Traducido por Chelo Ramos
Entre las feministas latinoamericanas se escucha con frecuencia una consigna: «las ricas abortan, las pobres mueren». Las mujeres que mueren o sufren problemas de salud debido a abortos inseguros son las víctimas invisibles causadas por las extremas desigualdades en América Latina. Las que pueden pagarse abortos clandestinos o en el extranjero están protegidas por los tabúes sociales; las que no pueden, con frecuencia mueren de hemorragias causadas por intentos de aborto autoinducidos.
El 28 de septiembre, las militantes feministas de todo el continente celebraron el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Esta campaña tiene por objeto, entre otros, llamar la atención sobre el problema de salud pública que representa el aborto inseguro y exigir cambios en las leyes que penalizan el aborto.
Según la Organización Mundial de la Salud, 68.000 mujeres mueren cada año por abortos practicados en condiciones de riesgo y en el año 2000 se practicaron 3.700.000 abortos inseguros sólo en América Latina. A pesar de la recomendación del Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, en el sentido de que la criminalización del aborto obstaculiza el derecho de la mujer a la salud, América Latina es uno de los lugares donde el acceso al aborto está más restringido.
Aparte de Cuba, Guyana y Ciudad de México (sólo a partir de este año), el acceso al aborto legal en América Latina se limita generalmente a los casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre. Recientemente, El Salvador y Nicaragua eliminaron incluso estas excepciones como resultado de alianzas políticas con la Iglesia Católica. El 30 de septiembre pasado, un grupo de mujeres que protestaba esta prohibición en la Catedral de Managua, Nicaragua, tuvo que enfrentar insultos y piquetes de la policía. En un informe reciente, Human Rights Watch señala que el impacto de la prohibición ha sido «devastador» pues ha producido más muertes y ha hecho que las mujeres embarazadas sientan temor incluso de acudir a centro de salud.
En Venezuela, el país del continente con la mayor tasa de embarazos en adolescentes, una coalición de activistas feministas y sexodiversos ha presentado una solicitud de reforma de la Constitución. Actualmente, la Constitución venezolana garantiza a los padres el derecho a elegir el número de hijos que desean tener, pero considera que la vida comienza en el momento de la concepción.
La Dra. Asia Villegas, miembro del Comité de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará para erradicar la violencia contra la mujer, sostiene que la caracterización del aborto como un delito incluido en el Código Penal castiga a las mujeres más vulnerables. Por el contrario, señala Villegas, las sanciones deben aplicarse a las causas de los abortos clandestinos o a las condiciones precarias que a largo plazo pueden tener consecuencias para la salud y provocar la muerte, especialmente entre las mujeres pobres. Aunque en diciembre se celebrará un referéndum para aprobar una serie de reformas a la Constitución, hasta los momentos las propuestas para despenalizar el aborto no se han tenido en cuenta.
En Venezuela no existen estadísticas definitivas sobre las muertes ocasionadas por los abortos ilegales, porque generalmente se registran como muertes por otras causas. Fuentes hospitalarias citadas por la coalición calculan que alrededor de una tercera parte de las muertes de muchachas entre 15 y 19 años pueden atribuirse a abortos realizados en condiciones de riesgo. «Los abortos inseguros provocan hemorragias profusas y muchas mujeres han muerto desangradas en mis manos,» dice el Dr. Alberto Waithe, ginecólogo y especialista en salud pública de la ciudad de Mérida.
A pesar de la importante inversión en servicios de salud básicos efectuada por el gobierno de Chávez y las mejoras en muchos indicadores de salud, el índice de mortalidad materna (96 por 100.000 nacidos vivos en el año 2000, mientras que el índice de mortalidad de la mujer en edad reproductiva es de 27 por mil) no ha sufrido grandes cambios. Para el Dr. Waithe esto sugiere que «estamos haciendo algo mal y algo debe cambiar, los médicos deben abrir sus mentes.»
Para Ana Belén Jarra, integrante del colectivo feminista Pachamama, el papel de los movimientos sociales es presionar al gobierno para que proteja los derechos reproductivos y la salud pública En sus palabras, «es una deuda histórica con las mujeres, pero es necesario aumentar la conciencia entre las comunidades y los políticos.» El día del acto, Juramis Varela se disfrazó de cura embarazado para transmitir el mensaje de que «el cuerpo de la mujer no le pertenece al estado, a su pareja, ni mucho menos a la iglesia, por lo que la decisión es suya.»
A pesar de todo, el aborto sigue siendo un tema tabú en buena parte de América Latina. «Debemos comenzar a hablar del aborto en primera persona», declaró Diluvina Cabello, la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela que recibió las propuestas de reforma constitucional. Al relatar la historia de su propio aborto clandestino a la edad de 17 años, señala que sólo haciendo que el aborto seguro sea una prioridad de salud pública será posible detener las «demasiadas muertes de nuestras hijas.»
Fuente: http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=20&ItemID=14004
Sobre la autora:
Jen Peirce es estudiante de posgrado en desarrollo internacional y actualmente investiga la igualdad de géneros y los movimientos sociales en Venezuela. Jen ha trabajado con organizaciones comunitarias que promueven los derechos de la mujer en Nicaragua, El Salvador, Gambia y Halifax.
Chelo Ramos es miembro de Cubadebate , Rebelión y Tlaxcala , la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y la fuente.