Se acaban de cumplir 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y hemos podido ver numerosos reportajes, artículos y tertulias televisivas, en las que siempre sale a relucir el mismo tema: el tratamiento de la guerra y la dictadura en la Escuela.
Según el CIS un 17% de los más jóvenes preferirían vivir en un régimen y perder derechos políticos, si su situación económica mejorara. Otra estadística señala que el 20% de los menores de 24 años piensan que la dictadura franquista fue buena o muy buena, idealizando la etapa más criminal de este país bajo el mantra “con Franco se vivía mejor”.
Con estos datos a la vista, es evidente que existe un fuerte déficit de cultura democrática y un desconocimiento preocupante sobre cuestiones básicas de lo que fue la guerra civil y la consiguiente dictadura militar de Franco. Ahora bien, ante una nueva problemática social,en la mayor parte de los medios de comunicación terminan preguntándose: “¿Cómo hemos llegado a esto?”, “hay que enseñar esto en los institutos”, “es la asignatura pendiente del sistema educativo” y afirmaciones parecidas que señalan a la Escuela como una solución en la que nadie, y mucho menos el profesorado, hubiera reparado nunca.
Quizá les hubiera bastado con leer La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares, de Enrique Javier Díez Gutiérrez (Plaza y Valdés Editores, 2020) donde analiza cómo hemos llegado a la situación actual y cómo hay, en efecto, una “asignatura pendiente” en lo que atañe al estudio de la memoria histórica y nuestro pasado más reciente. El diagnóstico es sencillo: una falta de voluntad política y una política de olvido de nuestra historia reciente sellado con la Transición que ha impedido y sigue impidiendo algo tan elemental como hacer un relato objetivo de lo que supuso el golpe de Estado, la guerra civil y los cuarenta años de dictadura que vinieron a continuación. Como afirmaría Felipe González en una entrevista en el año 2001: “nosotros decidimos no hablar del pasado”. Y así lo hicieron.
Los gobiernos socialistas de los años 80 no se atrevieron a hacer una verdadera política de reparación histórica para todas las mujeres y hombres que lucharon por la democracia en España. Su objetivo era que la memoria no sobrepasase el ámbito privado y muriese con sus protagonistas. Durante décadas, las derechas, con el beneplácito del PSOE, se convirtieron en “los amos de la memoria y los gestores del olvido”, tal y como afirma el historiador Francisco Espinosa1 Todo ello, parecía el precio a pagar para que la Transición siguiera su pacífico curso hacia la democracia. En España no se produjo ningún proceso semejante a la desnazificación que hubo en Alemania; al contrario, siempre ha habido mucha tolerancia con las muestras de adhesión al franquismo. No hay más que ver las últimas declaraciones del expresidente del gobierno José María Aznar sobre la dictadura que ningún alemán se atrevería a hacer sobre su padre nazi. Tampoco ha existido nunca un compromiso institucional serio para reparar la memoria democrática, en un país en el que todavía hay millares de desaparecidos y de familias que no saben dónde están enterrados sus allegados.
Ahora bien, la escuela no puede seguir siendo rehén del acuerdo tácito de la Transición por la desmemoria y el olvido. Cada año salen de nuestros colegios e institutos miles de estudiantes que desconocen lo más básico de nuestra historia reciente, como son los valores democráticos y de reforma que encarnó la II República, la represión franquista, la lucha por la democracia o la violencia generada por los grupos ultraderechistas durante el postfranquismo. Las investigaciones históricas del último cuarto de siglo no se han trasladado al currículo escolar, a pesar de ser un mandato tanto de la LOMLOE como de la Ley de Memoria Democrática.
Al gobierno de coalición de Pedro Sánchez le ha faltadovoluntad política y valentía para incorporar en los currículos de la nueva ley de educación, la LOMLOE, el estudio de la memoria histórica democrática, incluso como hemos dicho, para cumplir los objetivos que marcan sus propias leyes. En la actual LOMLOE, en su artículo 6, punto 6 se recoge que “las administraciones educativas revisarán periódicamente los currículos para adecuarlos a los avances de los conocimientos”. En materia de memoria democrática histórica estos avances en conocimiento son permanentes, teniendo en cuenta, como bien ha dicho el historiador Ángel Viñas, que aún tenemos archivos cerrados y víctimas en las cunetas. Al mismo tiempo, el artículo 44, en su punto 2 de la Ley de Memoria Democrática recoge que “se procederá a la actualización de los contenidos curriculares en primaria, secundaria, bachillerato y FP”. Nada de esto se está cumpliendo.
Durante la redacción de la LOMLOE se presentó en el Ministerio de Educación un Manifiesto (que recogió más de 33000 firmas) para la inclusión de la Memoria Histórica en el currículo escolar promovido por los profesores Isabel Alonso Dávila, Fernando Hernández Sánchez y Enrique Díez Gutiérrez, y firmado por numerosos colectivos memorialistas, historiadores como Paul Preston, sindicatos, profesorado, etc. En este manifiesto se instaba al Ministerio de Educación a incluir la memoria democrática en la nueva ley, atendiendo al currículo, a su organización, a la formación del profesorado y a la revisión de los libros de texto y materiales escolares. El manifiesto ha sido completamente ignorado por el Ministerio y su ministra ausente, persistiendo en lo que podríamos llamar el “memoricidio”2, pactado durante la Transición, cuyos mecanismos no se han visto contrarrestados en los años de democracia de España.
Qué reclamamos el profesorado al gobierno de coalición
Lo podemos resumir en tres ejes, tal y como se presentó en el Manifiesto citado:
1) Actualización de los contenidos tanto para ESO como Bachillerato en línea con las últimas investigaciones históricas, de forma clara y concisa, sin falsas equidistancias. Para ello es necesario tanto revisar los libros de texto como los materiales curriculares. Es necesario que se aborden “temas tabúes” como el robo de bebés y el Patronato de Protección a la Mujer, el papel de la Iglesia católica en la guerra y en la dictadura, el trabajo esclavo de los presos republicanos, la represión, los victimarios, etc.
Actualmente nos seguimos encontrando libros de texto donde se identifica la II República como causa directa de la Guerra Civil. Es más, en el decreto de bachillerato de la comunidad de Madrid para 2º de bachillerato, en el bloque dedicado a la II República, hay un tema titulado: “El Frente Popular. Desórdenes públicos. Violencia y conflictos sociales”. Evidentemente, hay un sesgo historiográfico que enlaza con los mitos franquistas identificando a la II República con el caos, la inestabilidad y la violencia, que conduciría a la guerra como un hecho inevitable. Hay suficiente material historiográfico e investigaciones históricas que permiten que a nivel académico exista un amplio consenso sobre los valores democráticos de la II República plasmados en la Constitución de 1931, situando a España dentro de su contexto europeo, con la mayoría de los regímenes parlamentarios del periodo de entreguerras, derrotados a causa del ascenso de los fascismos. Pero al no trasladarse esto al currículo, seguimos encontrándonos con libros de texto en los que la II República se presenta como un período convulso, que pasa “del entusiasmo popular y las buenas intenciones a la radicalización y enfrentamiento fratricida”, como si se tratase de un callejón sin salida que no podía tener más que soluciones violentas.3 El borrado de la memoria republicana ha sido de tal magnitud, que por ejemplo, en el preámbulo de la actual Constitución española no hay ni una mención a la democracia y a la Constitución de 1931 como su precedente directo.
2) Extensión y orden de los temarios.
Es necesario un cambio en el orden de los contenidos de Historia en Bachillerato, de manera que en 1º de Bachillerato se dedique al estudio de lo que historiador británico Eric Hobsbawm denominaba el “largo siglo XIX” desde la Revolución Francesa a la 1ª Guerra Mundial y en 2º de Bachillerato se estudiara el “corto siglo XX” desde el periodo Entreguerras hasta la actualidad. Estos cambios nos permitirían poner fin a la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos diferentes de Bachillerato (una anomalía que no se produce en el resto de Europa) y se podría insertar la Historia contemporánea de España en la del mundo. Esta ordenación no solo es más lógica desde el punto de vista pedagógico, sino que permitiría contextualizar la crisis de las democracias europeas y el auge de los fascismos, con su intervención y ayuda para que Franco ganase la guerra, haciendo girar la historia de España hacia el fascismo. Además, el estudio de la II República, la Guerra de España y la dictadura no quedarían desplazados al final del curso, ocupando una parte central del temario y permitiendo un análisis crítico y profundo.
Con la LOMLOE se ha producido una notable mejoría en la organización curricular y extensión en los cursos de tercero y cuarto de la ESO, puesto que, a partir de los saberes básicos recogidos en el real decreto de enseñanzas mínimas, en la mayoría de las comunidades autónomas se dedica tercero de la ESO al estudio al siglo XIX y el siglo XX en cuarto de la ESO. Esto nos permite trabajar con más tiempo y profundidad la II República, el golpe y la guerra, la dictadura y la transición a la democracia. Cierto es que en el Real Decreto 217/2022 que desarrolla el currículo de secundaria (LOMLOE), se hace referencia en varias ocasiones a la “memoria democrática”, incluyéndola entre las competencias específicas y saberes básicos del currículo de las materias de Geografía e Historia.
Ahora bien, esta mejoría no se ha visto trasladada al temario de segundo de bachillerato, cuyo currículo fue modificado por el gobierno de Aznar pasando del estudio de los siglos XIX y XX español al estudio de toda la historia de España: desde Atapuerca hasta la España actual, pasando por la Hispania romana, la monarquía visigoda, los Reyes Católicos y un largo etcétera. Un planteamiento curricular decimonónico que no permite analizar con profundidad los acontecimientos más recientes que marcan nuestro presente, y en el que, además, el reparto del tiempo dedicado al siglo XX es totalmente desequilibrado, dedicando menos tiempo a lo más cercano a nosotros. En resumen, unos contenidos curriculares diseñados para que jamás se pueda estudiar con tiempo suficiente la II República, el golpe, la guerra, la dictadura y la transición a la democracia; temas relegados al final de un temario inabarcable que no dará tiempo a estudiar o por el que se pasará de puntillas. Y todo esto en un curso como segundo de bachillerato cuyo ritmo viene condicionado por la prueba de acceso a la universidad. No se entiende por qué el actual gobierno no modificó semejante disparate curricular. Bueno, en verdad no se entiende por qué ya no se modificó durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y por cierto, que en varias ocasiones hemos escuchado al secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez asegurar que el currículo de 2º de bachillerato ha modificado ese planteamiento temporal decimonónico, pero no es verdad. El Real Decreto de la Historia de España de 2º de Bachillerato deja abierta la puerta para introducir ese repaso histórico, esas cuestiones cortas, de manera, que si el secretario de Estado se molestara en mirar los decretos de cada comunidad, podría ver que la mayoría de las comunidades mantienen el “currículo Aznar”.
3) Formar al profesorado.
El último eje que se recoge en el mencionado Manifiesto hace referencia a la formación «inicial y permanente» del profesorado en relación a la «actualización científica, didáctica y pedagógica».
Actualmente no podemos estar más lejos de esta realidad. Ya son varias las comunidades autónomas que han prohibido cursos de formación del profesorado en materia de memoria histórica alegando que quieren mantener “la política” lejos de las aulas. En la Comunidad de Madrid, el curso coordinado por el profesor Sergio Riesco (UCM) titulado “Abordar el franquismo y la memoria democrática en las aulas” ha sido cancelado por la Consejería de Educación y lo mismo en la Comunidad de Valencia alegando “sesgos políticos”.
Por la mismas fechas, el gobierno anunció que se van a ampliar los cursos de memoria histórica tras las restricciones impuestas por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Quizá sea más fácil obligarlos a cumplir la Ley de Memoria Democrática.
En resumen, que entre los que cuando gobiernan no se atreven, no quieren o no está entre sus prioridades y los que sí tienen claro que defienden una ideología que no ha condenado la dictadura, la memoria democrática queda en los márgenes de la escuela.
Por esta razón, es imprescindible que en el profesorado creemos Redes de aprendizaje y de estudio. En este sentido, el Instituto Navarro de la Memoria y RedMemoria están haciendo un magnífico trabajo.
Desde el Instituto Navarro de la Memoria, además de las actividades que se hacen con el alumnado dentro del proyecto Escuelas con Memoria, llevan dos años celebrando un Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación, con el doble objetivo de garantizar la transmisión de la memoria democrática de nuestro pasado reciente traumático a las generaciones más jóvenes en el ámbito educativo y crear un espacio de debate y coordinación entre un gran número de docentes y centros educativos del país.
En esta línea, el pasado mes de octubre se celebró en Pamplona el primer Encuentro RedMemoria, iniciativa que integra a varios centenares de docentes a nivel estatal comprometidos con el trabajo en memoria democrática. Así, profesores y alumnos de 22 institutos se dieron cita en Iruñea a fin de trabajar en la consecución de un programa muy ambicioso: por un lado, visitar el Fuerte de San Cristóbal y recorrer un tramo del itinerario que siguieron los presos políticos fugados del Fuerte el 22 de mayo de 1938; conocer el trabajo de fortificación en la frontera pirenaica a cargo de batallones disciplinarios integrados por presos políticos y por otro, generar un intercambio de buenas prácticas en materia de memoria democrática, exponer experiencias de proyectos en el aula por parte del alumnado y comenzar a trabajar en el III Congreso Internacional Historia con memoria en la Educación, programado para el noviembre del año 2026.
A pesar del diagnóstico realizado en los medios de comunicación achacando estos males a la escuela y su profesorado, son numerosas y valiosas las iniciativas surgidas desde los mismos, forjándose redes de centros y profesorado que entienden la memoria democrática como un eje en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido destaca el proyecto “Compartiendo espacios de memoria” que integran el IES Montes Orientales (Iznalloz, Granada) y el IES La Cabrera (La Cabrera, Comunidad de Madrid) dentro del programa Agrupaciones Educativas del Ministerio de Educación. A través del mismo estudian in situ lugares de memoria como el barranco de Víznar o el destacamento penal de Bustarviejo e incorporan al trabajo en el aula el análisis crítico de fuentes primarias como expedientes de fuga, sumarísimos o expedientes de depuración.
En conclusión, la Escuela debe estar comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos,y en la formación de una ciudadanía crítica, y por ello es imprescindible la inclusión de la Memoria Democrática en los currículo y la implicación del Ministerio de Educación en dicha tarea. Porque lo que sí podemos tener claro, es que tanto el PP como Vox sí saben cual es su agenda en la guerra cultural y en la batalla de la educación, derogando las leyes de memoria democrática para sustituirlas por otras de “concordia”, que reinciden en el olvido.
Notas:
1 Francisco Espinosa Maestre, Lucha de historias, lucha de memorias, Aconcagua Libros, 2015.
2 Cfr. Enrique Javier Díez Gutiérrez, La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares (Plaza y Valdés Editores, 2020)
3 Ariel Jerez y Emilio Silva (eds.), Políticas de memoria y construcción de ciudadanía, Postmetrópolis Editorial, 2015, páginas 160-165.
Silvia Casado Arenas y Guillermo García Llorente. Profesores de instituto en la Comunidad de Madrid y miembros de RedMemoria.
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