La Monarquía es, antes que nada, un poder histórico vinculado a la identidad nacional, al interés de todos.
Luis María Anson
Mientras la pandemia se propaga por el cuerpo social -y los súbditos del Reino de España permanecemos confinados, hospitalizados o muriendo- el rey Felipe VI, un año después de haber tenido conocimiento, según afirma, del presunto delito de ocultación de capitales de su padre el rey Juan Carlos I, decide una confesión en toda regla -cuando este asunto ya era de dominio público- mediante un comunicado en la noche del pasado domingo 15 de marzo.
Lo hizo, pues, en pleno shock social provocado por el coronavirus, aprovechando dolosamente la conmoción y confusión, quizás con la esperanza de que este gigantesco atraco sea asumido por el conjunto de la población como un asunto de menor importancia.
Se equivocaba.
La situación dramática de la sanidad pública, debida a los recortes y consiguiente falta de recursos -UCI, camas de hospitales, respiradores, trajes protectores, mascarillas o test de contagio- está obligando a los médicos a tener que elegir entre pacientes, dejando morir por falta de medios a los que estiman que tienen menor esperanza de vida. Una decisión trágica que, pese a la entrega desinteresada y heroica del personal sanitario, pesará sobre sus conciencias, abrumadas y agotadas por el esfuerzo cotidiano. La impotencia y desesperación que esta situación está generando tendrá sus consecuencias en la vida pública
La pandemia esta provocando simultáneamente graves daños en la actividad productiva, en el empleo y la economía. Está gestándose, pues, una gigantesca crisis que se abatirá sobre la economía globalizada. El pueblo llano volverá a sentir la dentellada del capital, mientras los cortesanos de las finanzas, amigos del rey, seguirán acumulando riquezas a costa del sufrimiento de la mayoría
El burdo mensaje de Felipe VI a la nación, tres días después del comunicado de la Zarzuela, sin que el monarca haya hecho la menor mención del latrocinio real, está levantado un sunami de indignación que acabará llevándose por delante este retablo de las maravillas, en el que ya no creen ni sus más fanáticos defensores.
En primer lugar, el rey Felipe VI ha incurrido, como mínimo, en un presunto delito de encubrimiento, al no poner oficialmente en conocimiento de las autoridades judiciales una evasión y blanqueo de capitales de proporciones gigantescas, producto de una cascada de corrupciones de altos vuelos, que vienen produciéndose desde los primeros años de la Transición.
En segundo lugar, organizó hace un año, según confiesa, una mascarada notarial para intentar cubrirse las espaldas, a sabiendas de que su presunta renuncia a los millones de euros robados, tan necesarios en estos momentos para atender la grave situación por la que atraviesa la sanidad pública, es un brindis al sol, sin ningún valor efectivo.
En tercero lugar, sus más fieles cortesanos de la política, desde los medios controlados por los poderes reales, continúan su campaña de acusaciones contra el Gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez, con el fin de desgastarlo, sin darse cuenta de que la caída del actual gobierno legítimo de España acabaría arrastrando con él a todo el tinglado franquista montado por la dictadura, base del poder oligárquico que sustenta la monarquía.
Sus conocidas conexiones y amistades peligrosas, como es el caso de la monarquía saudí, sanguinaria satrapía medieval, no le hacen acreedor de confianza alguna por parte de ningún Gobierno que se precie de democrático, por mucho que se esfuerce en desmarcarse de su padre, el viejo monarca Juan Carlos I, al que ha abandonado a su suerte.
Por todo lo anterior, es previsible que un pueblo tan castigado por las clases dominantes, consciente de la grave situación por la que atraviesa, acabe exigiendo el fin de la monarquía. Sus representantes electos habrán de proclamar, más pronto que tarde, la República, decretando una ley electoral justa y la amnistía general, seguida del consiguiente proceso o procesos constituyentes en libertad, sin los chantajes militares consabidos.
Se abriría de este modo un esperanzador periodo de reconstrucción nacional, democrático y patriótico, tras la superación de la pandemia, en la que toda la ciudadanía sería llamada a participar en unas elecciones constituyentes, convocadas por un gobierno provisional de salvación nacional -consensuado, de base amplia, que habría de excluir y condenar sin paliativos el franquismo y su monarquía- derogando la nociva legislación franquista, incluida su falsa ley de amnistía, con el reconocimiento expreso del derecho a la soberanía de las naciones históricas de nuestra vieja patria. Así de claro.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada (R), fue miembro de la UMD