hispano’ estadounidenses hayan sido elementos necesarios para la invasión, el mantenimiento de la ocupación en Iraq y sus derivas correspondientes, incluyendo los bombardeos de Faluya [2] y demás.
Por lo tanto, no basta con no invadir directamente; tampoco es suficiente el no hacer del poder de la fuerza la fuente del derecho, cada vez más amoldado a esas presiones, amañando presiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y contratando ejércitos pagadores de las deudas externas de sus países, como José María Aznar; es preciso una coherencia entre los valores que se dicen defender y los Tratados internacionales, y está claro que ni la OTAN y menos aún el Convenio bilateral con Estados Unidos cumplen esos requisitos. Por el contrario, son agentes de intervención imperialistas, sobre todo orientadas al mundo árabe y el control del petróleo.
Y eso al eludirlos en ese Proyecto de la ley de defensa hace que ya la política de defensa ‘nueva’ del actual Gobierno de Rodríguez Zapatero nazca flácida, con agujeros y etérea. Pero con la imagen apropiada, permisividad y complicidad en lo fundamental con Washington y la posibilidad de ‘vender’ si se lo compran- la imagen de talante en Madrid.
Notas:
1. Véase en Rebelión: Santiago González: El GAL se internacionaliza
2. Véase en CSCAweb: El gobierno español responde sobre al-Kubaysi y la utilización de las bases en la guerra de Iraq. El CSCA solicita al ministro Moratinos que realice las gestiones oportunas para lograr la liberación de al-Kubaysi