Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han convocado para el próximo 31 de mayo una jornada de huelga en el sector público de Hego Euskal Herria en defensa de «unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad». Los cuatro sindicatos han reclamado a las instituciones de la CAV y Nafarroa que no apliquen «las […]
Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han convocado para el próximo 31 de mayo una jornada de huelga en el sector público de Hego Euskal Herria en defensa de «unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad».
Los cuatro sindicatos han reclamado a las instituciones de la CAV y Nafarroa que no apliquen «las medidas de Madrid» y dejen sin efecto «las medidas restrictivas tomadas hasta ahora». «No sirve sólo realizar bonitos discursos», han advertido en una comparecencia conjunta en Bilbo.
Asimismo, han reivindicado políticas de creación de empleo y la modificación de las políticas fiscales, reforzando los servicios públicos «más necesarios que nunca».
La convocatoria afecta a los trabajadores vinculados a las administraciones autonómicas de Hego Euskal Herria, a los dependientes de la Administración española y a quienes desarrollan su labor en diputaciones y ayuntamientos, en conjunto unos 130.000 empleados, según cálculos de los convocantes.
Los representantes de los sindicatos han criticado los «duros» recortes «impuestos» a los servicios públicos y a sus trabajadores en los últimos tres años por parte de las administraciones de la CAV y Nafarroa, a las que han exigido que no apliquen las medidas de ajuste planteadas por el Gobierno español.
Los convocantes, que preparan movilizaciones previas a la jornada de huelga, han denunciado que se pretende «acabar con las condiciones de trabajo recogidas en los convenios y fruto de años de lucha» en el sector como la jornada de 35 horas semanales, además de la congelación de salarios y el cierre de las «puertas» a nuevas ofertas públicas de empleo.
Dichos sindicatos han evidenciado que a esas medidas se suman los recortes anunciados por el Gobierno español en Sanidad y Educación, que ven contrarios a «la universalidad de dichos servicios», y han reivindicado «la capacidad de negociar y decidir».