La PAH señala la medida aprobada por el Gobierno sólo ha conseguido detener alrededor de 10.000 de las 120.682 ejecuciones hipotecarias de los últimos dos años.
«Dos años después, las familias que solicitaron la moratoria siguen sin soluciones y con una deuda mayor«, denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en relación al Real Decreto-Ley de noviembre de 2012.
La medida, una de las anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría entre lágrimas tras el suicidio de Amaia Egaña momentos antes de que una comisión judicial le fuese a entregar la orden de desalojo de su piso en Barakaldo (Vizcaya), daba un plazo de dos años en el pago de la hipoteca. Sin embargo, esta medida sólo estaba dirigida a hogares con ingresos que no sobrepasaran tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) -19.200 euros al año- cuando la hipoteca suponga más de la mitad de sus ingresos y sólo en el caso en los que el afectado no tenga vivienda en propiedad, sea familia monoparental con dos hijos a su cargo o más, o en la que algunos de los miembros tenga una discapacidad de al menos el 33%, que se encuentren sin trabajo y sin acceso a prestación o sea víctima de violencia de género. Una serie de condiciones que, según señalan desde la PAH, ha dejado fuera al 92% de las familias afectadas: sólo el 8% de las 120.682 desahucios de los últimos dos años.
«Desde la PAH ya advertimos en su momento que esta moratoria parcial no sólo no iba a resolver el problema de los desahucios, sino que incluso podía empeorarlo», afirman desde la PAH, colectivo que señala que la medida ha sido sólo «un parche de cara a la galería» y que, tras los dos años de moratoria, las familias se han encontrado sin soluciones ante su problema de vivienda.
La plataforma subraya también que el fondo de vivienda social anunciado junto a la moratoria de los desahucios ha dado acceso a alquileres sociales a menos de 1.500 familias. «Si volvemos a los datos de los desahucios, ¿qué ha pasado con las otras 100.000 familias?», se preguntan desde la PAH.
En mayo, la campaña Obra Social de la PAH ya había contado a más de 1.200 personas realojadas. «Nos hemos visto obligados a recuperar pisos y edificios vacíos ante la desidia de la Administración pública«, explican desde la plataforma, que subraya la urgencia de la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social impulsada por la PAH y apoyada por cerca de un millón y medio de personas.
Desde la plataforma advierten de que las ejecuciones hipotecarias siguen aumentando y los datos del Consejo General del Poder Judicial del 2º trimestre las cifraba en 21.178, un 4,2% más que en le mismo periodo de 2013.