Ante el «Proyecto de Ley aprobado por el gobierno por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de las personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista», la Plataforma de Ciudadanos por la República quiere expresar públicamente su posición: 1º Desde una posición […]
Ante el «Proyecto de Ley aprobado por el gobierno por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de las personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista», la Plataforma de Ciudadanos por la República quiere expresar públicamente su posición:
1º Desde una posición democrática y defensora de la dignidad colectiva del pueblo español, el contenido de la Ley resulta completamente ofensivo e indecente.
2º La Ley propuesta practica una equidistancia moral indeseable hacia quienes lucharon en defensa de la República Española, desde cualquier posición ideológica o moral pero siempre en defensa del gobierno democráticamente constituido, y quienes lo hicieron para aplastar las libertades e implantar una sangrienta dictadura.
3º La Ley propuesta olvida deliberadamente la legislación internacional que considera no prescritos los crímenes de guerra y contra la humanidad con los que el régimen franquista logró imponerse ilegítimamente sobre territorio nacional gracias a la ayuda de la Alemania Nazi y la Italia fascista como reconoció la Asamblea General de la onU en su declaración de 1946.
4º La Ley propuesta considera un problema individual y no colectivo la lucha por la restitución moral de los injustamente condenados, exigiendo a los ya escasos supervivientes pasar por un nuevo juicio y a reunir por sus propios medios la documentación probatoria. Esta propuesta entraña un desprecio y una crueldad simbólica incomprensible que sólo podemos rechazar con la máxima energia. Lo que procede es lisa y llanamente la anulación plena de los juicios por ser ilegítima la autoridad que los conformó.
5º La Ley propuesta implica un reconocimiento explícito de la Legalidad nacida de la aplicación del Terror Fascista y protege los nombres de los verdugos. Al mismo tiempo considera como crímenes las acciones legales llevadas a cabo por los Tribunales republicanos en aplicación de la Ley contra los golpistas. En suma, la Ley propuesta por el gobierno es lisa y llanamente una ley franquista.
6º La Ley propone la ampliación de ayudas y derechos económicos a diversos colectivos que no fueron plenamente incluidos en leyes anteriores. Este hecho implica reconocer el insuficiente alcance de las Leyes anteriores, lo que constituye un avance, sin duda, pero el contenido de la Ley no afronta el problema. Igualmente renuncia esta Ley a sancionar a las empresas y particulares que see nriquecieron con el trabajo esclavo de cientos de miles de prisioneros politicos, de forma que las ayudas económicas saldrán exclusivamente del bolsillo de los contribuyentes. La Ley no devuelve su patrimonio a los cientos de miles de españoles perseguidos por sus ideas democráticas despojados por las incautaciones, multas y robos amparados por leyes injustas, tribunales ilegítimos y sentencias aberrantes.
7º La Ley contempla la retirada de aquellas placas conmemorativas que pertenezcan únicamente a un bando, lo que puede significar que las numerosas placas colocadas con gran esfuerzo en recuerdo de los defensores de la República y de los asesinados por el fascismo podrían ser retiradas legalemente. El tratamiento del problema representado por el Valle de los Caídos coincide con el otorgado por el propio régimen franquista, que en su propaganda pretendía presentarlo como un monumento que hermanaba a las víctimas, olvidando el horror de su construcción y la glorificación del golpe y la guerra que fundaron el régimen y está perpetuado en sus murales y paredes.
8º La Ley no contempla ninguna acción que impida y persiga la negación del genocidio franquista y el carácter criminal del estado impuesto a través del Golpe del 18 de Julio y la Guerra Civil que lo implantó. Por el contrario, infama a la IIª República Española, asumiendo los criterios revisionistas de quienes hoy en día condenan a aquella y justifican la Dictadura franquista.
9º La Ley abre el camino a la ocultación de archivos y a la destrucción de pruebas que contribuyan a documentar legalmente las dimensiones del genocidio. Particularmente grave es el tratamiento dispensado a las inhumaciones de fosas comunes, donde se aboga por su realización sin tutela judicial y forense lo que es contrario a todo derecho cuando no complicidad en la ocultación de pruebas.
En suma, rechazamos la Ley propuesta y pedimos a todas las fuerzas políticas presentes en las Corte y a todos los diputados y diputadas que participen de valores democráticos y rechazen de corazón cuanto significó el régimen franquista, que voten la devolución de la Ley.
Pedimos al gobierno y al partido que lo apoya que tengan el valor de reformular la Ley sobre la base de la Legislación Internacional de Derechos Humanos, sobre el Derecho emanado de los Juicios de Nüremberg y que ponga fin a la Impunidad de los Crímenes del Fascismo franquista.
Exigimos se tenga en cuenta la posición e indicaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor.
A toda la sociedad civil, a los partidos, a las asociaciones ciudadanas, pedimos expresen su rechazo abiertamente y que realicen cuantos actos de desobediencia civil pacífica sean precisos hasta la retirada del`proyecto.
Plataforma de Ciudadanos por la República