Desde hace medio año, a partir del blog Ahorcados por la Hipoteca más de 3.000 hogares se coordinan para pagar un precio justo por sus casas y demandar medidas a largo plazo que aseguren el acceso a una vivienda digna y barata. Mientras, la vía legal choca con una justicia cara y colapsada por la […]
Desde hace medio año, a partir del blog Ahorcados por la Hipoteca más de 3.000 hogares se coordinan para pagar un precio justo por sus casas y demandar medidas a largo plazo que aseguren el acceso a una vivienda digna y barata. Mientras, la vía legal choca con una justicia cara y colapsada por la avalancha de casos.
«Antes pagaba 750 euros, ahora me sube a 1.600, ¿con dos hijos y otros gastos, cómo podremos vivir?», resumía un cartel desplegado en uno de los principales eventos festivos de la comunidad latinoamericana en Madrid. 200 personas dieron otro contenido a ese 12 de octubre en la plaza de Colón, en uno de los pocos actos públicos convocados por la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Intereses Impagables (UPVIFI) desde su creación en julio del año pasado.
La Unión agrupa ya a unos 3.000 hogares en todo el Estado, todo un récord para contar con apenas medio año de existencia. Sus integrantes sufren las consecuencias de las hipotecas basura a la española: recargos en la cuota por retrasos en los pagos y embargos. Pese a la bajada del Euribor, el Consejo General del Poder Judicial prevé que éstos aumenten hasta un 200% en 2009.
«Para los hipotecados, la crisis empezó este verano», recuerda Erick Játiva, uno de los impulsores de la UPVIFI. Con sólo una semana en la red, su blog Ahorcados por la hipoteca había recibido 1.500 visitas y cientos de testimonios. Era el momento de hacer algo más allá de Internet. «A la primera asamblea no vino casi nadie, pero en la segunda ya éramos más de 1.000», apunta. Así nació la UPVIFI, animada por la convicción que ha pasado a ser el lema oficioso de toda movilización social: «la crisis no la pagaremos nosotros».
Los hilos de la crisis
Una de las primeras reivindicaciones de la Unión es que los hipotecados puedan acudir al concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos que permite a las empresas declararse en quiebra. Las deudas, en este caso con las cajas y bancos, tendrían que ser satisfechas en el momento en que un juez dictaminara que la persona o familia cuenta con los recursos suficientes.
De hecho, las entidades tampoco sabrían qué hacer con unos inmuebles hoy por hoy imposibles de revender a un precio lucrativo. El problema, a corto plazo, es que el proceso judicial resulta demasiado caro para los hipotecados.
«En nuestra situación, pagar entre 4.000 o 5.000 euros está completamente fuera de nuestro alcance», precisa Játiva. Queda la justicia gratuita, pero esta salida se encuentra con más obstáculos, algunos de ellos también relacionados con la crisis.
En tres de cada cuatro casos las peticiones están siendo denegadas porque los solicitantes ganan más de dos veces el salario mínimo.
«Precisamente el problema que tenemos es que ni con todo lo que ganamos podemos pagar al banco», se lamenta Játiva. Por si fuera poco, allí donde cuenta con más implantación, la UPVIFI tiene enfrente a Esperanza Aguirre y a su propósito declarado de reducir la asistencia jurídica gratuita para extranjeros, colectivo mayoritario en la Unión.
También en la Comunidad de Madrid, la cuestión de los embargos y de la justicia gratuita se topa con el colapso en los tribunales. Según el CGPJ, para resolver los 6.261 embargos pendientes serían necesarios más de dos años de trabajo sin que a la vez entrara ningún caso nuevo. Los sindicatos pronostican que la administración de justicia quedará bloqueada a comienzos de este mismo año.
Salir a la calle
Con embargos que no se ejecutan, e inmuebles ya embargados que no se venden, la batalla de los hipotecados promete ser larga. Una de sus reivindicaciones apunta a que los inmuebles amenazados de embargo pasen a formar parte de un parque público de viviendas en alquiler, «de modo que se garantice el acceso generalizado a unas viviendas baratas y dignas», asegura Játiva.
Dicha medida, que supondría en la práctica sacar del mercado buena parte de las viviendas construidas en los últimos años, se enfrentaría no sólo a los intereses del conglomerado financieroconstructor, sino al propio desprestigio social que sigue asociándose a la práctica del alquiler.
«Debería haber una reacción política y social. Es necesario salir a la calle, protestar, que se escuche lo que proponemos», opina Játiva. Pero hasta el momento, los contactos con otras organizaciones para sacar adelante trabajo, reivindicaciones y movilizaciones conjuntas va a paso muy lento.