El apoyo y la movilización de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Valencia impidieron el 3 de noviembre que se produjera el desahucio de Carmen, de 87 años, residente en el barrio de Patraix de la capital valenciana.
Desde la semana anterior el colectivo antidesahucios había convocado en las redes sociales a la resistencia frente al domicilio de esta vecina, el miércoles a partir de las 10,45 horas, en la calle Jerónimo Muñoz nº5. Finalmente no se produjo el desalojo, que ya fue paralizado el pasado 21 de septiembre.
En un “inaudito procedimiento de ejecución provisional”, el juzgado “ordena de nuevo el lanzamiento de Carmen (…), increíble teniendo certificado de vulnerabilidad y sin alternativa residencial”, afirmaba la convocatoria.
Cerca de 60 activistas se concentraron –en la fecha y hora anunciadas- junto a la vivienda en la que reside Carmen, un piso de alquiler de renta antigua. Allí vive sola, se encuentra enferma (afecciones pulmonares) y fue recientemente operada de cataratas, informaron fuentes de la PAH.
Ante una previsible llegada de la comisión judicial, los concentrados mostraron carteles con el lema “Stop desahucios” y gritaron la consigna “este desahucio lo vamos a parar”. En la puerta del bloque se emplazó un dispositivo de agentes de la Policía Nacional, incluidos furgones en la zona cercana (se realizaron identificaciones previas).
Portavoces de la plataforma detallaron que el piso tiene como titular a un “gran tenedor” de viviendas, mientras que la vecina afectada no cuenta con alternativa habitacional ni tiene deuda alguna. Resaltaron, además, el trabajo de la abogada del turno de oficio; y añadieron que, paralizado el desahucio, están a la espera de que el juez comunique una nueva fecha, pero consideran que en ningún caso debería notificarse una expulsión sin que se resuelva –a mediados del presente mes- el recurso de apelación presentado en la Audiencia Provincial de Valencia.
“Entre los intereses de un gran propietario y un derecho humano, el primero es el que está prevaleciendo; la vivienda es una cuestión de derechos humanos y un bien básico para la ciudadanía, por lo que no debería someterse al politiqueo ni el beneficio privado”, agregaron los portavoces.
El 2 de noviembre, día anterior a la movilización que frenó la expulsión de Carmen, Orriols en Bloc informó de que los juzgados habían notificado la suspensión de otro desalojo, el de Maamar y su familia; previamente la asamblea había convocado, en las redes sociales, a paralizar este posible desahucio, en la calle San Juan de la Peña nº25 del barrio de Orriols.
Se da la circunstancia que el Gobierno de España aprobó, en Consejo de Ministros, el pasado 26 de octubre, una prórroga del denominado “Escudo social” hasta el 28 de febrero de 2022. Hasta la citada fecha se amplía, según el texto del Real Decreto-ley publicado al día siguiente en el BOE, “la posibilidad de suspensión de procedimientos de desahucios y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad”.
El Real Decreto-ley incluye, en la parte inicial, referencias a los datos de Eurostat (2019) respecto a la “sobreexposición financiera” de los inquilinos; así, en el estado español, un 37,4% de las personas que viven de alquiler (a precio de mercado) destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el arrendamiento (estos porcentajes de población son muy superiores a los de la UE). El texto legal también señala la “insuficiencia” del parque de vivienda social de las diferentes administraciones públicas.
Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó el 22 de septiembre los datos de lanzamientos (desahucios) entre abril y junio de 2021, que sumaban 11.571 (un 736,7% más que en el segundo trimestre de 2020); 8.028 de los lanzamientos (el 69,4% sobre el total) se derivaron de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 2.849 –el 24,6%- fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias; los restantes obedecieron a otros motivos.
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