La polémica compañia australiana ETM, protagonista del convulso proyecto de Kvanefjeld (Groenlandia), tras los planes extractivistas de Villasrubias y El Payo (Castilla y León ) y Salvaleón, en la extremeña Sierra de Gata.
El 27 de diciembre de 2018 fue
publicado en el Boletín oficial de Castilla y León el anuncio del
Servicio Territorial de Economía de Salamanca, relativo a la admisión
definitiva a trámite de la solicitud del otorgamiento, información
pública relativa al proyecto de investigación y plan de restauración
del permiso de investigación denominado “Villasrubias”,
con 42 cuadrículas mineras, para la extracción de estaño, litio,
tántalo y niobio en los municipios de Peñaparda, Fuenteguinaldo,
Robleda y Villasrubias de la provincia de Salamanca. Un
proyecto extractivo inserto de lleno en zona Red Natura 2000 (el 100%
de lo afectado en Salamanca está bajo esa fórmula de protección) y que
ha concedido sin problema aparente por la Junta de Castilla y León.
En
este anuncio aparece como propietaria de los derechos la Sociedad de
Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A., con
Expediente de Minas número 191/17. No obstante, en la actualidad, en el
catastro figura como Technology Metals Europe,
de la cual la australiana Energy Transition Minerals adquirió en su
día el 51% de las acciones. Por su parte, Energy Transition Minerals,
según consta en el “Iberian Sustanaible Mining Cluster”, pertenece a
Welsbach Holding Group, una empresa con base en Singapur y Delaware.
Su supuesto propósito sería aportar fondos en proyectos que contribuyan
a la reducción de emisiones de carbono, pues se declara “centrada
en proporcionar capital social y financiero directo para apoyar la
transición energética, mediante el despliegue de fondos y experiencia en
empresas que contribuyen a la reducción de las emisiones de carbono,
directa e indirectamente. Technology Metals Europe es actualmente
propietaria de Villasrubias Lithium Project, un proyecto ubicado en la
esquina suroeste de la provincia de Salamanca, España”
Ya que Energy Transition Minerals posee el 51% de las acciones de Villasrubias, es interesante conocer sus antecedentes y cuál es su forma de proceder tanto desde el punto de vista minero como del medioambiental, aspectos de difícil disociación en esta industria.
La cuestión de la promoción de los derechos mineros y de las empresas mineras implica un riesgo evidente para las instituciones, habida cuenta de que es un entorno propicio para la búsqueda de dinero fácil y de subvenciones, todo ello recubierto de una falsa pátina de sostenibilidad. En este sentido, queda por ver si Extremadura va a seguir con “Salvaleón” (que afecta los términos municipales cacereños de Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, además de los salmantinos de Navafrias y El Payo) la forma de proceder de la Junta de Castilla y León, de evidente laxitud y que, por otro lado, no cumple la obligación del artículo 70.2 del RD 2857/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Minas: “2. Admitida definitivamente la solicitud (del permiso de investigación), se abrirá un período de información pública, enviando la Delegación los correspondientes anuncios para inserción de la solicitud en el «Boletín Oficial del Estado» y en los de la provincia o provincias afectadas.
La Delegación Provincial remitirá igualmente a los Alcaldes de los términos municipales afectados edictos para su fijación al público, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento respectivo con el fin de que cuantos tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince días a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Pasado este plazo, no se admitirá oposición alguna”.
Junto a Villasrubias, el otro proyecto que aparece en la web de
Energy Transition Minerals es Kvanefjeld en el sur de Groenlandia.
Durante muchos años su nombre allí ha sido Greenland Minerals Limited
(GMEL), y cuando obtuvo la licencia lo hizo a través de la subsidiaria
Greenland Minerals and Energy A/S (GME). La práctica de cambio
nominativo de titulares es frecuente en este entorno industrial y
siempre ha recibido la sospecha de que su propósito fuera opacar
procedimientos poco claros, ocultar redes de cooperación empresarial y
diluir posibles responsabilidades en tramas de confusas titularidades.
Tanto es así que, como más adelante quedará explicado, uno de los
prospectores australianos que trabaja en Energy Transition Minerals
(ETM) tiene como apodo “Mick Many Names” en la prensa de su país.
Lo sucedido en el proyecto minero de Kvanefjeld en Groenlandia, con funcionarios implicados en prácticas poco ortodoxas, falta de transparencia, puertas giratorias y corrupción, muestra el talante de una empresa implicada directamente, por ahora, en Villasrubias, pero también en otros proyectos en ciernes.
El antecedente groenlandés
La reacción social en uno de los asentamientos más importantes del sur de Groenlandia (Narsaq, 12.000 habitantes) fue la clave en la paralización del proyecto minero Kvanefjeld, que pretendía explotar tierras raras y otros minerales radioactivos como el torio y el uranio en una de las mayores reservas conocidas hasta la fecha. Tras su triunfo en las elecciones de 2021, el nuevo Gobierno autónomo de la isla, comandado por el partido Inuit Ataqatigiit (IA), paralizó los planes de la minera aprobando una nueva ley que prohíbe la exploración de yacimientos con una concentración de uranio superior a 100 partes por millón (ppm), algo que afecta incluso a los enclaves considerados de bajo rendimiento y que impide, de facto, el desarrollo del proyecto Kvanefjeld. La nueva norma incluye en su prohibición la exploración de otros minerales radioactivos como el torio.
Un estudio sociológico señalaba cómo, a medida que se iban conociendo datos objetivos del proyecto, aumentaba en la zona la insatisfacción con el mismo. En el mismo sentido, un informe de expertos publicado al respecto por las ONG groenlandesas y danesas concluía, en 2017, que la primera mina de uranio a cielo abierto ubicada en la cima de una montaña del Ártico no era ambientalmente sostenible y amenazaba la salud de la población local. La resistencia aumentó significativamente cuando se reveló la escala de la mina en estudios de impacto ambiental y social.
Para contrarrestar la oposición a sus planes, la empresa minera llevó a cabo, en las semanas previas a las elecciones de 2021, una campaña sin precedentes en Groenlandia, con anuncios diarios en los medios de comunicación que anunciaban una contribución al fisco de 245 millones en impuestos, regalías económicas y la creación de 330 empleos locales. En ese ambiente, una encuesta de aquel momento estimaba que, si bien el 52% de la población estaba a favor de la minería, el 71% se oponía a esta explotación en concreto, incrementándose hasta el 86% si se preguntaba en la zona de localización del proyecto.
El partido gobernante antes de las elecciones ―el Siumut, que había dado la aprobación a la mina― recibió el 29% de los votos y perdió el gobierno. El nuevo ejecutivo procedió entonces a la prohibición de la minería de uranio, como ya era norma antes de 2013. Otra empresa con concesiones de exploración de minería de uranio en Groenlandia, la francesa Orano, anunció que respetaría la decisión política de Groenlandia, pero el director general de GML (ahora ETM), John Mair afirmó que dado que habían invertido 14 años y varios cientos de millones de coronas danesas desarrollando un proyecto minero de clase mundial, iban a recurrir al Tribunal de Arbitraje danés. El importe de la demanda interpuesta por parte de la compañía minera contra los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca, haciéndolos responsable de la paralización de su plan extractivista, alcanza la desorbitada cifra de 11.500 millones de dólares. Como queda explicado por GML, “el 19 de julio de 2023, Greenland Minerals A/S (GM), filial al 100% de Energy Transition Minerals (ETM), presentó su escrito de demanda en su arbitraje contra el Gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut) y el Gobierno del Reino de Dinamarca (conjuntamente, los demandados o los dos Gobiernos)… Apoyándose en pruebas periciales independientes, GM cuantifica provisionalmente su reclamación por daños y perjuicios en 7.500 millones de USD, más 4.000 millones de USD en concepto de intereses previos al laudo al tipo prescrito por la legislación danesa”.
En declaraciones para Mongabay,
el activista danés Niels Henrik Hooge, que ha seguido el proyecto
Kvanefjeld durante más de una década, señala que, pese a ser una
empresa junior, GML ha supuesto un gran impacto en la situación
política de Groenlandia. Hooge, de Amigos de la Tierra en Dinamarca,
señala que GML influyó para que en 2013 se anulara la prohibición de
extraer uranio en Groenlandia. Sostiene, además, que el hecho de que
Groenlandia no firmara acuerdos internacionales de transparencia y
anticorrupción permitió los “problemáticos” nombramientos en la junta
directiva del GML, tanto del ex primer ministro de Groenlandia, Lars-Emil Johansen, como de los ex jefes de la Autoridad de Recursos Minerales, Hans Kristian Schønwandt y Jørn Skov Nielsen.
J.S. Nielsen, considerado el funcionario de mayor rango de
Groenlandia, asumió el cargo de director general de la filial de GML en
Groenlandia en julio de 2020,
apenas un mes después de dejar su puesto de una década en el gobierno,
y fue recompensado con un gran paquete de acciones de GML.
Hooge afirma que en todo el sector minero de Groenlandia faltan estándares de referencia de integridad, transparencia y participación pública y, hasta la fecha, la Autoridad de Recursos Minerales del país ha estado demasiado ansiosa por establecer relaciones amigables con la minería de Groenlandia. De hecho, se admitían grandes contradicciones por parte de GML; por ejemplo, su definición como un proyecto verde cuando, en realidad, iba a suponer un aumento de las emisiones de CO2 de Groenlandia en un 45% anual.
En general, se puede afirmar que las empresas que hacen cola para minar en Groenlandia no se caracterizan por un gran compromiso con un mundo sostenible. Según Mongabay, GML está actualmente vinculada a una red de empresas que en el pasado han defendido intereses en el mundo del petróleo, el gas y el extractivismo a cielo abierto. De acuerdo con Hooge, habría 90 megaproyectos mineros activos en Groenlandia, cubriendo miles de kilómetros cuadrados e incluyendo el único parque nacional del país.
La ministra de minería salida del nuevo gobierno de 2021, Naaja Nathanielsen, declaró en julio de ese año que, con la legislación vigente en ese momento, no se podía detener el proceso de consulta pública, que se prorrogaría hasta septiembre de 2021. No obstante, con fecha de 5 de julio de ese año se publicó un proyecto de Ley estableciendo un límite superior de 100 ppm de uranio, que intentaba impedir que la mina de Kvanefjeld saliera adelante. Hay que señalar, llegados a este punto, que el proyecto tiene una ley mineral promedio de casi 300 ppm de uranio y aproximadamente 800 ppm de torio.
Entre los observadores internacionales que siguen de cerca la situación se encuentra el Instituto de Política Minera (MPI) con sede en Australia, que tiene vínculos con ONGs en Dinamarca y Groenlandia. Lian Sinclair, miembro de la Junta directiva de MPI, asistió a la Asamblea anual de Greenland Minerals donde puso de manifiesto su preocupación frente al hecho de que la empresa intentara socavar el mandato democrático. Como ONG australiana manifestó su desacuerdo con el proceder de la compañía, actuando a puerta cerrada y con su intención de demandar al Gobierno. Y es que, incluso aunque GML buscase una oportunidad de reformular su proyecto como una operación libre de uranio o de negociar un nivel más bajo de extracción, la naturaleza del yacimiento y el polvo y los desechos radiactivos que se producirían seguirían siendo un riesgo inaceptable. En el contexto, además, de que se está hablando de una explotación que, además, ha sido rechazada por los votantes de Groenlandia.
Curiosamente, Kim Nielsen, que fue primer ministro por el partido Siumut hasta el 23 de abril de 2021, cuando perdió las elecciones, tuvo que intervenir en 2019 en el conflicto entre GML y la EAMRA (Environmental Agency for Mineral Resource Activities) por el desacato de Greenland Minerals Ltd. a una serie de requerimientos de EAMRA para aportar más información del proyecto Kvanefjeld, ya que se iban a extraer materiales radiactivos y era necesario almacenar sus relaves a largo plazo, en cumplimiento del acuerdo firmado por Groenlandia sobre gestión de desechos radiactivos procedentes de la extracción y tratamiento de minerales del Organismo Internacional de la Energía Atómica. En este sentido, la EAMRA afirmaba que, de acuerdo con el procedimiento internacionalmente reconocido, lo apropiado sería depositar los residuos radiactivos en tierra, mientras que el plan de GML era depositar los relaves radiactivos en el lago Taseq, por lo que se requerían más datos y explicaciones de dicha solución adoptada por GML.
En su escrito en esta mediación, el anterior primer ministro, Kim Nielsen, ordenaba a GML cumplir los requerimientos que le pedía la EAMRA. Todo ello en base a que dicho organismo es una autoridad establecida por la Ley de Recursos Minerales, con competencias para administrar y hacer cumplir las reglas de protección del medio ambiente en las actividades de investigación y extracción mineras y, por tanto, debe asegurar que las buenas prácticas internacionales sean observadas. El escrito del Primer ministro suponía una importante llamada de atención a la actitud de GML con respecto a las exigencias de cumplimiento con la legalidad medioambiental y la normativa de la administración minera.
Tanto Amigos de la Tierra como el partido Inuit Ataqatigiit han pedido, además, una investigación sobre la empresa GML ―ahora EML― tras conocerse que los medios de comunicación australianos planteaban serias dudas sobre la integridad de los propietarios y las conexiones entre los mismos.
Echando un poco la vista atrás, y deteniéndonos en las responsabilidades políticas, hay que recordar que fue en 2013, con la antepenúltima primera ministra groenlandesa, Aleqa Hammond, cuando se retiró la prohibición de extraer materiales radiactivos, mantenida durante 25 años. Hamond declaró al respecto: “simplemente me negué a convertirnos en víctimas del cambio climático”.
Fue ese fin de la moratoria el que atrajo el interés de empresas de todo el mundo, incluso de China, en busca de tierras raras y uranio y fue entonces cuando GMEL (Greenland Minerals and Energy Limited) dio un paso adelante con Kvanefjeld y sus reservas de uranio, fluoruro, torio y tierras raras.
Las ONG, mientras tanto, se opusieron desde el principio, como la danesa The Ecological Council, que denunció los riesgos para los habitantes de Narsaq, y muchos ciudadanos manifestaron incluso en la BBC su preocupación por las amenazas a su salud si GMEL seguía con sus planes. Por su parte, los grupos verdes daneses señalaban, inicialmente, que las tierras raras podían separarse del uranio y que no era necesario retirar la prohibición. Pero, rápidamente, la discusión dejó de girar acerca de minerales y pasó a poner en el centro las actividades de los propietarios de las compañías cuando una diputada del parlamento de Groenlandia remitió un escrito al ministro de Industria y Minería, refiriéndose a noticias australianas de 2009, en las que se señalaba la relación de GMEL con el asesor minero conocido como “Mick Many Names” (Mihran Shemesian), el cual controlaba más del 20% de GMEL y que, trabajando para otra empresa, habría comprado derechos mineros a los rebeldes somalíes en ese territorio. La respuesta del ministro fue que se desconocían los hechos y que la empresa no tenía licencia para exploración, por lo que no había de qué preocuparse. Sin embargo, la verdad es que GMEL sí tenía la licencia, a través de la empresa subsidiaria Greenland Minerals and Energy A/S (GME).
Cabe
concluir, a la vista de lo sucedido en Groenlandia con ETM y su
proyecto Kvanefjeld (que aparece en su web junto con el de Villasrubias)
no presenta unas buenas credenciales (para tanta confianza como le es
institucionalmente ofrecida).
La misma empresa llega a Castilla y León y Extremadura
Energy Transition Minerals, a través de Technology Metals Europe (su socio en España), se ha hecho presente con la solicitud de cuatro nuevas licencias de exploración y/o investigación de litio, estaño, tántalo y tungsteno en las provincias de Salamanca y Cáceres, denominadas “Aldeadávila”, “Hinojosa”, “El Payo” y “Salvaleón”. ETM España será titular de los permisos, cada uno de ellos con prioridad y exclusividad durante tres años y abarcando un total de 177,3 km2.
Una vez concedida, Energy Transition Minerals tendrá la mayor área de licencia de exploración de litio de Europa. El 14 de julio de 2022, la empresa anunció que había firmado un acuerdo vinculante con Technology Metals Europe SL (TME. SL), y su único accionista, Welsbach Holdings Pte Ltd., por el 51% de las acciones. Energy Transition Minerals (la anterior Greenland Minerals), aún no es propietaria de Villasrubias, pero puede serlo en 2025. Por su parte, ETM no oculta que Technology Metals Europe es su socio en Europa y que a través de este tienen solicitados los permisos de investigación de Aldeadávila, Hinojosa, El Payo y Salvaleón.
El contencioso desatado en Groenlandia por los intereses de Energy Transition Minerals es de tal envergadura ―con afecciones a los buenos usos democráticos, sobre los que ha arrojado no pocas sombras― que es fácil de entender que provoque una profunda reflexión pensando en su aparición en el escenario minero español. Un caso de tal gravedad alimenta el importante debate sobre la legislación minera, sobre la gestión de derechos subterráneos, de supuestos intereses generales, que producen el choque de una empresa con una “comunidad autónoma” (Groenlandia) y un país (Dinamarca). Paralelamente a la cuestión, una constante del negocio extractivista: funcionarios corruptos, puertas giratorias, dinero “facilitador” en metálico o en especie. Las cuestiones que la ciudadanía se plantea, aquí y ahora: ¿en manos de quiénes nos ponemos?, ¿a quienes subvencionamos?, ¿por qué promocionamos el dinero fácil?