La Asociación memorialista alerta de que el edificio se cae a pedazos y nada recuerda lo que ocurrió allí desde la Guerra Civil hasta la Transición. Los ministerios competentes no responden.
Frederic Sánchez llegó a la prisión provincial de Cáceres en 1962, tras realizar una pintada en la ya extinta Universidad Central de Barcelona en la que reclamaba democracia y libertad. Alrededor de quince años más tarde, Pablo Mayoral corría la misma suerte tras ser condenado a muerte en uno de los últimos consejos de guerra llevados a cabo por el franquismo. Todavía faltaban más de tres décadas para que el enclave extremeño quedara totalmente deshabitado, como finalmente ocurrió en 2009.
La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) reclama que el espacio, propiedad del Ministerio del Interior, se declare como lugar de memoria y se rehabilite para crear en él un centro cívico memorial de titularidad pública, pero ni el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ni el de Cultura responden a sus demandas.
El vicepresidente de la entidad memorialista, Jose Hinojosa, afirma que por la cárcel cacereña, que empezó a construirse en 1934, pasaron cientos de opositores al régimen que merecen un espacio de recuerdo y dignidad. Durante la Guerra Civil funcionaron dos penales en la ciudad. Hinojosa, historiador y docente, explica que el 31 de julio de 1936 en Cáceres había 395 internos, cifra que a 1 de marzo de 1939 se había incrementado hasta los 1.097 entre los dos centros penitenciarios.
Según sus averiguaciones, los primeros años de posguerra convirtieron la prisión provincial de Cáceres en un centro de reclusión “realmente saturado”, a pesar de estar ideado para 165 personas, entre ellas 15 mujeres. A 31 de diciembre de 1940, ya eran 2.516 las personas censadas en la conocida como Prisión Nueva, aunque sin distinguir entre presos políticos y comunes. Hinojosa destaca otra cifra: desde el 1 de abril de 1939 hasta el 4 de septiembre de 1943, día en que tuvo lugar la última ejecución en Cáceres, 129 reos políticos que habían pasado por la prisión provincial fueron asesinados por un piquete militar franquista, mientras que 130 de ellos murieron en la cárcel debido a las calamitosas condiciones en las que se encontraban.
Cárcel para maquis en la posguerra
Aunque la población reclusa se redujo en los siguientes años, a mediados de la década de 1940 una nueva oleada de presos habitó el penal. En aquellos mismos años, la conocida como Cárcel Vieja se derribó. A la Nueva llegaron hasta 200 detenidos por su relación con la guerrilla antifranquista en la provincia, principalmente los conocidos como “enlaces”. “Por ahora desconocemos su número, que podría elevarse a varios centenares, pero sí sabemos que permanecieron poco tiempo entre sus muros, un mes o un mes y medio, pues eran trasladados a Madrid para ser juzgados y muchos de los condenados terminaron en otras cárceles del país”, apunta Hinojosa.
Entre los miles de nombres propios que dieron con sus huesos en esta cárcel, y los cientos de asesinados en el cementerio de la ciudad, destaca uno: Antonio Canales González. “Era el alcalde socialista de Cáceres y diputado en las Cortes cuando comenzó la construcción de la cárcel en 1934. El 25 de septiembre de 1937, tras estar interno en ella, le fusilaron”, sostiene el vicepresidente de AMECECA. Únicamente entre diciembre de ese año y enero de 1938, los sublevados segaron la vida de casi 200 personas, cifra el historiador. En 1943 se realizaron cinco fusilamientos, los últimos en Cáceres.
De Barcelona a Cáceres por pintar contra Franco
A principios de los años sesenta llegarían nuevos presos políticos a esta prisión provincial desde diferentes partes del Estado. A sus 83 años, Freceric Sánchez recuerda con todo detalle su paso por la cárcel. Detenido en febrero de 1962 en la capital catalana, se enfrentó al Tribunal de Espionaje y Alta Traición cuando ni siquiera se había creado el Tribunal de Orden Público. Terminó condenado a tres años de reclusión tras un juicio militar sumarísimo. Tenía 20 años, militaba en el Partido Socialista Unificado de Catalunya y estudiaba el primer curso común de Ciencias. Su delito fue realizar una pintada en la Universidad barcelonesa en la que pedía democracia y libertad.
“Nos llevaron a Cáceres, donde destinaban a los reclusos más jóvenes con condenas bajas, de hasta seis años”, relata Sánchez. Llegó a Extremadura un mes después de la detención y salió del penal el 9 de septiembre de 1963 debido a la aplicación de redención de penas y por un indulto como consecuencia del fallecimiento del papa Juan XXIII.
Sánchez todavía recuerda de forma nítida lo que vio en aquellos meses. “Pude comprobar la diversidad geográfica de la oposición al franquismo. Allí nos juntamos gente de Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Vizcaya… Conocí cómo de profunda podía ser la represión. Tenía compañeros condenados por tener un ejemplar de Mundo Obrero en su casa o haber aportado algo de ayuda para, precisamente, los presos políticos”, ilustra.
El día a día: solidaridad y protestas
El día a día y la capacidad de autoorganización en la cárcel por parte de los presos es otro aspecto que destaca Sánchez. “Cuando fusilaron a Julián Grimau en abril de 1963, hicimos una protesta que consistió en no romper filas después del recuento y permanecer en silencio unos minutos. Al final intervinieron los jefes de servicio y los funcionarios”, rememora.
También recuerda la dificultad de la mayoría de familiares para ir a ver a sus seres queridos, como era su caso, que apenas recibió un par de visitas en los 18 meses de reclusión. “Recuerdo el control de la correspondencia, cómo en el remitente escribíamos que éramos un preso político en la prisión provincial de Cáceres y cómo nos castigaron un mes sin que enviaran nuestras cartas. Recuerdo las comunas en las que nos ayudábamos entre presos. Recuerdo el trabajo en el taller, donde fabricábamos la paloma de la paz picassiana que se vendía fuera”, cuenta.
Este barcelonés asegura no arrepentirse de nada de lo que hizo. Incluso después de aquella experiencia volvió a pasar por la cárcel de 1969 a 1977, hasta la aprobación de la Ley de Amnistía. “Ojalá se pueda convertir en un espacio de memoria, porque por ahí pasaron muchas personas que no pueden caer en el olvido”, sostiene.
Cáceres, la última prisión para Mayoral
Sánchez subraya que apenas unos meses después de su excarcelación, la prisión cacereña dejó de recibir presos políticos con tanta frecuencia. Eso sucedió hasta 1970, cuando llegó el Proceso de Burgos contra 16 miembros de ETA. Pablo Mayoral fue condenado a los 24 años de edad, en septiembre de 1975, debido a su militancia en el Frente Antifascista y Patriótico y el Partido Comunista de España marxista-leninista. En su proceso, los último consejos de guerra durante la dictadura, pedían la pena de muerte. Finalmente fue condenado a 30 años de prisión.
Su periplo carcelario comenzó en Carabanchel, en Madrid. En agosto de 1977 le trasladaron al penal de Cartagena. “Allí solo estaba yo como preso político, pero me relacioné mucho con los comunes, la gente de la Coordinadora de Presos en Lucha que por aquel entonces organizaron varios motines”, relata. En septiembre llegó a Cáceres, donde pasó algo más de dos meses, hasta su salida en libertad el 9 de noviembre por la Ley de Amnistía.
En esta prisión coincidió con Manuel Cañaveras de Gracia, el último condenado a muerte en los consejos de guerra de El Goloso, en 1975, y último también de sus compañeros en salir en libertad, un hecho que resalta Mayoral. “No tengo muchos recuerdos de la cárcel. Cuando entras lo haces en un furgón, y cuando sales tampoco vuelves mucho la cabeza para mirar hacia atrás”, admite.
Un centro de memoria para evitar el derrumbamiento
Mayoral, ahora activista por la memoria, recalca que Extremadura y Andalucía son dos regiones en las que la Guerra Civil duró muy poco, “por lo que posteriormente se dio una represión bestial y feroz, con matanzas brutales por parte de falangistas, el propio ejército y la Guardia Civil en muchos pueblos”. Por eso, él también defiende la creación de un espacio de memoria que recoja este pasado, porque “poder reconstruir todavía lo que no sabemos es imprescindible”. Él fue torturado y pasó dos años y medio en la cárcel, pero a sus 73 años ha logrado que no le tiemble la voz si mira al pasado. “Lo que me duele es que se olviden las historias de aquellos que ya no están aquí, que se evapore su lucha con el tiempo”, sentencia.
Hinojosa, el historiador y vicepresidente de AMECECA, apunta que en Cáceres apenas se ha tratado el pasado franquista de la ciudad. Cerrado definitivamente en 2009, el edificio que ocupó la prisión provincial durante el franquismo y la Transición ahora “se cae a pedazos”, denuncia. Para evitarlo, y para sacar a flote este pasado incómodo y silenciado, llevan años luchando por la creación de un centro de memoria en este mismo enclave, aunque sin respuesta por parte de la Administración.
“Sabemos que en total hay unos 18.000 metros útiles. Se pueden aprovechar de muchas formas. El Ayuntamiento de la ciudad valoró en 10 millones de euros su puesta a punto, y no nos parece una inversión tan alta para el Gobierno central, de quien depende la infraestructura”, expresa Hinojosa. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no ha respondido a las preguntas formuladas por parte de CTXT al cierre de la edición de este artículo.