A finales de diciembre, Cristina Narbona se reunió con la asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) con el fin de paralizar la ejecución de una sentencia del Supremo que obliga al Estado a derribar la recientemente inaugurada depuradora de la cuenca del Saja-Besaya. Los ecologistas, aunque serán «muy […]
A finales de diciembre, Cristina Narbona se reunió con la asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) con el fin de paralizar la ejecución de una sentencia del Supremo que obliga al Estado a derribar la recientemente inaugurada depuradora de la cuenca del Saja-Besaya. Los ecologistas, aunque serán «muy flexibles» en los plazos, consideran «incuestionable» la demolición de la estación así como la recuperación de la marisma y exigen la presentación de un proyecto alternativo antes de que finalice 2006.
Resulta poco común que una Ministra de Medio Ambiente convoque a una organización ecologista de ámbito regional a una reunión en Madrid. También es poco común que los conservacionistas se opongan a una depuradora que utiliza procedimientos orgánicos. Pero en este caso pocas cosas son comunes, empezando por el carácter de la Asociación para la defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que con 22 años de experiencia y numerosas resoluciones judiciales de paralización y derribo de obras en su haber, se ha convertido en una auténtica ‘bestia negra’ para los constructores de una comunidad donde el negocio del ladrillo corre parejo al poder político.
Según Gonzalo Canales, Presidente de ARCA, la planta de Cortiguera (también llamada de Vuelta Ostrera), pieza clave del Plan de Saneamiento de la cuenca de los ríos Saja y Besaya, se salta parte de la legislación local, autonómica, estatal y europea, pero «nosotros nos centramos en el incumplimiento de la Ley de Costas porque sabíamos que por ahí íbamos a ganar». La depuradora se levanta sobre 87.450 metros cuadrados de las marismas de la Junquera, una zona de protección especial calificada como «dominio público marítimo-terrestre», algo que ARCA ya advirtió cuando se iniciaron las obras, a través de sendas actas notariales que verificaban la inundación periódica de los terrenos. Esto provocó la paralización de los trabajos de relleno durante ocho meses, hasta que el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2001 retiró la protección al calificar el lugar como reserva del Estado, un cambio que los ecologistas denunciaron ante el Supremo.
Finalmente, el alto tribunal emitió en noviembre la sentencia histórica, declarando nulo el acuerdo gubernamental y ordenando la demolición de una instalación que ha costado al erario público 26 millones de euros.
Haciendo suyos los argumentos de ARCA, el Supremo sostiene que el acuerdo gubernamental no respeta la «exigencia impuesta por el artículo 32.1 de la Ley de Costas, referida a que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación». En el origen del proyecto, junto al emplazamiento actual se presentaron tres lugares alternativos a tan sólo 500, 1.300 y 3.500 metros de distancia de éste, pero Medio Ambiente escogió el único calificado de «dominio público» y de gran riqueza ecológica. ¿Por qué? La administración alega razones económicas pero, como sostiene ARCA, la de Vuelta Ostrera ni siquiera era la alternativa más barata. «Eligen la zona actual porque en ese lugar nadie va a sufrir los olores que genera la recepción de las aguas residuales, pero esto no se atreven a ponerlo en el expediente porque es muy poco científico», afirma el presidente de la entidad cántabra, que en su día presentó como enclave alternativo las canteras de Cuchía, una zona «muy degradada y con suelo de roca». «Ante esta propuesta no nos dijeron nada», continúa Canales, «porque el alcalde de Miengo tenía previsto construir en el lugar 2.000 viviendas, un aquapark y un puerto deportivo», una iniciativa «que conseguimos parar».
Contaminación encubierta
El primer proyecto incluía la limpieza separada de residuos urbanos e industriales pero cuando el PP llegó al poder, el Gobierno tuvo que modificarlo, ya que sólo iba a beneficiar a una empresa, Sniace, vulnerando las leyes europeas de libre competencia. La actual estación ha sido concebida para tratamiento exclusivo de aguas urbanas pero José L. Gil, anterior Consejero de Medio Ambiente de Cantabria, «incluyó en las obras un tubo de acero especial (que no aparece en el expediente) para arrojar los vertidos de Sniace sin depurar, tres kilómetros mar adentro», afirma Canales. «Así», concluye, «permiten que Sniace tire su mierda al mar sin que se vea y encima le dan 1.000 litros por segundo de agua reciclada para sus procesos industriales».
Otro pelotazo
AZSA tenía una concesión del Estado para utilizar los terrenos hasta que su propietario, Banesto, la vendió a una ‘empresa de paja’, Torcovir, cuyo hombre en Cantabria era el constructor José Luis Ruiz Pelayo. Mario Conde se desprendió de 60 hectáreas por 20 millones de pesetas. En 1995 Ruiz Pelayo comenzó a rellenar de forma ilegal la marisma, pero en 1997 tuvo que parar porque el agua inundó las obras.